Bachillerato, necesario para revertir efectos de pobreza: Benjamín Robles

México, DF. 20 de diciembre de 2012 (Quadratín).-El acceso al bachillerato constituye un piso necesario para revertir los efectos de lo pobreza, desigualdad, exclusión y marginación de los mexicanos que ante la falta de oportunidades se quedan en el rezago, emigran en busca de trabajo o, “peor aún, se suman a las filas de delincuencia organizada”, asentó el senador perredista Benjamín Robles Montoya, durante la aprobación a reformas a la Ley General de Educación.
En sesión de este miércoles del Senado de la República, el congresista del PRD resaltó en tribuna que, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, quienes no concluyen la educación media superior quedan expuestos a un alto grado de vulnerabilidad social, reflejado en el bajo nivel de ingresos y en el alto grado de exclusión del desarrollo.
“La importancia de este ciclo de estudios es indiscutible, porque de su calidad, suficiencia, oportunidad, pertinencia y sobre todo cobertura y prestación del servicio obligatorio y gratuito por parte del Estado, depende la adecuada formación de las presentes y futuras generaciones de jóvenes que habrán de ingresar a la fuerza de trabajo o continuarán educándose como profesionales y técnicos especializados para contribuir al desarrollo científico y tecnológico del país”, destacó el parlamentario en nombre del Grupo Parlamentario del Sol Azteca.
El pleno ejercicio de este derecho, enfatizó el representante popular oaxaqueño, no se garantiza sólo asegurando la igualdad en las oportunidades de acceso al sistema educativo, sino que implica también el logro efectivo de la gratuidad para que los jóvenes que no tienen recursos puedan acceder a ella.
Cabe mencionar que por unanimidad, la Cámara de Senadores modificó diversos artículos de la Ley General de Educación para hacer efectivo el derecho constitucional a recibir educación media superior y que ningún joven en edad de cursar el bachillerato se quede sin la oportunidad de continuar sus estudios.
El dictamen, que reforma los artículos 3, 4, 9, 37, 65 y 66 y adiciona la fracción IX bis al artículo 12 y la fracción VI bis al 13 de la Ley General de Educación, se remitió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
Con estos cambios, el Senado concreta las reformas a la Constitución por las que se establece la obligación del Estado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda acceder a este nivel educativo, aprobadas por el Congreso y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de este año.
En el dictamen, que se avaló con 85 votos a favor, se dispone que “es obligación de los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad cursen la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior”.
Precisa que, además de impartir educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, el Estado atenderá –directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros o por cualquier otro medio– todos los tipos y modalidades educativos, incluida la enseñanza inicial, especial y superior, necesarios para el desarrollo de la nación.
Además, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.
Con las modificaciones a la Ley corresponde de manera exclusiva a la autoridad educativa federal coordinar un sistema nacional de bachillerato, que establezca un marco curricular común para este nivel educativo y con respeto al federalismo, la autonomía universitaria y la diversidad.
En tanto, las autoridades locales tendrán atribuciones para participar en la integración y operación de dicho sistema.
Se precisa que el tipo medio-superior comprende el nivel de bachillerato, los demás niveles equivalentes a éste, así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes.
Además, se organizará, bajo el principio de respeto a la diversidad, a través de un sistema que establezca un marco curricular común a nivel nacional y la revalidación y reconocimiento de estudios entre las opciones que ofrece este tipo educativo.
Del mismo modo, se especifica que son derechos y obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad, que satisfagan los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.