Carlos Ramírez / Indicador Político / Algunas claves de reforma Telcom

Oaxaca, Oax. 15 de marzo de 2013 (Quadratín).- En la recta final de las elecciones presidenciales del año pasado, la argumentación más insistente contra el candidato priísta Enrique Peña Nieto decía que por fin el consorcio Televisa iba a poner presidente de la república. Sin embargo, el mexiquense tenía ya varios meses diseñando en secreto la reforma de telecomunicaciones que enfrentará a los poderes salvajes.
El paso que representó la reforma constitucional en telecomunicaciones pudo acomodar las nuevas realidades del país. Por eso fue muy significativo que el perredista Pablo Gómez Álvarez reconociera el alcance de la iniciativa, pues en la campaña presidencial de 1982, como dirigente del Partido Socialista Unificado de México (ex PCM), exigía la expropiación de Televisa.
El trasfondo de la iniciativa promovida por el presidente Peña Nieto en el seno del Pacto por México tiene variables, pero una de ellas no ha sido profundizada en el análisis: la articulación orgánica entre la televisión privada con diferentes gobiernos priístas. Desde 1975, en la sucesión presidencial, comenzaron a emerger las voces que alertaban la posibilidad de que el poder mediático de la televisión privada pudiera poner presidente de la república.
La articulación llegó a ser orgánica: Televisa, en efecto, era parte del aparato de comunicación del PRI, del gobierno y del Estado. En la época de Echeverría, por ejemplo, el vicepresidente de Televisa Miguel Alemán Velasco era funcionario de la dirección de información y relaciones públicas de la presidencia, además de funcionario de la estructura del PRI en comunicación. El noticiero principal de Televisa, 24 Horas, fue una subdirección informal pero efectiva de la presidencia y del PRI.
La alerta sobre el poder político de la televisión privada, sobre todo Televisa, se consolidó en algunos sectores de las élites políticas priístas a raíz del ascenso de Silvio Berlusconi al poder en 1994 de la mano de su poder en el sistema italiano de televisión. El efecto de las imágenes de televisión en las conductas de los ciudadanos ha sido más efectivo que el de la crítica en medios escritos. La información por televisión, señala Luigi Ferrajoli en Poderes salvajes, se convierte en una “fábrica de consenso”, un concepto creado en los años treinta por el periodista Walter Lippmann al referirse entonces al poder de dominación de la información escrita en los principales diarios, sobre todo el The New York Times.
Para Ferrajoli, el poder político de la información en la televisión era producto del “doble control: propietario y político”, es decir, dueño y aparato de poder. El problema en Italia –el llamado fenómeno Berlusconi– surgió cuando la complicidad entre el propietario de la televisión y el gobernante se fusionaron en una persona. Ferrajoli trabajó como jurista, constitucionalista y demócrata en un modelo de propuesta para frenar al poder salvaje de la televisión: la creación de nuevos y mejores controles a la información para evitar los abusos de la complicidad propietarios de medios-políticos del sistema.
La propuesta de Ferrajoli pudiera encontrarse en el trasfondo de la reforma a las telecomunicaciones de Peña Nieto y el Pacto por México: la formalización de la libertad negativa, es decir una libertad acotada por leyes específicas vía la “inmunidad frente a las desinformaciones y la manipulación de las noticias”. El camino es tan delgado como el filo de la navaja: controlar los abusos noticiosos a favor de poderes privados y/o políticos, en aras de democratizar la información para las mayorías. En pocas palabras, terminar con el modelo Televisa de la información a favor de su propio proyecto empresarial o de sus aliados partidistas en el poder y en el Estado.
La creación de organismos reguladores que no deben pasar de la información favorable a los intereses de Televisa a los intereses de la élite gobernante en turno y la creación de una cadena pública de medios electrónicos fueron los caminos encontrados por los promotores de la reforma. Así, los espacios informativos de las televisoras y radios tendrán limitaciones para servir de enormes cajas de control de conductas de los auditorios. Para evitar problemas operacionales, los propios medios privados deberían crear consejos editoriales en sus espacios noticiosos, formados por académicos, analistas, organizaciones sociales y representantes de partidos.
El punto clave de la reforma a las telecomunicaciones en materia de información fue planteado por Ferrajoli en Poderes salvajes (2011): la relación entre información y propiedad de los medios electrónicos (de nuevo Berlusconi como ejemplo tipológico), a partir de la confusión de jerarquías porque los propietarios ponen la propiedad por encima del derecho a la información y han llegado a “un derecho-poder”. La propuesta de Ferrajoli radica en “una campaña de la oposición y de la prensa libre” para establecer “las garantías de independencia de la libertad de información” respecto a las garantías “de la propiedad”. Ello obligaría a los propietarios a tener dos formas de funcionamiento: una empresarial y otra social, ambas separadas y evaluadas de manera diferente.
De no profundizarse en estos temas, la reforma se ahogará sólo en la mayor competencia con el ingreso de nuevas empresas y alguna apertura en la cadena mediática del Estado, pero sin romper la complicidad política entre “propietario y político”, al grado de repetirse más adelante con el uso del poder de la televisión para crear –como ahora– telebancadas o, de plano, telepoderes en otras áreas de la vida pública social.
En este contexto, la reforma debería contemplar la creación de un ombudsman de la opinión pública o crear una visitaduría sobre derecho a la información –acceso y defensa– como un derecho humano. Pero al mismo tiempo legislar sobre formas de división en la supervisión de las fases de la producción televisiva recordando aquí, por ejemplo, programas como El privilegio de mandar sirvieron para reforzar conductas de sumisión, subordinación y afectos-desafectos políticos.
De ahí que la reforma pueda mejorarse para cerrar las rutas de escape de las televisoras.
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