Iniciativa anticorrupción

OAXACA, Oax. 23 de octubre de 2014.- El asesinato y secuestro de normalistas de Ayotzinapa, la creciente presencia del crimen organizado en el país, la emergencia de la protesta social a escala nacional y la evidente crisis de legitimidad de los actores políticos, hablan de una encrucijada para México.

No quiero ser alarmista; pero si no actuamos ahora, nuestro futuro y el de nuestros descendientes, estará cancelado.

Los actores políticos ante la grave situación que vive el país, han reducido su propuesta al tema de la corrupción.

En la Cámara de Diputados, a iniciativa de Manlio Fabio Beltrones (PRI), la Junta de Coordinación Política acordó la creación de una mesa de trabajo que se instalará entre miércoles y jueves para revisar “de inmediato” un sistema de lucha anticorrupción.

El PRI propuso que primero se dictamine la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto de crear una Fiscalía Anticorrupción con facultades para investigar, elaborar averiguaciones previas y solicitar el ejercicio de la Acción Penal.

A la par de lo anterior, el PRI y el PRD vieron con buenos ojos la iniciativa propuesta por el PAN, para crear un Sistema Nacional Anticorrupción. La iniciativa, al parecer, será presentada durante esta semana en el Congreso de la Unión, para que el país cuente con un sistema autónomo, ciudadano e integral que combata la corrupción y evite los “fracasos del pasado…”.

En mi opinión, reducir la solución de la problemática que hoy vivimos al combate a la corrupción, no es conveniente porque se ataca el síntoma y no la enfermedad.

La iniciativa anticorrupción de los partidos políticos, supone que la ley se cumplirá; y precisamente ese es el problema: la ley ni se aplica, ni se cumple.Tenemos un sistema normativo NiNi.

Si se quiere encontrar una solución a nuestros problemas, es necesario indagar el porqué no se cumple ni se aplica la ley. Podríamos aventurar varias hipótesis: a). Porque no responde a la actualidad social; b).Porque no se hace efectiva su punibilidad; c). Porque el bien tutelado resulta ya irrelevante; y d). Porque la ley ha perdido sentido ante la fuerza y la corrupción.

Cualquiera de esas hipótesis merecen atención, pero no hay tiempo ni espacio para analizarlas. Daré un salto hacia mi punto de vista aunque parezca arbitrario: la ley no se cumple ni se aplica cabalmente en México porque el proyecto histórico que le daba sentido ha perdido vigencia y no se ha construído otro que lo supla.

Si tuviera que resumir qué entiendo por proyecto histórico nacional, simplificando diría: una nueva constitución. En la actual Carta Magna, ya no es reconocible el proyecto histórico original, ni obedece a un proyecto de nación consensuado por todos; es necesario un nuevo constituyente.

Si la idea que propongo propicia un diálogo hacia una solución en el sentido en el que la formulo, habrá que tener cuidado; un nuevo constituyente no se organiza de la noche a la mañana ni está exento de complicaciones. Por otra parte, la propuesta que hago no debe ser llevada a cabo por las actuales instituciones políticas; debe ser el pueblo organizado con todas las garantías que da el Estado. No podemos tomar la actual situación a la ligera.

El gobierno de la república y los gobiernos de los estados y municipios, deben sopesar sus capacidades de acción transformadora y no dejar de actuar en el actual marco legal; pero deben definir su posición más cerca de la organización y movilización popular y más lejos de las componendas con los actuales actores políticos.

Podrían considerarse otras formas de solución a la crisis que no comparto; como el uso de la violencia revolucionaria, y no la comparto porque trae más desgracias que victorias y porque en toda revuelta armada, quienes ganan son los más violentos, quienes tienen más capital para la guerra y por lo regular, a quienes menos importan los principios y la nación.

Yo esperaría que una propuesta de este alcance permitiera vislumbrar un horizonte que nos uniera como mexicanos, le diera sentido a nuestro quehacer cotidiano, a nuestras instituciones y a nuestras leyes y permitiera que el trabajo fuese el criterio de la valoración personal y también la fuente de la prosperidad.

Al nuevo Estado mexicano le tocaría garantizar la seguridad ciudadana y la soberanía e independencia nacionales.