Carlos Ramírez/ Indicador Político

+ Peña 2012-2018: seguridad (1)
+ Disputa: hegemonía del Estado
México, DF. 26 de noviembre de 2012 (Quadratín).-El inicio del sexenio de presidente Enrique Peña Nieto tendrá en la seguridad el aspecto central de su gestión por la sencilla razón de que el fondo del problema localiza una disputa por el Estado entre las bandas criminales y el gobierno legalmente constituido.
No ha habido términos medios: los cárteles de la droga se asentaron en espacios territoriales del Estado para instaurar sus propias reglas y derogar las derivadas del Estado mexicano. Así, las bandas del crimen organizado crearon su propia administración pública, reglas políticas y legalidad. De ahí la importancia de la decisión del presidente Calderón de lanzar la ofensiva de seguridad contra el crimen organizado para recuperar las zonas del Estado expropiadas por los narcos.
El nuevo gobierno de Peña Nieto tendrá un escenario estrecho pero con posibilidades inexplotadas. Calderón enfatizó el combate contra las bandas criminales pero sin estrategias integrales de prevención ni de reinstalación de las leyes del Estado. De ahí que la estrategia se haya ahogado en el debate simplemente policiaco, de seguridad. Al discurso estatal le faltó la fundamentación política: la defensa del sistema democrático que los narcos han querido sustituir por el sistema de dominación por la violencia.
La definición de la estrategia de seguridad del gobierno de Peña Nieto tiene a la vista tres modelos de crisis de inseguridad en tres gobiernos estatales priistas: Tamaulipas, Michoacán y Veracruz. El primero representa el Estado recuperado, el segundo exhibe el Estado en disputa y el tercero es el Estado fallido.
Al terminar el sexenio del gobernador Eugenio Hernández Tamaulipas estaba en poder del crimen organizado; el propio mandatario se había replegado a sus oficinas; a ello se agregaban datos que surgieron después: la connivencia del propio gobernador con las bandas de narcotraficantes, El punto explosivo fue el asesinato, hace dos años, del candidato priista a gobernador Rodolfo Torre Cantú en una emboscada de los propios narcos.
En dos años, el gobernador Egidio Torre Cantú –hermano del político asesinado cobardemente– logró recuperar las partes territoriales en poder del crimen organizado. No fue una batalla fácil; con el apoyo del ejército expulsó a las bandas de zonas como San Fernando y Ciudad Mier. El gobernador operó también las partes política y social: inversiones y presencia. Del gobierno federal obtuvo sólo la ayuda en seguridad, no en educación, salud, empleo y bienestar.
En su segundo informe de gobierno la semana pasada, Torre Cantú exhibieron los logros pero también los desafíos: la lucha contra el crimen organizado no se agota en el combate a balazos sino que exige la restauración del Estado y su autoridad y la reinstauración de los tejidos sociales y políticos. El modelo Tamaulipas muestra la recuperación del Estado pero necesita de mayores apoyos federales.
En cambio, en Michoacán –recuperado por el PRI de manos del PRD– se presenta el Estado en disputa: las banas criminales se asentaron en la zona no sólo por la pasividad y complicidad de la sociedad y obviamente de las autoridades políticas, sino por el enfoque político de la izquierda al asumir la delincuencia como una expresión política. Lo grave en Michoacán se encuentra en lo que bien podría llamarse la narcocristiada, una alianza de bandas criminales con expresiones religiosas cristianas del medioevo. La definición de cárteles como Los Caballeros Templarios o La Familia Mexicana se basa en la utilización de la religión no sólo como forma de absorber a la sociedad sino como una manera de santificar el crimen.
El nuevo gobierno priista de Fausto Vallejo ha sido rebasado por la herencia de pasividad perredista en seguridad; de ahí el simbolismo de que el medio hermano del gobernador anterior Leonel Godoy, Julio César Godoy, haya sido ungido como diputado perredista a pesar de las evidencias de la PGR de que trabajaba para el narco, que haya sido destituido como legislador por esas pruebas y que hoy mismo sea un narcopolítico prófugo de la justicia. El desafío del nuevo gobernador priista radica en romper con esas complicidades político-criminales justificadas con la política y los derechos humanos.
Veracruz es el Estado fallido: la herencia del gobernador Fidel Herrera Beltrán fue el asentamiento del narco en el estado y el nuevo gobierno de Javier Duarte careció de un programa de reorganización de la seguridad. La criminalidad ha pegado en uno de los sectores más sensibles de la sociedad: los medios de comunicación que se dedicaron a denunciar la descomposición social y el auge de la criminalidad. Si Tamaulipas combatió el crimen hombro con hombro con el ejército y Michoacán parece decidido a quitarle el estado a los narcos, en Veracruz no existe una verdadera estrategia de seguridad.
El gobierno de Peña Nieto encontrará en estados gobernados por el PRI los prototipos de los saldos de la estrategia calderonista de seguridad. Si bien el objetivo fue combatir a los narcos, la estrategia se centró en lo policiaco y se olvidó de lo social y lo político: el desarrollo social, la educación, la salud, el trabajo, la empresa y la limpieza de los establos políticos.
En las versiones modernas de la ciencia política, el Estado es más que el monopolio de la fuerza que establecía Gramsci. El politólogo Alessandro Passerin D´Entrèves señala las tres tareas fundamentales del Estado; como fuerza, como poder y como autoridad, las tres que fueron conculcadas por el crimen organizado desde 1984. De ahí que no todo deba ser la reorganización administrativa o la concentración de fuerzas, sino el trabajo social y político que debe consolidar la recuperación de la soberanía del Estado en zonas territoriales expropiadas por el crimen organizado.
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