Carlos Ramírez / Indicador Político / Protesta social y Estado fallido

+ Protesta social y Estado fallido
+ Inestabilidad contra Peña Nieto
Oaxaca, Oax. 23 de octubre de 2012 (Quadratín).-La crisis de violencia en Michoacán no debe extrañar; más bien, se debe insertar en el análisis en movimientos sociales antisistémicos que primero combatieron al PAN en el poder y hoy van contra el PRI, pero que han demostrado incapacidad para ganar el poder por la vía electoral.
Se trata de movimientos de inestabilidad dentro de los sindicatos de empresas o servicios del Estado pero para consolidar su autonomía del Estado, constituyendo lo que Manuel Camacho definió en 1974 como feudos de poder. Son –lo mismo en seguridad con el crimen organizado, que en lo político respecto a Pemex, maestros normalistas o la iniciativa laboral– de grupos que no benefician a la sociedad sino que aprovechan su dominio para beneficio propio.
Los problemas en Michoacán no estallaron por el desalojo policiaco de instalaciones educativas ocupadas por normalistas y profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sino por la decisión del gobierno federal de replantear la formación educativa de los normalistas con una reforma curricular. Los normalistas se opusieron y decidieron pasar a la lucha contra la decisión gubernamental.
Los espacios de autonomía de organizaciones sociales –y más en áreas del Estado y no de la empresa privada– constituyen, en sentido estricto, una expresión del Estado fallido, es decir, zonas en las que el Estado no gobierna y el dominio corresponde a un sector que defiende antes que nada intereses de grupo sin pensar en los sociales.
El escalamiento de la crisis en Michoacán forma parte de una estrategia de desestabilización política y social de una zona de la república porque su intención no es la de negociar la aplicación de la reforma curricular para la formación de maestros normalistas sino la de evitar la decisión del gobierno a costa de imponer la violencia en zonas del Estado. En el fondo, la reforma curricular está diseñada para aumentar la preparación educativa de los futuros maestros, pero resulta que la educación pública en sus diferentes niveles fue desviada hacia la preparación de combatientes sociales de espacios políticos.
La reforma salinista del Estado, la neoliberalización de las políticas públicas y la alternancia panista en la presidencia de la república durante doce años plantearon el punto central de todo proceso de transición política: la reformulación de las relaciones sociales, antes controladas y dominadas por el Estado priísta, luego para autonomizarse del gobierno panista y hoy para condicionar su relación con el regreso del PRI a la presidencia.
A lo largo de treinta años, de 1982 a la fecha, los sectores sociales organizados del Estado plantearon su autonomía relativa de ese Estado y conquistaron feudos de poder con dinámica propia, primero por sí mismos, luego al margen del Estado y ahora en contra del Estado que sería su contraparte patronal o de subordinación. Por eso es que la reacción es violenta cuando el Estado en forma de gobierno asume decisiones en función de ser la parte contratante.
Los trabajadores de la educación pública fueron, en los tiempos del priísmo, los apóstoles del proyecto ideológico de la Revolución Mexicana y por eso formaban una de las principales columnas del PRI. Pero cuando Salinas de Gortari liquidó el proyecto de las Revolución al sacarla de los documentos del PRI, entonces los maestros se asumieron como proletariado autónomo. Sólo que en función de su papel intelectual como maestros, derivaron en movimientos antisistémicos, en confrontación con el Estado que no sea el que ellos quieren y ahora articulados al proyecto neopopulista de Andrés Manuel López Obrador.
El espacio intermedio entre la imposición y el rechazo es el de la negociación; pero de sobra se sabe que el gobierno carece de fuerza para negociar reformas en la educación y los maestros repudian cualquier intento de subordinación al Estado. Si las cosas se mantienen como tal, la única salida al nudo político-sindical en el sector educativo sería la privatización y que entonces los maestros negocien con las reglas obrero-patronales. Pero como el gobierno ya decidió la reforma curricular y los normalistas pasaron a ocupar las escuelas y el gobierno utilizó la policía, ahora la solución ya no puede ser negociada sino de autoridad. Y los normalistas tendrán que pagar el costo de su confrontación: pasar de “la lucha es el camino” a “presos políticos, libertad”.
El escenario mayor tiene que ver con la guerra de posiciones con miras al cambio de gobierno y, en este caso, cambio de partido en el poder ejecutivo. Los sectores que se fortalecieron con autonomía relativa del Estado en los últimos treinta años no quieren regresar a ser piezas de la estructura de poder del PRI. Por eso es que van a seguir escalando la violencia y a interrelacionarla con otras agendas y otras plazas.
La clave de la configuración de una alianza antisistémica –SME, YoSoy132, normalistas, CNTE, Atenco, EPR y otros– tiene que ver con la organización del partido Morena de López Obrador como organización antisistémica para luchar en las calles lo que no pueden ganar en las urnas institucionales. Y todo ello antes de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente de la república y pieza fundamental del regreso del PRI al poder presidencial, luego de la derrota de López Obrador en las urnas.
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