Cipriano Flores Cruz / Norte Electoral (XXVI) / La Justicia Electoral

Oaxaca, Oax. 21 de julio 2012 (Quadratín).- En los procesos electorales debemos de determinar una etapa que no está configurada en la Ley, esto es, la etapa del conflicto poselectoral. Es evidente que el conflicto poselectoral es originado por la valoración que hace el partido perdedor o en su caso, el candidato perdedor, ya sea del proceso electoral en su conjunto o de algunas de las etapas últimas que pueden ser lo que ocurre en la jornada electoral, en los cómputos distritales o la resolución de los tribunales respectivos.
También se evidencia que el conflicto poselectoral tiene un sentido más político que jurídico, ya sea para darle una salida a la situación del partido perdedor y de su candidato, ya sea para una justificación ante la opinión pública del fracaso del partido o del candidato o para ejercer presión a los órganos que deben de impartir la justicia electoral. Su sustancia jurídica puede ser considerada de menor importancia, pues es bien cierto que cuando se tienen las pruebas suficientes para anular una elección, no hay necesidad de legitimarla en la opinión pública, simple y llanamente se presenta ante las autoridades y punto.
Las diversas anomalías que se aducen para impugnar una elección son tan diversos en extensión y contenido que algunos rayan en lo inverosímil; recuerdo que siendo autoridad electoral, en el municipio de Magdalena Tequisistlán el PRI pierde por un voto ante el PRD y habiendo dado todas las garantías de un proceso equitativo e imparcial, los priístas toman el Instituto Electoral con el argumento de que el voto que hacía la diferencia era la de un salvadoreño; cómo no recordar el caso de Juchitán en donde la nulidad de una casilla hacía triunfar a uno o a otro candidato, si la casilla era anulada ganaba el PRD en caso contrario ganaba el PRI, evidentemente el PRD presionó sin razones jurídicas, para la nulidad en dicha casilla; cómo no recordar también que un municipio con sólo 4 casillas algunos partidos buscaban reventar por lo menos dos casillas para anular la elección. Con esto queremos decir que la búsqueda de nulidad de una elección tiene más sentido político que jurídico.
Sin embargo, habría que reconocer que hemos avanzado enormidades sobre el manejo del conflicto poselectoral, poco a poco los partidos han ido aceptando las resoluciones de los tribunales encargados de impartir justicia en la materia, los partidos han abordado más a los tribunales y no a las calles. También hay que decirlo que el Tribunal Federal ha ido adquiriendo mayor confianza de los partidos y electores que los tribunales estatales, regularmente controlados por los partidos en el poder.
De acuerdo a la Constitución de 1917 correspondiente al artículo 97 señalaba en materia de justicia electoral que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podía nombrar a alguno o algunos de sus miembros o algún Juez de Distrito o Magistrado de Circuito o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgara conveniente o lo pidiera el Ejecutivo Federal o alguna de las Cámaras de la Unión o el Gobernador de algún Estado, únicamente para que averiguara algún hecho o hechos que constituyeran la violación de voto público. En primer lugar, es de observarse que la comisión de personas para que atendieran una posible violación del voto público era a petición del Presidente de la República de alguna de las Cámaras o incluso de algún Gobernador, era evidente que los candidatos opositores estaban inermes ante la necesidad de justicia electoral de acuerdo a la disposición anterior.
Fue hasta en 1977, es decir, después de 60 años que se reformó el artículo de referencia para facultar a la Suprema Corte a que practicara de oficio la averiguación de algún hecho o hechos que constituyeran la violación del voto público, pero ojo, sólo en los casos en que a su juicio pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección de alguno de los Poderes de la Unión. Además, los resultados de la investigación, pues la decisión de la Suprema corte no era concluyente, debía hacerlos llegar oportunamente a los órganos competentes del Poder Legislativo, esto es, a los Colegios Electorales respectivos.
Al mismo tiempo se reformó el artículo 60 de la Constitución para modificar el sistema de calificación de diputados transfiriéndolo parcial o excepcionalmente del Poder Legislativo al Poder Judicial, pues en la calificación procedía el recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra las resoluciones del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados. Diez años después, esto es, en 1987 se reforma el artículo 60 para establecer los medios de impugnación para garantizar que los actos de los organismos electorales se ajustaran a lo dispuesto por la Constitución y las leyes, así se ordena que se instituyera un Tribunal que tuviera la competencia que determinara la Ley, las resoluciones del Tribunal llamado de lo Contencioso Electoral, no eran definitivas puesto que los Colegios Electorales eran los encargados de calificar la elección, es hasta 1990 donde se establece, de acuerdo al artículo 41 de la propia Constitución, el Tribunal Federal con la debida autonomía para dar definitividad a la legalidad de los procesos electorales. Como podemos observar en materia de justicia electoral hemos caminado de manera lenta y pausadamente.
Antes de 1946 eran los ciudadanos los que hacían la promoción de la nulidad de la votación de casillas de la elección de Diputados o Presidente de la República, así como a partir de 1874 la nulidad de Senador de la República. De 1946 a la fecha se deja a los partidos políticos la exclusividad para impugnar las elecciones lo que nulifica la presencia de los ciudadanos ¿no sería posible regresar a que los ciudadanos tengan ese derecho de impugnar los resultados de las elecciones?.