¿A quién corresponde defender?
CIUDAD DE MÉXICO, 2 de julio de 2018.- La contundente victoria de Andrés Manuel López Obrador trae consigo una pesada señal de inconformidad popular contra los más relevantes abusos cometidos por el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien ha sido, sin duda, un presidente traicionado y engañado por aquellos a quienes otorgó mayor poder y confianza durante su ejercicio sexenal.
La corrupción tan ominosa que ocurrió en varias dependencias del actual régimen fue el factor clave para que la sociedad convertida en electorado emitiera un voto de castigo a la corrupción, el patrimonialismo, la frivolidad y el favoritismo que la generación del ITAM convirtió en un estilo de gobierno, sembraron entre los mexicanos una esperanza de cambio que solamente representaba Andrés Manuel López Obrador.
Mañana comentaremos en este espacio los elementos de perseverancia, olfato político y sensibilidad social que López Obrador tuvo como claves de su comunicación con los mexicanos. Porque la victoria que obtuvo el tabasqueño ayer fue una hechura política construida a través de casi veinte años de resistencia opositora a lo que el calificó como la mafia del poder.
La generación del ITAM, además de presentarle a Peña Nieto durante todo el sexenio escenarios políticos falsos, llevó su ambición al grado de disputarse entre ellos los beneficios y prebendas que se pueden obtener con un malentendido concepto del servicio público.
Ese grupo destruyó al PRI primero y después aniquiló con sus divisiones a un candidato que pudo haber dado mucho más de sí en el supuesto que se hubiera podido quietar de encima esas nefastas influencias, como fue José Antonio Meade Kuribreña.
Esa destrucción del PRI se refleja perdiendo ocho de las nueve gubernaturas que se disputaron ayer y obteniendo una magra votación que apenas alcanza el 16% convirtieron en una magra tercera fuerza política en el contexto nacional de partidos con registro.
El presidente electo, con un 53% de los votos a su favor según los conteos rápidos del INE, tiene una responsabilidad inminente de un electorado que clama justicia social y fin de la impunidad.
Le restan a López Obrador apenas cinco meses, poco más de 150 días, para realizar un ejercicio de consolidación de un plan de gobierno sin abruptas rupturas ni señales de venganza.
Así se advirtió que lo hará el virtual presidente electo cuando en su primer discurso como tal, llamó a la reconciliación nacional.
Ese mensaje no inquietó ni a los mercados, ni a los factores de la población que generan empleos y riqueza. Tampoco propuso medidas económicas radicales y comprometedoras de la estabilidad del país.
Pero fue enfático en que la corrupción será castigada como lo demanda la sociedad nacional.
Justicia a secas para aquellos que se beneficiaron de la corrupción para enriquecerse y afectar en esa forma a las finanzas nacionales.
López Obrador logró la hazaña democrática de ganar una elección al oficialismo que no supo administrar el ejercicio del poder en favor de su actuación política.
Su llamado a la reconciliación nacional lo suscribió con un apotegma juarista: nada por la fuerza, todo por la razón.