Carlos Ramírez/ Indicador Político

+ El PRI, el narco y las listas de EU
+ Tamaulipas: sombra de Yarrington

Oaxaca, Oax. 29 de octubre de 2012 (Quadratín).-A punto de regresar al poder presidencial, el PRI parece no querer resolver el expediente más delicado de los últimos tiempos, inclusive posterior a la derrota del 2000: las relaciones peligrosas con el crimen organizado.
El problema que enfrenta el PRI es doble: hacia el interior del partido, hacia la composición del equipo que asumirá las riendas del gobierno federal y, de manera sobresaliente, la lista estadunidense de políticos mexicanos con presuntas relaciones con el narcotráfico.
Dos estados de la república se encuentran en el centro del conflicto: Nuevo León y Tamaulipas, aunque ya no tanto por las acciones criminales de los narcos sino por los desajustes políticos internos: en Nuevo León existen maniobras priistas locales y de grupos dominantes de poder para relevar al gobernador Rodrigo Medina de su cargo; y en Tamaulipas, aliados y compadres del ex gobernador Tomás Yarrington, acosado por la justicia por relaciones con el narco, se quieren colar en el equipo del próximo presidente de la república.
El caso de Tamaulipas es el más grave para el PRI porque el punto culminante de la crisis del narcotráfico ocurrió con el asesinato en junio del 2010 del entonces candidato del PRI al gobierno del estado, Rodolfo Torre Cantú, luego el PRI logró la mayor votación para llevar al gobierno al hermano del político asesinado, Egidio Torre Cantú, más tarde Tamaulipas sufrió peor acoso panista por temas del narcotráfico en la elección federal de este año y ahora los personeros de Yarrington quieren colarse al equipo del próximo presidente de la república para volver a convertir a Tamaulipas en un botín político.
Hasta ahora, los servicios de inteligencia política han detectado en Tamaulipas el activismo del ex diputado federal Baltazar Hinojosa Ochoa, sin brillo propio pero vinculado al grupo de poder del ex gobernador Yarrington, a quien lo unen dos compadrazgos. Pero esa movilidad ha ido desequilibrando las precarias alianzas estatales y con ello ha estado facilitando el asentamiento del PAN como fuerza local dominante.
El problema de Hinojosa Ochoa radica no sólo en su formación política al lado de Yarrington, sino al hecho de que Yarrington ha aparecido en expedientes filtrados desde los Estados Unidos no tanto por la veracidad de sus sospechas sino como parte del estilo de Washington de hacerle llegar al presidente electo, desde los tiempos de López Portillo, fichas de políticos con vinculaciones serias o simplemente de relaciones dudosas con el narcotráfico, a fin de que los nuevos gobiernos pongan más atención en la selección de funcionarios.
La filtración del expediente de Yarrington formó parte de esas maniobras. Por tanto, en las oficinas de inteligencia y seguridad nacional de los EU le han dado seguimiento a las relaciones de poder. Ahí es donde se ha prendido la alarma en torno a Hinojosa Ochoa, sobre todo por formar parte de la red de funcionarios vinculados a Yarrington.
Apenas en agosto pasado, el periódico Reforma publicó una lista de presidentes municipales que habrían recibido dinero del crimen organizado, sobre todo del cártel del Golfo, y casi todos ellos de la zona fronteriza de Tamaulipas con los EU. Respecto a Matamoros, un testigo reveló que Hinojosa Ochoa, presidente municipal de Matamoros en el periodo 2005-2007, formaba parte del círculo de Yarrington, ambos originarios de esa misma ciudad. Ante esa revelación, aún diputado federal, Hinojosa Ochoa negó cualquier relación con el narcotráfico. Sin embargo, ni las autoridades judiciales ni el gobierno mexicano realizaron alguna investigación adicional para verificar la veracidad de la denuncia.
De todos modos, el caso de Hinojosa Ochoa formó parte de una lista caliente de colaboradores, amigos y aliados políticos del ex gobernador Yarrington. Y si hasta ahora no se tienen más datos de investigaciones sobre las redes políticas de poder del cártel del Golfo, las sospechas en los EU seguirán asentadas hasta en tanto no se aclare el caso del ex gobernador Yarrington. Algunas fuentes priístas consideran que el gobierno de Peña Nieto tendrá que darle seguimiento a la denuncia originada en los EU.
Los casos de Tamaulipas y Nuevo León tienen derivaciones del pasado reciente en los grupos políticos dominantes. Sin embargo, forman parte de los expedientes calientes que tendrá que atender sin dilaciones el gobierno de Peña Nieto, sobre todo por el hecho de que esas fichas entregadas cada inicio de gobierno se pueden convertir en factores de presión estadunidense.
En los casos de Tamaulipas y Nuevo León, los investigadores estadunidenses han otorgado especial atención sobre todo a las redes de poder de los políticos presuntamente involucrados con alianzas con el crimen organizado. Ahí se localiza el principal peligro porque implica ya no tanto la violencia de las bandas criminales, sino la complicidad del sistema de gobierno que ha impedido alguna solución. No es gratuito que en los dos estados sigan existiendo complicidades políticas, muchas de ellas aún no detectadas.
De ahí que la principal inquietud en Washington sea que algunas personas sospechosas de relaciones peligrosas con la criminalidad puedan colarse en posiciones de poder en la nueva administración. Pero el nuevo gobierno priista debe ser el primer interesado en evitar la contaminación de personajes que aparecen en las listas estadunidenses.
En este contexto, el nuevo gobierno priista debe tener claro el hecho de que gobiernos estatales gobernados por el PRI –Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas y Michoacán– se encuentran metidos en problemas de narcotráfico y tengan tantos problemas derivados no tanto de la violencia sin control sino de las redes del crimen organizado con espacios políticos de poder. De ahí la importancia para el PRI de limpiar las listas estadunidenses.
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