David Colmenares Páramo/ Signos y Señales/ Desalojos y justicia social

-Suicidios por deshausios en España
-Una expresión extrema de la crisis
-Los jueces del lado de la gente

”Lo que pasa en España sigue siendo lección. El tema de los desalojos, que ha provocado suicidios, manifestación del costo social de un política económica que desecha el mercado interno”

Oaxaca, Oax. 12 de noviembre de 2012 (Quadratín).-Una faceta más, con rostro humano, de la crisis española, que dispara el encono de los ciudadanos respecto al efecto social de la política económica, las propias leyes afines al Modelo y su impacto en el nivel de vida de la población. Los resultados son negativos: contracción del mercado interno, desempleo, disminución de prestaciones social y del salario de los trabajadores, apuesta al crecimiento del sector informal, reducción del gasto en salud y educación, ampliación del tiempo del retiro, impuestos y cargas regresivas para los ciudadanos como el pago de un euro por receta extendida a los jubilados y beneficios fiscales a las grandes fortunas. Que decir de las medidas impuestas a las Comunidades Autónomas, naturales en un País Unitario. Las reacciones han sido fuertes movilizaciones sociales, huelga general –viene una el 14-, protestas de los universitarios, de los jóvenes sin esperanza de obtener un empleo, los trabajadores e incluso las manifestaciones independentistas de Cataluña.
Que el Estado de Bienestar se agotó en España, es cierto, igual que su Pacto Fiscal, el rostro humano, sin comentarios.
Amaya Egaña era una mujer de 53 años, había sido consejal del PSOE en Barakaldo, donde contrato una deuda hipotecaria, siendo la garantía el propio departamento de 214.000 euros, un 75 % de capital y el resto de intereses, contratado con condiciones leoninas a La Caixa una de las cuatro Cajas de Ahorro integradas en Kutsabank. Desde hace 30 años trabajaba como Jefa de Recursos Humanos de la empresa de transporte interurbano de su localidad y aparentemente no tenia problemas económicos.
Sin embargo no era así, y cuando subían las escaleras los responsables de desalojarla de su departamento, ubicado en el 4º. Piso, Amaya se tiró al vacío y murió. Vivía con su marido y su hijo de 21 años, desencadenando una profunda indignación popular en toda España y en todos los sectores sociales.
Ni su familia ni los vecinos sabían de los adeudos, lo que demuestra la gran dignidad de Amaya, pero también su desesperación, que es la de los más de medio millón de familias han sido arrojadas de sus hogares o negocios en los últimos cuatro años y la de quienes se han suicidado en las últimas semanas.
“En el barrio de La Chana de Granada, un hombre se ahorcó en la frutería de su hermano cuando la comisión judicial le llevaba la orden para que dejara su casa. Otro se arrojó en Valencia por el balcón. La ley que regula esta injusticia, con 103 años de existencia, en beneficio de las entidades financieras, no ha sido modificada por ningún partido gobernante, a pesar de ese procedimiento tan agresivo de cobro, sin que se permita la dación en pago, como ocurre en Estados Unidos y en varios países europeos”. (El País. 10.11.12.)
La reacción ha sido unánime, lo mismo el alcalde de Santa Crúz en Tenerife, amenazó a la Bankia – el banco que profundizó la crisis- con retirar sus recursos, parando así incluso la huelga que una mujer venezolana llevaba a cabo al no poder pagar una hipoteca de 24 mil euros. Ya hay movilizaciones, pintas y reacciones de los partidos políticos.
Un sindicato de policías ya manifestó su protección a los que se nieguen a participar en desalojos, asegurando el líder que así contribuirán a evitarlos.
Hay una petición casi unánime para modificar la Ley hipotecaria: en una encuesta reciente casi el 95 % se pronuncia en ese sentido, lo mismo el PSOE y el PP, que se han puesto de acuerdo para parar los desalojos. En la Encuesta realizada por el País (11.11.12) se reclama al Banco Central por haber sido laxo en la supervisión de los créditos, muchos con riesgos evidentes, además del abuso, derivado del desconocimiento del deudor de lo que estaba firmando.
Finalmente 47 jueces decanos se pronuncian contra la legislación hipotecaria, reclaman Autonomía Presupuestal para el Poder judicial y manifiestan que muchos de ellos también pagan hipotecas. También más de cien magistrados usan fórmulas diferentes para aliviar los abusos de las instituciones bancarias.
*Auditor especial del Gasto Federalizado, en la ASF, Ha sido Presidente del Colegio Nacional de Economistas.

Foto:Ambientación