Carlos Ramírez / Indicador Político / Cassez y el fracaso de la justicia

Oaxaca, Oax. 02 de febrero de 2013 (Quadratín).- El ya conocido como Caso Cassez ha servido para meter en el debate nacional de nueva cuenta el tema de la estrategia de seguridad concebida como un todo integral. La tardanza en entrar en operación la estrategia del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha contribuido a aumentar la tensión entre los sectores, mientras han comenzado a acumularse datos de la violencia criminal en las goteras del Valle de México, sobre todo en el Estado de México y algunos casos en el Distrito Federal.
El efecto social de la libertad absoluta de la francesa a pesar de la acumulación de pruebas en su contra como parte de la banda de secuestradores Los Zodiaco volvió a meter en el imaginario social el tema de las complicidades, los acuerdos secretos o la fuerza del gobierno de Francia. En el fondo, el Caso Cassez podría servir para abrir un debate nacional para la reformulación de la política de seguridad y la reorganización del aparato de justicia, aunque parece que todo se agotará en las acusaciones de corto plazo.
El asunto de Cassez estalló en un escenario de seguridad bastante complicado:
• La liberación de una sentenciada por participar en una banda de secuestradores pero no por inocente sino por fallas en el debido proceso.
• La persistencia de la violencia criminal en varias partes de la república con la acumulación de asesinados y de bandas establecidas en otras zonas de la república.
• La decisión gubernamental de mantener patrullajes militares en 13 estados de la república, el 40% del territorio, como la única manera de poner un punto de contención al crimen organizado.
• La violencia criminal –de cárteles, no de la delincuencia común– en zonas conurbadas del Estado de México, lo que ha generado temores en la capital de la república por el avance de la criminalidad en el DF.
• La acumulación de evidencias en el sentido de que las policías estatales y municipales siguen al servicio del crimen organizado y por tanto el fracaso de las políticas de capacitación y profesionalización.
• La resistencia del Congreso aprobarle al gobierno del presidente Pena Nieto la organización de los mandos policiacos en un afán de control que se podría convertir en nuevos problemas de organización de las policías.
• La aplicación en frío de una Cartilla de derechos de los delincuentes sin pasar antes por alguna reforma constitucional, como ocurrió en los EU con el Caso Miranda que llevó a la Quinta Enmienda Constitucional. La Cartilla ha sido rechazada por los policías federales porque en realidad no les han explicado su función.
• Y la tardanza en poner en operación la gendarmería nacional como fuerza policiaca destinada a combatir el crimen organizado en los alrededor de veinte entidades de la república con presencia territorial de los cárteles.

El debate sobre seguridad ha comenzado a llevar a una temática delicada, sobre todo alimentada por la crisis de inseguridad en Guerrero, donde la incapacidad de las policías ha llevado a la autodefensa de grupos comunitarios con policías sin entrenamiento, sin conocimiento de la leyes y cometiendo errores de procedimiento que permitirían la liberación inmediata de los detenidos. Sin embargo, esa autodefensa es signo de la irritación de la sociedad regional ante la tardanza institucional en la reorganización de la seguridad.
De ahí que la crisis de seguridad esté llevando a debatir el concepto de Estado fallido, toda vez que la primera función del Estado, desde el Leviatán de Thomas Hobbes, es justamente la seguridad. México ofrece la imagen de la Italia de los sesenta dibujada con maestría literaria por el escritor Leonardo Sciascia, hundida en la inseguridad por la corrupción judicial, las bandas del crimen organizado y la incapacidad del Estado. Pero el Estado fallido debe analizarse en función también de los obstáculos legales que lo han paralizado por la constitucionalización de los derechos humanos como principio para el ejercicio de las funciones del Estado. Entre los delincuentes y los derechos humanos y sin la profesionalización de los cuerpos judiciales y de seguridad, el Estadio mexicano ha entrado en una peligrosa zona de parálisis.
El gobierno del presidente Peña Nieto parece no estar razonando este nivel de problemática del Estado, por lo que el Caso Cassez le puso un dinamismo al que debe responder en el corto plazo. Si no lo hace, el agudizamiento de la violencia, la incapacidad policiaca y la vigilancia de los organismos de derechos humanos van a convertir el Caso Cassez en un día de campo. Los delincuentes ya entendieron que buenos abogados, presiones internacionales e intervención de organismos regionales de derechos humanos podrían poner en libertad a cualquier delincuente.
En este punto se localiza la crisis de la seguridad y la justicia que ciertamente no le corresponde al gobierno de Peña Nieto y ni siquiera como herencia de dos sexenios panistas, sino que se dio con el principio de modernización que inició la administración de Miguel de la Madrid y que se agudizó en el 2000 con la alternancia y la incapacidad de los gobiernos de Fox y Calderón para entender que la alternancia exigía una reorganización de la seguridad porque la filosofía priísta se asentaba en la conservación del poder.
El tiempo comienza a ganarle la partida al gobierno del presidente Peña Nieto porque él ya estableció los asuntos prioritarios pero su aparato administrativo y político no alcanza a arreglar los temas pendientes y la relación con el congreso de mayoría priísta paradójicamente parece más bien tender hacia el control que hacia la reorganización.
La fecha de corte de caja sería a principios de marzo cuando se cumplan los primeros cien días y el gobierno peñista deba de entregar buenas cuentas en materia de seguridad.

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