Debe Oaxaca modificar la Ley Estatal de Protección Civil

Oaxaca, Oax. 19 de agosto 2012 (Quadratín).- El estado de Oaxaca tendrá que realizar las adecuaciones necesarias para empatar la Ley Estatal de Protección Civil con los lineamientos de la nueva Ley Federal en esta materia promulgada por el presidente Felipe Calderón en junio pasado.
Tras informar lo anterior, el director del Instituto Estatal de Protección Civil (IEPC), Felipe Reyna Romero señaló que en lo que corresponde a movimientos telúricos y dado la ubicación de la entidad en una franja sísmica, en Oaxaca se registran en promedio cuatro temblores diarios, la mayoría en la zona de la Costa.
”El Servicio Sismológico Nacional ha registrado hasta hoy más de tres mil sismos, de los los cuales en nuestro estado se han generado una tercera parte de ellos”, puntualizó.
Ante ello, afirmó en entrevista que al paso de los años en la entidad oaxaqueña la cultura de la autoprotección poco a poco ha hecho conciencia en aquellos que han vivido y han sentido el poder de la naturaleza.
El titular del IEPC mencionó que los acontecimientos que se presentaron este año con el sismo de 7.6 grados en la escala de Richter del 20 de marzo, el huracán Carlotta y el reciente Ernesto dejaron daños significativos en la entidad que aún continúan siendo atendidos.
En este sentido, Reyna Romero resaltó que la mejor manera de enfrentar los desastres naturales es estar preparados.
Entre otros aspecto, la nueva Ley General prevé la integración de un Atlas Nacional de Riesgos, a partir de los correspondientes en cada entidad federativa y en cada municipio del país, en los que se identifiquen con claridad las zonas de mayor riesgo para cada tipo de fenómeno natural.
Establece como responsabilidad del gobierno federal y de los gobiernos de los estados atender los efectos negativos provocados por fenómenos climatológicos extremos en el sector rural.
Asimismo, ordena a los gobiernos estatales y del Distrito Federal a contratar seguros y demás instrumentos de administración y transferencia de riesgos para la cobertura de daños causados por un desastre natural en los bienes e infraestructura de sus entidades federativas.
Foto: Ambientación