Un nuevo pacto fiscal, solidario y justo

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de mayo de 2020.- Vivimos una grave pandemia que está cambiando en lo inmediato y quizás para siempre, nuestra manera de vivir, de relacionarnos, de trabajar y que también ya deja sentir sus efectos sobre lo que será de aquí en adelante la economía, la sociedad y la política.

La ONU en un documento publicado en abril sobre la situación y perspectivas de la economía mundial señala cómo la pandemia está afectando las cadenas de suministro y comercio a nivel planetario, la afectación que el descenso en los flujos de personas está produciendo en el sector de los servicios y la contracción de la producción manufacturera a nivel mundial. No omite hacer mención de la caída de los precios del petróleo como no se había visto en décadas.

Se espera un gran impacto económico, una recesión más grave que la gran depresión de 1929 cuya profundidad dependerá de la duración del confinamiento obligado de las personas y de las respuestas de los gobiernos en los ámbitos económico y fiscal.

La misma ONU señala que las respuestas económicas y fiscales diseñada por los estados deberán priorizar el gasto en salud para minimizar la propagación de los contagios y el apoyo a las empresas activas al inicio de la pandemia y a sus trabajadores procurándoles medidas para subsistir.

De lo contrario es previsible el cierre de gran número de empresas, la afectación, primero, de los trabajadores de más bajos ingresos que son los que carecen de estabilidad y seguridad en el mercado laboral, en su mayoría trabajadores informales. Pero también se verán daños a los trabajadores formales en los sectores más afectados por las medidas contra la pandemia generándose así un círculo vicioso en el que estos trabajadores tendrán que salir a la calle a buscar el sustento, sobrevendrá un mayor riesgo sanitario y se incrementarán los efectos sobre los sistemas de salud y la economía.

México no es ajeno a esta situación, por el contrario, es altamente vulnerable y tenemos que dar ya respuesta a varias preguntas cruciales: ¿Cómo aumentar el gasto público y los fondos de emergencia sanitaria desde una perspectiva federalista? ¿Cómo ayudar, desde la misma perspectiva a empresas y hogares en esta emergencia sanitaria? ¿de qué instrumentos pueden echar mano para apoyarlos la Federación y las entidades federativas?

Tenemos que reconocer ante todo el hecho de que el actuar de la Federación ante la pandemia en materia fiscal y económica no está en sintonía con las recomendaciones que los expertos en materia económica están haciendo alrededor del mundo y aquí mismo, que en el mejor de los casos su respuesta ha sido aletargada y lenta al igual que en materia sanitaria.

Ante este hecho las entidades federativas han tenido que echar mano de sus propios y limitados presupuestos a través de diversos instrumentos como aquí en Michoacán la generación de un fondo económico emergente de mil millones de pesos y el plan económico emergente para proteger a las familias michoacanas.

Por su parte la Federación solo ha optado por la profundización de los programas ya existentes, el adelanto de algunas participaciones a las entidades federativas y la reiterada declaración de que no se apoyará a las medianas y grandes empresas ni se incurrirá en endeudamiento. Así también se mantienen los tres grandes proyectos gubernamentales que son el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas. A la petición de cambios en el orden fiscal federal y mayor apoyo para enfrentar la pandemia de algunos estados, la respuesta del ejecutivo federal fue la intentona de cercenar atribuciones fiscales y presupuestarias que solo son potestad de la cámara de diputados para situarlas en el poder ejecutivo, el cual ya tiene bastantes atribuciones en la materia por lo que se trataría de un exceso y se daría un grave golpe en contra de la división de poderes.

Los esfuerzos estatales para afrontar la pandemia en sus esferas sanitaria y económica son endebles pues los recursos son muy limitados y no existe prácticamente ningún apoyo extraordinario por parte de la Federación.

En el plano legislativo no se han generado instrumentos jurídicos de emergencia para afrontar la pandemia ni en los ámbitos Federal ni en el estatal.

Ante este panorama adverso se impone replantear nuestro sistema federal y poner énfasis en circunstancias que ya estaban ahí, pero a las que no se ponía la atención debida.

Uno de estos aspectos es el del federalismo fiscal pues si bien la Constitución prescribe un sistema de concurrencia, la obtención de ingresos por las entidades federativas para el ejercicio del gasto público es muy endeble debido a un esquema fiscal excesivamente centralizado.

Nuestro federalismo hacendario es un sistema mal articulado en el que las entidades federativas suscriben convenios de adhesión y renuncian a sus potestades tributarias respecto a los impuestos con mayor base recaudatoria como el ISR y el IVA, a cambio de esto reciben transferencias federales conocidas como aportaciones y participaciones.

Este esquema ha tenido graves efectos negativos como son la gran dependencia de los gobiernos estatales de las transferencias federales, endeudamiento de los estados como consecuencia de la escasez de recursos, incapacidad y pereza recaudatoria por parte de los gobiernos locales llámese estados o municipios, descontento de entidades federativas con economías fuertes por el carácter distributivo de las fórmulas empleadas para las transferencias y el control de las mismas.

Otro gran problema es que se trata de un esquema de federalismo fiscal sin mecanismos que tomen en cuenta los contrastes demográficos, económicos, sociales, de desarrollo, en una nación diversa y heterogénea.

En el caso de la legislación para la coordinación fiscal no hay elementos que impulsen la consecución de mayor autonomía financiera de las haciendas locales ni de mayor capacidad fiscal para que los estados puedan proveer mejor a su población de servicios fundamentales que han sido descentralizados desde hace décadas como lo son salud y educación entre otros.

La asimetría de nuestro federalismo es una piedra al cuello que no nos está permitiendo afrontar la emergencia actual de manera coordinada, eficaz y eficiente y quizás será motivo de que al final de la pandemia con sus consecuencias económicas previsibles, se ahondarán las diferencias entre estados ricos y pobres.

Urge construir en materia fiscal y en otras un nuevo modelo de federalismo dinámico y flexible, que una en su diversidad a sus componentes que son Gobiernos Federal, estatales y municipales dándoles además la necesaria autonomía y auto sustentabilidad dentro de un marco de responsabilidad fiscal, transparencia, control y rendición de cuentas. Pero sobre todo de solidaridad.

La emergencia actual nos está dejando claro que existe en México un federalismo asimétrico que está siendo obstáculo y lastre para enfrentar la pandemia y sus consecuencias y que ya venía siéndolo para nuestro desarrollo como nación federada. Es pues momento oportuno para reformarlo o transformarlo.