Carlos Ramírez / Indicador Político / CNTE: un oaxacazo a nivel nacional

Oaxaca, Oax. 08 de marzo de 2013 (Quadratín).- La decisión del gobierno federal de recuperar la rectoría del Estado en la educación se ha topado no sólo con las secciones disidentes de la CNTE sino con sus aliados gobernadores. Oaxaca podría ser la próxima estación de la reorganización del sector educativo nacional.
Y Oaxaca no sólo por la cesión del control de la educación en el estado que entregó el gobernador priísta Heladio Ramírez López en 1992 ni nada más por las marchas que afectan a terceros y paralizan la actividad económica con plantones en empresas, sino por el hecho de que el gobernador ex priísta y aliancista PAN-PRD Gabino Cué Monteagudo decidió el año pasado abrogar acuerdos de la SEP en modernización educativa y aceptar el Plan de Transformación de la Educación en Oaxaca que hizo la Sección XXII de la SNTE, alma de la CNTE.
Como era lógico y después de la modernización educativa firmada por Salinas de Gortari en 1992 y del Acuerdo por la Calidad de la Educación de Calderón de 2008, la XXII ya repudió la reforma constitucional de Peña Nieto firmada y avalada por todas las fuerzas políticas y la mayoría de congresos estatales y la XXII tuvo el apoyo del gobernador Cué Monteagudo para diseñar otra reforma educativa en función de los intereses de la XXII de seguir controlando no sólo la educación sino la vida social y política en el estado.
El fondo del conflicto no tiene que ver con la calidad de la educación ni con su perfil laico y gratuito ni menos aún con el papel de la educación en la modernización del país, sino que se localiza en el control de la dirección sindical sobre los maestros y el papel de la XXII en la imposición de otra forma de gobierno diferente a la representativa. Por eso la XXII está encabezando un movimiento nacional de disidencia magisterial contra cualquier decisión le quite el manejo de los profesores; y el punto central de la reforma educativa de Peña Nieto está en la evaluación de los maestros en función de estándares de capacitación profesional, no de militancia, ni de horas-plantón, ni horas-marcha. Y de paso, la XXII va a tratar de reventar la posibilidad de anular el compromiso del gobernador Ramírez López de 1992 que le cedió a la sección magisterial el derecho a vetar nombramientos en el Instituto der Educación y de poner inclusive a su titular.
De 1992 al 2013, larguísimos veintiún años, la Sección XXII ha controlado el Instituto de Educación estatal, al grado de que el gobierno estatal no tiene fuerza ni funcionarios en el área administrativa de pagos de los maestros y el pago quincenal ha sido secuestrado por la XXII para obligar a los profesores a asistir obligadamente a marchas y plantones y a suspender clases. En términos estrictos, el gobierno estatal y el gobierno federal perdieron la rectoría de la educación en Oaxaca.
En un oficio formal del 25 de mayo de 2012, el gobierno de Cué Monteagudo reconoce que “no existen condiciones para la aplicación de la Alianza por la Calidad de la Educación ni para llevar a cabo la evaluación universal o cualquier otro instrumento estandarizado”. Y tras reconocer que carece de “atribuciones para la cancelación del Acuerdo”, el gobierno estatal “ratifica que existe un esfuerzo conjunto gobierno del estado-IEPPO (Instituto de Educación)-Sección 22 (sic) y asume su compromiso para darle seguimiento e implementar el Plan de Transformación de la Educación en Oaxaca”.
Lo interesante del caso Oaxaca-Sección XXII radicó en el hecho de que el pliego petitorio educativo de la organización sindical incluyó temas políticos como la “libertad incondicional” de los “presos políticos”, respuestas a las demandas de “los pueblos en resistencia” y obra pública totalmente ajena a cuestiones educativas. En lo sindical, la XXII –aglutinada en el Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO)– exigió al gobierno estatal la “entrega de espacios laborales, educativos invadidos o autoubicados por personas ajenas a nuestro MDTEO”, es decir, la exclusividad de espacios públicos, una demanda obviamente nada democrática ni democratizadora. Junto con la respuesta, el gobierno estatal comprometió diez millones de pesos para apoyar el plan educativo de la XXII.
El problema de fondo radica en el hecho de que sin el apoyo del gobierno federal priísta actual y sustentado en una precaria alianza PAN-PRD, el gobernador Cué Monteagudo quedó atrapado en la debilidad de su asociación política con la XXII que le dio la inestabilidad del 2006-2010 y los votos para ganarle al PRI el gobierno estatal en las elecciones estatales del 2010. Pero lo grave fue que ese acuerdo de mayo de 2012 para tirar el ACE a la basura fue arrancado al gobernador por un paro magisterial de labores (sin sustento legal) y marchas que dañaron la estabilidad social en la capital del estado. Ahí se comprobó la realidad de que los gobiernos estatales son rehenes de la violencia social de la disidencia magisterial, aunque en Oaxaca grupos sociales importantes, como el del pintor Francisco Toledo, ya repudió las acciones agresivas de la XXII.
Los maestros disidentes de la CNTE –manejados por la XXI y grupos de Michoacán, Chiapas y Tabasco– comenzaron esta semana sus marchas en la ciudad de México, amparados por la pasividad del nuevo jefe de gobierno Miguel Angel Mancera y su dependencia de las tribus del PRD que controlan la política en el DF. Las secciones de Oaxaca y Michoacán decretaron un paro de labores de 48 horas sin que haya habido una respuesta de las autoridades laborales por el hecho de que la figura de paro laboral no existe en la legislación y representa un atentado contra la educación.
Lo peor del asunto radica en el hecho de que la CNTE o las secciones carecen de figura jurídica para negociar con las autoridades y éstas estarían obligadas primero a resolver la irregularidad de los paros con la aplicación de la ley, el no pago de salarios y la rescisión de contrato contra quienes paralicen la actividad educativa. De ahí que la prueba de fuego de la reforma educativa no esté en el arresto de la maestro Elba Esther Gordillo sino en el sometimiento a la ley de las secciones magisteriales de la CNTE que están provocando la violencia social para mantener sus privilegios y apropiarse del control de la educación pública para objetivos antisistémicos.
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