Ya no alcanzan los abrazos para tantos balazos

El artero asesinato de dos curas de la orden de Jesús a manos de un sicario al servicio del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), en las remotas e ignotas montañas de la Sierra Tarahumara, despertaron un clamor generalizado en demanda de seguridad y, sobre todo, un cambio en la fallida estrategia de Abrazos y No Balazos. Empero, desde Palacio Nacional el mensaje es de ni los veo, ni los oigo, y se le responde, a la misma Iglesia Católica y a su Papa, en Roma, que no, no habrá cambios, pues vamos muy bien.

Así, la violencia y la inseguridad se extienden sin freno a lo largo de todo el país, y los hechos sangrientos y lamentables se normalizan, hasta que no los vemos muy cerca o dañan a seres queridos. No ha habido un solo sector que no se haya pronunciado contra dichos flagelos, como tampoco se ha dado una respuesta favorable, o al menos esperanzadora de parte del gobierno federal.

El atacar las causas es una objetivo noble y loable, pero de muy largo plazo. La pobreza que afecta a más de 56 millones de mexicanos, muchos de ellos en el umbral de la miseria, no se erradicará tampoco con políticas sociales clientelares y asistenciales.
Los acontecimientos siniestros de esta semana, nos llevaron a ver la tragedia de miles de migrantes, no sólo de Centroamérica y Venezuela, sino también la de nuestros nacionales. Ahora fue el tráiler de la muerte, en cuya caja viajaban apiladas decenas de migrantes, 53 de ellos fallecidos por asfixia, sed, apretujamiento. Un muerte larga y tortuosa, similar a la pesadilla de los campos de concentración y exterminio de Auschwitz.

Un tráiler de horror que cruzó al menos 5 puntos de revisión en los mismos Estados Unidos, y donde nadie oyó los gritos y lamentos de auxilio.

El tráiler de la muerte poseía placas y registro estadunidense. El chofer es de nacionalidad también estadunidense, lo que implica que las mafias de polleros tienen sus tentáculos, no sólo en Centroamérica y México, sino que se extienden al interior de los Estados Unidos y trafican con humanos. Gente pobre del campo la mayoría y cuyo trabajo es muy cotizado allende el río Bravo, y cuyas remesas son muy necesarias para mantener la economía de poblaciones enteras. Los inhumanos polleros hacen un negocio redondo con la tragedia de esta gente. Les llegan a cobrar de cinco mil a 15 mil dólares por arriesgar sus vidas. Cerca de dos mil migrantes han perdido la vida en su búsqueda del sueño americano.
Tanto el presidente López Obrador como el presidente Biden externaron sus condolencias y anunciaron, a través de la cancillería mexicana, que habrá una investigación conjunta. En dicho sentido, el Instituto Nacional de Migración afirmó categórico que el tráiler de la muerte “nunca cruzó por México”.

Al respecto hay muchas contradicciones y versiones.

Todo apunta a que fue armado en el mismo territorio texano, donde los migrantes abordaron el tráiler en Laredo y fueron abandonados en San Antonio.

En todo caso, resulta terrible que huyas de la pobreza y la violencia y sólo encuentres una muerte dolorosa.

Otro hecho lamentable fue el asesinato de Antonio de la Cruz, periodista acreditado en el conflictivo estado de Tamaulipas, donde los enfrentamientos, bloqueos, quemas de llantas y ejecuciones entre bandas rivales son frecuentes.

De la Cruz cubría los asuntos policiacos y fue ultimado en la puerta de su casa, donde su hija menor resultó herida por un impacto de bala.

Es menester señalar, para condenar, que con este homicidio suman ya 12 los cometidos, en lo que va del año, en contra de los representantes de los medios de comunicación, lo que indica que los protocolos y medidas para su protección han servido para una y otra cosa.
En ambos casos las autoridades locales y federales han prometido lo de siempre.

Investigar a fondo y dar con los culpables. Sin embargo, los fríos números señalan a la impunidad. Del 2006 a la fecha han sido asesinados 256 compañeros, 101 en el sexenio calderonista, 96 en el peñista y 59 en lo que va del obradorismo.

Sin embargo, la incredulidad embarga a todos, pues a más de dos semanas, el asesino de los padres Jesuitas –el tristemente famoso Chueco—sigue prófugo, sin rastro de sus pisadas, pese a que se han desplegado un número considerable de elementos de la Guardia Nacional, Ejercito y Marina, más las policías estatales, y se han ofrecido cinco millones de pesos por su captura. Así, los famosos tiros de precisión que presume la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, o bien no han dado en el blanco porque se les mueven los objetivos, o porque sus francotiradores no aciertan.

Lo cierto es que ya no hay seguridad en ningún lugar. Los ajusticiamientos se dan en negocios, casas habitación, hospitales, centros comerciales y ahora en templos. La ciudadanía se siente desprotegida y angustiada, como se demostró en la balacera en un centro de vacunación en Puebla, o en un ajuste de cuentas en las playas de Cancún o Ciudad del Carmen. Como bien lo ha dicho el insumiso senador por Morena, Ricardo Monreal: “vivimos una ola de violencia de más de 16 años con un saldo de medio millón de muertos, entre ejecutados y desaparecidos”.

Y es el mismo Monreal, que si escucha, quien se ha pronunciado porque la estrategia de Seguridad Nacional entre en un profundo periodo de revisión para generar mejores propuestas y tener mayores resultados: “no busco una confrontación con el Presidente, sino una colaboración en beneficio de la seguridad del país”.