Carlos Ramírez/ Indicador Político

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Oaxaca, Oax. 12 de diciembre de 2012 (Quadratín).-Pese a los dardos verbales SEP-SNTE por la reforma educativa, la iniciativa fue planchada –mal que bien– en una reunión de cuatro horas el pasado viernes entre los más altos mandos del gobierno federal y el sindicato.
Hasta donde se tiene el alcance de la iniciativa, la evaluación educativa, la supervisión en las plazas y el acceso al sistema educativo forman parte de una necesidad de modernización para restablecer la relación educación-sistema productivo que se había perdido durante años, del conflicto magisterial de 1956 a la caída de Carlos Jongitud Barrios en 1989 y que la modernización salinista no se había atrevido a tocar.
De ahí que los verdaderos problemas del sistema educativo sean mucho mayores a las decisiones parciales que se haya tomado y algunos de ellos se potenciaron con “soluciones” que se transformaron en conflictos adicionales. El debate sobre la reforma educativa necesaria tendría que tocar cuando menos tres puntos esenciales:
1.- La reorganización de la estructura sindical. La descentralización educativa de Salinas de Gortari en 1992 cedió a los gobiernos estatales el manejo de los maestros, pero dejó latente la organización sindical nacional. Así, los gobernadores tienen que enfrentar una doble revisión contractual anual: la legal con el SNTE y la adicional con las secciones sindicales estatales. Salinas no modificó la estructura sindical nacional porque la necesitaba como aparato de control social de un millón de maestros y por desconfianza en la escasa capacidad de gobernadores para negociar con las secciones.
2.- La permanencia del sindicalismo como estructura de poder gremial y político y no como instrumento de mejora productiva de los sectores. El SNTE ha permanecido como problema en la medida en que se ha movido con autonomía política, a diferencia de los sindicatos petrolero o electricista que son un ejemplo de sumisión al poder. En el caso magisterial ha existido una lucha gremial histórica de confrontación con el Estado que los liderazgos de Robles Martínez, Jongitud y Gordillo sólo han administrado. El acuerdo de modernización de 1992 cometió el error estratégico de involucrar a la dirigencia del SNTE en los acuerdos, rompiendo la relación obrero-patronal.
3.- La educación en la Revolución Mexicana jugó el papel de aparato de control ideológico del proyecto político revolucionario-priísta e intensificó esa función en los años cincuenta cuando el proyecto revolucionario se bajo del caballo y enfrentó la toma de posiciones por el Partido Comunista Mexicano. La modernización salinista excluyó del PRI el concepto de Revolución, Estado y justicia social y las organizaciones corporativas tuvieron que perder su perfil político. Los maestros debían de ganarse salarios y bienestar a base de un mejoramiento en su preparación, no en las manifestaciones de apoyo al régimen priísta.
El modelo de desarrollo del gobierno priísta de Peña Nieto ya no necesita una estructura corporativa conformara por sindicatos-rémora, con bienestar de líderes y élites sólo en función de su dependencia del sistema político y del partido. La reactivación del desarrollo y las actividades industrial y agropecuaria requiere de mano de obra calificada, especializada, por lo que los sindicatos están condenados a regresar a formaciones gremiales de mejoramiento a cambio de productividad. El mensaje vino del modelo de desarrollo de Salinas de Gortari: mejoramiento productivo del nivel de vida, ya no una concesión del Estado a cambio de apoyo político y social.
El otro avance en la reforma educativa de Peña fue el que dejó entrever con el trato político público –a pesar de negociaciones en privado–: el Estado reasume la rectoría de la educación, anulando lo establecido por el Acuerdo de Modernización Educativa de 1992 a través del cual el SNTE y su dirigencia tenía coparticipación en la definición de los objetivos de la educación; ello había llevado a una constante confrontación entre el SNTE y algunas de sus secciones más activistas con el gobierno federal y gobiernos estatales, porque los sindicalistas ponían siempre por delante sus beneficios en salarios y prestaciones y autonomía en la elección de dirigencias seccionales. El intercambio siempre afectaba al Estado porque le reducía su margen de maniobra para la definición de estrategias educativas.
Este manejo de detalles estuvo detrás del estilo de la ceremonia de firma de la iniciativa de ley: el Estado –gobierno, poderes, partidos– en la representación del presidente de la república tomó la decisión de definir líneas educativas sin pasar por ninguna negociación con el sindicato nacional; ello quiere decir, cuando menos, que hasta ahora no parece haber ningún conflicto con la maestra Elba Esther Gordillo como presidenta del SNTE, a menos que del sindicato haya alguna reacción de resistencia contra una decisión del Estado.
La forma de operación política de la reforma educativa con reforma constitucional dibujó una parte del estilo del nuevo gobierno de Peña Nieto: recuperar la autonomía del Estado a través de lo que pudiera considerarse un quinazo light o incruento, sin conflictos ni violencia, sin movilización de policías ni tropas como en 1989. Al final de cuentas, la maestra Gordillo fue ascendida al SNTE en 1989 para ayudar a la modernización educativa, no para convertirse en otro poder autónomo.
Lo que viene ahora es un reacomodo sindical; la disidencia magisterial había pactado con el SNTE el control de secciones para negociar con fuerza con gobernadores. Sólo que la reforma educativa del Pacto por México tendrá efectos en los estados y obligará a las secciones disidentes a someterse a los nuevos lineamientos del Estado en materia educativa. Pero luego del mensaje del 1-D sobre protestas callejeras, el sindicalismo magisterial ya no podrá tan fácilmente tomar las calles por el alto costo de las consecuencias.
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