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Oaxaca, Oax. 04 de mayo 2012 (Quadratín).- Para el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó sin analizar ni discutir el fondo del asunto y amparándose únicamente en el supuesto jurídico de que tal asunto sería facultad del Senado de la República, la solicitud de admitir las Controversias Constitucionales presentadas por los municipios indígenas zoques de San Miguel y Santa María Chimalapa.
La red civil encabezada por las autoridades comunales chimalapas, e integrada por un centenar de grupos ecologistas, conservacionistas, académicos y artistas, externó su preocupación e indignación la insensibilidad política, social y ecológica que priva en la más alta tribuna de justicia del país.
El comité consideró que una cosa son los límites estatales de Oaxaca y los límites de los municipios de San Miguel y Santa María, así como la invasión de los mismos por parte del gobierno chiapaneco, respaldando y brindando impune cobertura a ilegítimos intereses madereros, ganaderos y privatizadores de los bienes naturales, y otra muy distinta, los límites del ancestral territorio comunal chimalapa, mismo que tiene carácter federal.
Las cuales han sido reconocidos, tanto por la corona española (marzo de 1687) y por el México Independiente (1850), como por las Resoluciones Presidenciales de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales, emitidas en marzo de 1967, en base a las cuales, las autoridades comunales de San Miguel y Santa María Chimalapa ganaron dos recientes amparos de carácter federal, que mantiene la prohibición al gobierno del estado de Chiapas, de efectuar cualquier acción jurídica, administrativa ó de inversión en territorio comunal.
Sin embargo, hoy día nos preocupa que, alentados por esta insensible indecisión de la Suprema Corte, el gobierno de Chiapas y los ilegítimos intereses que éste respalda, profundicen su campaña de agresiones y provocaciones a las comunidades chimas, así como aceleren sus acciones depredadoras, poniendo en riesgo una vez más la paz social, la integridad territorial zoque y los invaluables bienes naturales comunes de la región más biodiversa de México y Mesoamérica.
Por lo que hicieron un llamado a todas las instancias y niveles del Estado y gobierno mexicano, a intervenir de forma urgente, honesta y responsable, en pro de una solución definitiva apegada a la justicia y al derecho.