Juan Díaz Carranza/ Chimalapas

Oaxaca, Oax. 24 de diciembre de 2012 (Quadratín).-La blandura que dispensa y la arbitrariedad que crispa, fueron temporalmente atajados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado viernes. El máximo tribunal de nuestro país suspendió la jurisdicción del Gobierno de Chiapas en la zona de los Chimalapas, pero la situación en la zona está lejos de acuerdos sólidos y cerca de revivir trágicos episodios.
Los Chimalapas es una superficie de 595 mil hectáreas, una de las más importantes en biodiversidad del mundo que atesora un gran patrimonio de valiosos y diversos ecosistemas: selva alta lluviosa, bosques de niebla, bosques de pino-encino, y la selva mediana y selva baja. En ella se desenvuelven diversas etnias -mayoritariamente los zoques- asentados ahí siglos antes de la creación de los estados de Oaxaca y Chiapas. Estos ancestrales pobladores preservan (a pesar de las circunstancias) la relación solidaria con la naturaleza, eje fundamental de su cultura, cosmogonía y proveedora de los bienes de uso. De aquí derivan una de las dos principales causas de disputa los habitantes fronterizos de Oaxaca y Chiapas: las luchas por el aprovechamiento de la ecología y limítrofes. Agitación aderezada por el tradicional desgano de las autoridades federales que causa el germen de la violencia y el saqueo indiscriminado de la madera y las especies animales de la región.
RECRUDECIMIENTO. El clima de tensión que se respira desde hace muchos años en esa región escaló en noviembre del 2011. El entonces gobernador chiapaneco -Juan Sabines- fiel a su impulsivo estilo presentó un desvarío con carácter de iniciativa de ley al Congreso local de su estado, para crear un nuevo municipio en la zona de conflicto que se denominaría “Belisario Domínguez”. El nuevo municipio quedaba inmerso en territorio oaxaqueño, los ejidos de Díaz Ordaz y Rodolfo Figueroa, éste último quedaría como la cabecera del nuevo municipio. La iniciativa fue avalada de manera unánime por los diputados locales chiapanecos provocando el recrudecimiento del añejo conflicto, incitando que los municipios oaxaqueños de San Miguel Chimalapas y Benito Juárez amenazaran a los invasores del ejido Díaz Ordaz con una confrontación violenta en caso de consumarse el despojo.
La argucia legislativa puso a la zona en alarma, resintiéndolo de manera inmediata las 340 personas que habitan los ejidos, quienes fueron utilizados como escudo humano por los perversos intereses políticos y de acaparadores privados.
EMBUSTE. Sabines usó como estrategia el discurso chovinista para distraer la atención del problema de fondo. Improvisó viejos argumentos como el rememorar el 1824 cuando Chiapas decidió federarse a México por la vía del plebiscito, justificando que lo hizo por todo su territorio sin quitarle nada a Oaxaca (dando por sentado que esa región siempre ha sido chiapaneca). La perorata del ex gobernador chiapaneco esquivó los dos decretos presidenciales de Díaz Ordaz de 1967 y los diversos datos oficiales que lo contradicen. Uno de ellos es el conteo poblacional del INEGI 2005 que certifica con clave de localidad de Oaxaca a 17 comunidades de la región de los Chimalapas.
TIBIEZA. Los problemas se agravan por la indiferencia con la que se atiende a los Chimalapas. En el orden federal aunque los motivos de enfrentamiento son de incumbencia federal (limítrofes, agrarios y aprovechamiento de los recursos naturales), es una constante la actuación desidiosa de los últimos gobiernos federales que buscando aplazar el problema terminan por atizarlo. Tal es el caso de la Secretaría de la Reforma Agraria que insensatamente autoriza la instalación de ejidos sobre terrenos comunales que cuentan con títulos legales; o las conductas imprudentes con tufo de corrupción de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) que expide permisos de explotación de maderera en predios ubicados en sitios de conflicto agrario. Pero esos errores se agravan con las tradicionales omisiones del Gobierno oaxaqueño, basta recordar que durante 1967 y 1992 se consumó uno de los repartos de tierra ajena más grandes de la historia a favor de los indígenas chiapanecos Tsotsiles y Tseltales. Y en épocas más recientes, a sabiendas de la arbitrariedad perpetrada por el ex mandatario chiapaneco el Gobierno de Oaxaca quedó impávido y se prestó a firmar un absurdo “pacto de distensión” en la Secretaría de Gobernación en diciembre del 2011. La reacción vino hasta la agudización de la violencia; el secuestro del líder agrario chiapaneco Jorge Humberto Luna; y la extrapolación del problema con la amenaza de la sección 22 de intervenir con acciones de fuerza; fue hasta entonces, que se promovió dos controversias constitucionales ante la SCJN: una por la creación del municipio “Belisario Domínguez” en territorio oaxaqueño, y la otra por el problema limítrofe. Aunque la respuesta obtenida por la Corte es momentáneamente favorable para Oaxaca, la defensa a la soberanía del territorio estatal ha ido de la tibieza a la impasibilidad. El proceso del juicio apenas comienza y no admite regateos.
El momento presagia atención para los pueblos indígenas. Los 15 años de la impune matanza de Acteal que exige justicia; la reciente multitudinaria aparición del EZLN que marca agenda; y este añejo conflicto entre dos entidades hermanadas tienen que llevar un curso en estricto apego a derecho. Los resabios condicionan la disminuida estabilidad política del país, apostar a la inercia puede desencadenar en mayor derramamiento de sangre.
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Abogado, economista y periodista.