David Colmenares / Signos y señales / Federalismo y concurrencia tributaria

-En juego dos soberanías
-federalismo político no significa federalismo fiscal
Oaxaca, Oax. 18 de enero de 2013 (Quadratín).- Siguiendo con las reflexiones sobre las virtudes y obstáculos del federalismo como forma de gobierno y del federalismo fiscal como mecanismo para acuerdos importantes para la distribución adecuada de competencias. Las políticas y responsabilidades del orden federal tienen jurisdicción sobre todo el territorio del país y a él se sujetan sus habitantes, como sucede con la política monetaria o la seguridad nacional. Pero en todos las demás los estados conservan su soberanía y una autonomía de gestión en las materias de su competencia, como en la política fiscal, basada en la existencia de una estructura propia de gobierno y de asuntos o facultades de competencia exclusiva.
Poseen órganos legislativos y ejecutivos elegidos por sus habitantes y con capacidad para tener su propia constitución y órganos de gobierno propios. En lo tributario, la distribución de facultades es lo suficientemente amplia para preservar los intereses locales, con la única limitante del interés común de la federación. Pueden recurrir a mecanismos de coordinación intergubernamental y utilizar la figura de la colaboración administrativa para dar un carácter nacional a la misma y evitar la doble o múltiple tributación. Pero ello fracasa cunado se mantienen inercias centralizadoras y se debilita la coordinación gubernamental.
Es importante señalar que federalismo político no implica forzosamente el federalismo fiscal, ni el económico, por ello es necesario y posible alcanzar una distribución de competencias que se traduzca en un políticas económicas eficientes, regionalizadas y redistributivas, que eviten inercias concentradoras y fortalezcan la descentralización.
Existen materias mixtas, no exclusivas de ninguno de los órdenes de gobierno, en las cuales coexisten las competencias federal y estatal, pero con diferentes responsabilidades: el gobierno federal sobre aspectos como la normatividad, y el estatal su desarrollo e instrumentación.
El sistema adoptado en México es el mixto, en el cual el Estado federal cuenta con una administración propia desconcentrada, y existen además administraciones estatales que se vinculan, mediante mecanismos de coordinación gubernamental con la administración federal para asuntos de interés general. s el caso de casi todas las funciones del ejecutivo, destacando lo fiscal.
Ante esta coexistencia de soberanías, se debe aclarar que la soberanía política es la vía para definir sus metas y organizar sus propias instituciones; la soberanía fiscal es la facultad para ordenar los gastos y los ingresos que se requieren para el funcionamiento de las instituciones, el desarrollo económico y social, combatir la pobreza, en suma para el ejercer la soberanía.
Más específicamente, la soberanía tributaria es la posibilidad jurídica para imponer tributos a personas, bienes y acciones que se encuentran en la jurisdicción del poder político, que se realizan con las acciones de la administración tributaria. El tributario es un poder irrenunciable, imprescriptible, no es patrimonial y es indelegable, aunque su ejercicio sí, a través de la colaboración administrativa.
De ahí la importancia de la concurrencia tributaria en una Federación, donde es necesaria la coordinación gubernamental, para eliminar los efectos negativos de la coexistencia sin coordinación de sistemas fiscales que funcionan en el mismo espacio y con los mismos contribuyentes. El poder tributario de los estados no proviene de una delegación del nivel central, porque es originario e incluso, precede al federal, pero tienen que coordinarse para concertar limitaciones mutuas a ese poder y evitar costos adicionales a los ciudadanos. Este poder tributario está limitado por la Constitución de la República Federal y por la propia en el ámbito estatal. Por ello, como en México, la coexistencia de poderes originarios distintos, obliga a definir una mejor distribución de competencias en materia de gasto público y de potestades tributarias, regresando hoy algunas de potencial recaudatorio importante a las entidades federativas y gobiernos municipales. La base es la coordinación gubernamental. Considerar al federalismo fiscal, es fundamental para cualquier reforma, en cualquier país.
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