¿Y ahora qué sigue?/Federico Berrueto

La votación en la Corte sobre la Ley de Industria Eléctrica y la conclusión de la consulta revocatoria de mandato son el fin de un proceso con consecuencias relevantes hacia lo que vendrá en los próximos años. El tema central es el de la legalidad. Se advierte la dificultad de avenirse a un gobierno sujeto a leyes. El Presidente lo ha puesto en claro, en su visión del ejercicio del poder es un cuento eso de que la ley es la ley, expresión que describe a un gobierno, a un régimen

El PRI ha dicho no a la reforma constitucional eléctrica. Su Consejo Político ha mandatado a los diputados por la negativa y con ello se cierra la posibilidad de la reforma. Finalmente fue más fácil maniobrar en la Corte que cooptar a una fracción parlamentaria minoritaria. Aún así, el voto de siete ministros indica que será la vía del amparo para contener la inconstitucionalidad de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica.

Lo de menos es el desdén de los ciudadanos a la consulta de revocación de mandato, tampoco que la votación por la continuidad es de poco más de la mitad de quienes votaron por el presidente en 2018. Lo preocupante es el precedente de consistente ilegalidad por parte de las autoridades federales, iniciando por el presidente López Obrador, su gabinete, los mandatarios estatales afines y el partido gobernante. No se puede soslayar lo acontecido, a grado tal que un escenario posible es la declaratoria de nulidad por lo recurrente, generalizado y gravedad de las violaciones a la Constitución y a las leyes en la materia. 

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