Sistema Nacional Anticorrupción

MÉXICO, DF, 27 de abril de 2015.- La reciente aprobación, en el Congreso de la Unión, de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, normativa del Artículo 6º Constitucional, así como, la semana pasada, de las reformas constitucionales que crean el Sistema Nacional Anticorrupción, representan un gran paso, fundamental para México.

Son cambios que eran indispensables, en la tarea más crítica y transversal que, como nación, tenemos en este momento: La consolidación de un régimen de Estado de derecho en las leyes y en los hechos, en el marco de la gobernabilidad democrática, requisito para aspirar a ser una nación moderna, con justicia para todos, cohesión social y encarrilada en el desarrollo sostenible.

A la aprobación de esta demanda esencial de la sociedad civil, sigue un complejo proceso de legislación secundaria e implementación, así como el paso inmediato siguiente en el caso del Sistema Nacional Anticorrupción, que es la votación en los congresos locales, al tratarse de una enmienda constitucional.

El Congreso de la Unión tendrá un plazo de un año para aprobar las leyes que complementan y hacen aplicables las reformas, entre ellas las relativas a la regulación de la organización y facultades de la Auditoría Superior de la Federación, bases de coordinación del Sistema y una ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones y las sanciones aplicables.

Conforme al régimen transitorio, se otorgará un plazo de 180 días para que los congresos estatales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal realicen las adecuaciones normativas correspondientes en sus ámbitos de competencia.

En el caso de la reforma de transparencia, los estados tienen hasta un año para armonizar sus leyes locales con la nueva legislación federal, para que entonces apliquen cambios como las facultades que se le confirieron al IFAI de revisión y atracción.

Insistimos en el llamado a las legislaturas estatales, para que ratifiquen las reformas. Que no se retrase innecesariamente su instrumentación. Igualmente, el exhorto a los gobernadores, para que respalden este nuevo marco legal, en pro de la legalidad y la gobernabilidad democrática.

Todos los mexicanos, tenemos que apoyar este esfuerzo.

Es claro que en este nivel del proceso de reforma pueden presentarse resistencias, ante los niveles de impunidad, ausencia de rendición de cuentas e insuficiente equilibrio de poderes en algunos estados y municipios.

En la sociedad civil, y los ciudadanos a nivel individual, debemos estar atentos y alertas para que la reforma avance y se consolide, en tiempo y forma, y luego vigilar que se ejecute y cumpla en todo el país, en los tres órdenes y tres poderes de gobierno.

El sector empresarial está comprometido con el desarrollo de este proceso, y por eso respaldamos iniciativas como «anticorruptómetro», a fin de monitorear el avance.

La aplicación y alcance del sistema anticorrupción no debe tener excepciones, como ha ocurrido con reformas fundamentales, el caso muy específico de la educativa.

Los grandes problemas de corrupción e impunidad que tenemos en México no son un tema de percepción: son retos estructurales y sistémicos, derivados de causas y factores de enorme complejidad y profundidad.

Resolverlos tomará tiempo y muchos esfuerzos, con un enfoque recíprocamente sistémico y estructural, respaldado por la voluntad de cambiar por parte de todos, compromisos y vigilancia ciudadana. Sin embargo, hay que actuar con celeridad.

Cada día que prevalecen los niveles de corrupción e impunidad que tenemos en México, se pierde dinero de los gobiernos, las familias y las empresas. Más importante aún, se agudiza la falta de credibilidad y confianza en las instituciones, se fragmenta la cohesión social y la relación entre gobernantes y gobernados. Se descompone más el tejido social, mientras persiste la inseguridad pública y los males que enfrentamos de inequidad e injusticia.

Necesitamos que, cuanto antes, el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales empiecen a generar los efectos que pueden y deben tener sobre la realidad nacional, en la medida que aseguremos su aplicación decidida y completa.

Estos efectos, y los resultados buscados, para verificar el éxito de estas reformas por la legalidad son muy concretos:

La coordinación efectiva entre los 4 pilares del sistema: Secretaría de la Función Pública, la nueva Fiscalía Anticorrupción, la Auditoría Superior de la Federación y el nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que la prevención ahorre dinero de todos los mexicanos y los delitos sean sancionados con oportunidad y rigor, además del debido resarcimiento de daños.

El Sistema Anticorrupción y el de Transparencia deben derivar en la profesionalización del servicio público; acceso real a información de los gobiernos; contraloría con participación ciudadana, así como medios efectivos y seguros de denuncia. En especial, sanciones penales e inhabilitación para todos los involucrados en actos de corrupción; las declaraciones patrimoniales y de posibles conflictos de interés y su control eficaz para detectar casos de enriquecimiento ilícito, con material suficiente para fundamentar las consecuencias.

Esa será la prueba de que estas reformas funcionan: abatir la impunidad con que se comete y se reproduce la corrupción, el abuso y la arbitrariedad.

Hay que pasar de los escándalos mediáticos a averiguaciones previas y procesos judiciales puntuales para los casos que se conocen, y los que permanecen en la opacidad, de delitos bien tipificados, más allá de la corrupción en abstracto: tráfico de influencias, cohecho, extorsión, fraude, prevaricación o malversación de fondos.

Las reformas deben dar paso a la revisión de las cuentas de partidos políticos, sindicatos, fideicomisos e inclusive empresas que manejen dinero público; a la extinción de dominio por actos de enriquecimiento ilícito; a que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice prácticamente en tiempo real y audite las cuentas públicas de estados y municipios. Esta instancia del Poder Legislativo podrá auditar más del 92% de los recursos que ejercen las entidades federativas y municipios, donde hoy existe gran opacidad y la presunción de que se cometen importantes malversaciones.

La reforma faculta, asimismo, la imposición de sanciones a particulares vinculados en actos de corrupción, incluyendo la inhabilitación para participar en adquisiciones, disolución o intervención de empresas contratistas, amén de la reparación de los daños.

Muy importante: un tribunal especializado resolverá sobre expedientes graves de faltas administrativas, en casos que antes correspondían a una Secretaría de la Función Pública, con la problemática de fungir como juez y parte.

Los ciudadanos no podemos bajar la guardia: tenemos que seguir denunciando la corrupción e impulsando el cambio, comenzando por la consolidación oportuna y completa de los poderosos instrumentos que podemos tener a nuestra disposición, gracias a las reformas que fueron aprobadas. Es tiempo de renovar la vida pública en México. Llegó el momento.