Carlos Ramírez / Indicador Político / Michoacán: irresponsabilidad política

Oaxaca, Oax. 23 de mayo de 2013 (Quadratín).- Michoacán podría ser considerado el laboratorio de la estrategia de seguridad del gobierno del presidente Peña Nieto; pero la clave de las cosas no se localiza en la intervención del ejército sino ver si los partidos políticos han entendido las razones estructurales de la inseguridad.
El crimen organizado se asentó en plazas donde encontraron condiciones de viabilidad: alternancia partidista que no supo reconfigurar la estructura de poder (Ciudad Juárez con el PAN y ahora Michoacán con el PRD) o desarticulación de la hegemonía priísta, política pero también cultural y social, por la penetración de los cárteles en las estructuras de poder (Jalisco, Sinaloa y Tamaulipas).
Por tanto, las posibilidades de éxito del volcamiento de las fuerzas federales de seguridad, sobre todo del ejército, en Michoacán van a depender de lo que pueda hacerse en la reconstrucción del tejido político (el PRI y el Pacto por México) y del tejido social (el Estado de bienestar). Es decir, saber quiénes y cómo van a reconstruir los espacios de intermediación entre la sociedad y el Estado y sobre todo del Estado hacia la sociedad.
La falla en la estrategia de Calderón no se localizó en la decisión de enviar tropas a Michoacán, sino que el PRI y los partidos no contribuyeron con la reconstrucción de los tejidos político y social. En Ciudad Juárez el narco se asentó con la llegada de los panistas al poder municipal en 1983 con Francisco Barrio Terrazas y se profundizó durante la gubernatura del mismo Barrio 1992-1998. El PAN no entendió que los gobiernos municipales son parte de la estructura de poder político.
En Michoacán ocurrió lo mismo. En 1986 terminó su periodo Cuauhtémoc Cárdenas como gobernador priísta y la gubernatura entró en disputa política con el PRD: Luis Martínez Villicaña fue sacrificado por Salinas de Gortari en 1988 por la abrumadora derrota del PRI en el estado y luego el propio Salinas de Gortari sacrificó a Eduardo Villaseñor en 1992 por presiones del PRD. En el 2002 Lázaro Cárdenas Batel arribó al poder y cometió el mismo error estratégico: no atender el tejido político porque el PRD quería el poder y no la estructura de control político. Leonel Godoy sucedió a Cárdenas y el narco se asentó en la plaza, al grado de que su medio hermano Julio César Godoy es diputado defenestrado y prófugo por sus relaciones probadas con el narco.
El regreso del PRI al gobierno michoacano se dio sin entender la urgencia de los tejidos social y político y se agregó la circunstancia agravante de un gobernador víctima de una enfermedad secreta –aunque ella haya afectado su capacidad de gobernar y por tanto haya contribuido a resquebrajar aún más las posibilidades de reconstrucción institucional– y ahora con licencia. La ofensiva del gobierno de Calderón se dio sin la colaboración del gobierno perredista de Godoy, lo que fue leído estratégicamente por los cárteles.
El problema central radica en el hecho de que la alternancia partidista desarticuló las estructuras de poder y los nuevos partidos, además de que el PRI no supo administrar el salto cualitativo de los políticos a los tecnócratas y haya abandonado a las élites policiacas que antes defendían la seguridad del Estado y luego se convirtieron en instancias de control de las mafias, algo, por cierto, que también ocurrió en la transición soviética a la democracia con Gorbachov y los cuerpos policiacos construyeron la poderosísima mafia rusa.
El presidente Peña Nieto redefinió la estrategia de seguridad y le otorgó al principio más atención al aspecto social, pero las posibilidades del Estado son menores por falta de estructura social regional. Ahí es donde el PRI, en el pasado, jugaba el papel de agujas de tejer para enlazar intereses sociales, algo que ya había propuesto Platón desde El Político. Sólo que ahora el PRI parece haber perdido su experiencia en la construcción de bases sociales y políticas de defensa de la sociedad. El Pronasol desmanteló los seccionales del PRI, creó los comités Pronasol pero éstos sólo operaron para obra y no pudieron jugar en administradores de los hilos sociales. En Ciudad Juárez y Michoacán el regreso del PRI al poder ha carecido de un diagnóstico de la sociología criminal y por tanto no ha tenido iniciativas de reconstrucción de los tejidos social y político.
En 1985, en plena gestión del panista Barrio Terrazas, Marco Antonio Bernal, funcionario de la Secretaría de Programación y Presupuesto, publicó una encuesta en el libro La vida política mexicana en la crisis, de El Colegio de México, sobre la sociología de Ciudad Juárez. Y el resultado fue asombroso y debe ser de relectura de cara a la crisis de seguridad actual: la alternancia en Juárez fue una rebelión de las clases medias contra las instituciones, pero sin construir nuevas ni generar “un nuevo tipo de conciencia política”.
Asimismo, la oposición panista asumió el mando pero no se hizo cargo de la estructura del poder, aunque sin las reglas escalafonarias de los hilos de poder oscuros todo se agotó en lo administrativo. Los grupos criminales que dependían del entendimiento, control y reparto territorial del poder quedaron sueltos y ellos sí reconfiguraron sus poderes ante el debilitamiento de los poderes institucionales por la competencia, la falta de malicia de los tecnócratas y el vacío de poder generado por la alternancia.
La ofensiva de las fuerzas de seguridad podrá contener coyunturalmente a los cárteles pero no podrán consolidar los territorios recuperados si no existe una ofensiva política para reconstruir los tejidos social y político.
Además, opino que Javier Sicilia, su movimiento por la paz, el rector de la UNAM José Narro, los periodistas, el Movimiento YoSoy132 y la Corte Suprema de Justicia de la Nación deben responsabilizar directamente a los narcos de la violencia y los muertos, exigir sin dobleces la rendición incondicional de Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada, Servando Gómez La Tuta, Juan José El Azul Esparragoza, Vicente Carrillo Fuentes, el Z-40 y otros capos y demandar la entrega de su arsenal de armas para ser juzgados como responsables de la violencia criminal y la corrupción en el tráfico de drogas y de varios de miles de muertos en enfrentamientos entre cárteles.
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