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Fundamental fortalecer el civismo y la convivencia pacífica: Segob
Oaxaca, Oax. 30 de mayo 2012 (Quadratín).- Con el propósito de establecer reglas mínimas de comportamiento cívico que garanticen el respeto a las personas, los bienes públicos y privados, así como regular el funcionamiento de la administración pública del estado, el diputado local, David Mayrén Carrasco, envió este miércoles la iniciativa para crear la Ley de Cultura Cívica del Estado de Oaxaca.
En sesión ordinaria de la Diputación Permanente de la LXI Legislatura local, realizada este miércoles, el legislador de la fracción parlamentaria del PRI, presentó esta propuesta con la que se pretende fomentar una cultura cívica entre los oaxaqueños.
En entrevista, el diputado por el distrito de Pinotepa Nacional, señaló que en los últimos años, se advierte un deterioro de los valores humanos, morales, sociales, culturales y cívicos, de ahí la importancia de que exista un marco legal que regule todas aquellas conductas que lastimen el tejido social y que actualmente no están contempladas en el marco legal de nuestra entidad.
Desafortunadamente, con frecuencia percibimos la carencia de respeto en todas sus manifestaciones a las personas, a los bienes públicos y privados, a la autoridad, a las instituciones y a las normas, por lo que resulta necesario una ley de esta naturaleza, recalcó.
Mayrén Carrasco dijo que la trascendencia de una cultura cívica, que fomente el respeto a los demás, tendrá como efecto la reducción de los índices delictivos y violencia social en la que hoy estamos inmersos. El propósito es procurar la convivencia armónica de los habitantes del Estado y sus municipios, bajo los valores, principios y hábitos de solidaridad y corresponsabilidad de los miembros de una comunidad, explicó.
Cabe destacar que la Ley de Cultura Cívica, turnada a las comisiones unidas de está compuesto por un catálogo de infracciones, la descripción de las faltas cívicas, el procedimiento para la actuación de la policía municipal, un instrumento de identificación administrativa que dará mayor certeza al juez para la imposición de sanciones, así como la obligatoriedad de incluir en los programas de formación policial la materia de Justicia Cívica.