Usa Asaeo centros de rehabilitación para extorsionar en Oaxaca

OAXACA, Oax., 15 de octubre de 2026.- La Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO) utiliza, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, centros de rehabilitación como parte de una estructura dedicada al reclutamiento de personas para el cobro de piso, extorsiones, préstamos gota a gota y vigilancia de las zonas donde opera la organización, cuyas ganancias ilícitas se estiman en 20 millones de pesos mensuales.

El fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, reveló durante una conferencia de prensa realizada este jueves que las investigaciones permitieron identificar nueve anexos y centros de desintoxicación vinculados con esta estructura, así como una red de operadores que presuntamente aprovechaba la vulnerabilidad de personas con problemas de adicciones para incorporarlas a actividades delictivas.

De acuerdo con la información de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), los centros funcionaban aparentemente como espacios de rehabilitación, donde los internos pagaban por recibir tratamiento. Sin embargo, quienes estaban al frente de estos establecimientos, conocidos como padrinos, presuntamente aprovechaban la relación de autoridad y dependencia para integrarlos a la organización.

El mecanismo consistía en captar a hombres y mujeres jóvenes con adicciones, establecer una relación de dependencia con los responsables del anexo y, una vez que recuperaban condiciones para desarrollar actividades, asignarles tareas relacionadas con la organización criminal.

Entre las funciones que presuntamente desempeñaban estaban el cobro de cuotas a comerciantes, locatarios, vendedores ambulantes y transportistas, así como la recuperación de préstamos mediante amenazas e intimidaciones.

También realizaban labores de halconeo, mediante las cuales vigilaban la presencia de policías, los movimientos de comerciantes y las actividades de grupos rivales.

Rodríguez Alamilla explicó que las investigaciones permitieron identificar una estructura jerárquica en la que la familia Ríos Suárez se encontraba en la parte superior, mientras que los mandos intermedios estaban integrados por padrinos, líderes de zona y coordinadores de cobradores.

En la base de esta estructura se encontraban cobradores, vigilantes y vendedores, entre ellos personas que habían pasado por procesos de rehabilitación en los anexos investigados.

La Fiscalía identificó además un grupo de WhatsApp denominado “DELEGADOS 2026”, integrado por 94 participantes, que forma parte de la información analizada para establecer los vínculos y mecanismos de operación de la organización.

Uno de los hallazgos relevantes es la participación de propietarios de centros de rehabilitación en el financiamiento de préstamos bajo el esquema gota a gota, quienes presuntamente proporcionaban cantidades de entre 20 mil y 50 mil pesos a intermediarios encargados de distribuir el dinero entre pequeños comerciantes.

Posteriormente, los cobros se realizaban en cuotas periódicas, en algunos casos mediante presiones y amenazas respaldadas por la propia organización.

Según la estimación presentada por la Fiscalía, las ganancias ilícitas de esta estructura alcanzaban aproximadamente 20 millones de pesos al mes, provenientes de extorsiones, cobro de piso y préstamos gota a gota.

Las investigaciones establecieron que la red tenía presencia en Oaxaca de Juárez, principalmente en el Centro Histórico, la Central de Abasto, Pueblo Nuevo, Viguera, Santa Rosa Panzacola, San Martín Mexicápam, San Juan Chapultepec y Cinco Señores.

También se identificaron operaciones en Santa Cruz Xoxocotlán, municipios de la zona de Etla, Tlalixtac de Cabrera, San Antonio de la Cal, Cuilápam de Guerrero, Villa de Zaachila, San Pedro Ixtlahuaca y Villa de Mitla.

Como parte de las acciones ministeriales, la Fiscalía intervino nueve centros de rehabilitación, uno de ellos durante un cateo realizado el 2 de septiembre y los ocho restantes el pasado 8 de octubre.

Entre los establecimientos investigados se encuentran Casa de Media Luz-Vikingos Despertar Oaxaca, Nuevo Amanecer, La Cañada, La Fortaleza, Cholo, La Trinchera, San Martín y Vuelve a Soñar, además de otro anexo identificado en las investigaciones.

En el primero de estos centros fue detenido el conocido como “Padrino Paye”, mientras que en dos establecimientos ubicados sobre la avenida Montoya, en San Martín Mexicápam, las autoridades encontraron sustancias ilícitas.

La Fiscalía también estableció que algunos de los anexos ubicados en Santa Rosa Panzacola y Pueblo Nuevo se encontraban dentro de la antigua zona norte de influencia de la ASAEO.

Las investigaciones sobre esta red cobraron mayor relevancia después del asesinato de Jesús, conocido como “El Chuy” o “Chuy Elotes”, y su esposa, ocurrido el 3 de octubre en la colonia Ejidal de San Martín Mexicápam.

De acuerdo con la información presentada por Rodríguez Alamilla, el comerciante inicialmente solicitaba dinero dentro de una red de préstamos gota a gota, pero posteriormente habría desarrollado su propia estructura para prestar recursos a terceros, mediante una financiera presuntamente utilizada para el blanqueo de dinero.

Las indagatorias establecen que la pareja recibía préstamos de entre 20 mil y 50 mil pesos de financiadores de mayor escala, para posteriormente distribuir cantidades menores entre comerciantes, con intereses elevados y cobros diarios o semanales.

El mismo día de su asesinato, “El Chuy” recibió un mensaje de audio de una persona identificada como “Gus”, a quien llamaba padrino, en el que le reclamaba el pago de 50 mil pesos.

Esta información forma parte de las evidencias que analiza la Fiscalía, cuya línea de investigación contempla posibles conflictos por deudas y presiones de cobro dentro de la red de préstamos.

El fiscal expuso que las investigaciones permitieron avanzar en la identificación de personas presuntamente relacionadas con el doble homicidio, ocurrido cuando la pareja se desplazaba en motocicleta por la colonia Ejidal de San Martín Mexicápam.

La información sobre los anexos surgió a partir de las investigaciones iniciadas después de las detenciones de dirigentes de la ASAEO, realizadas desde el 27 de agosto, y permitió ampliar las indagatorias hacia las fuentes de financiamiento, los operadores y los establecimientos presuntamente utilizados para sostener sus actividades.

Con estos hallazgos, la Fiscalía busca establecer las responsabilidades de quienes administraban los centros involucrados, financiaban las operaciones y utilizaban a personas en situación de vulnerabilidad para el cobro de préstamos y extorsiones en Oaxaca y municipios de los Valles Centrales.