Ernesto Villanueva / Seguridad nacional, transparencia y Estado de derecho

Oaxaca, Oax., 13 de noviembre de 2011 (Quadratín).- Los días 10 y 11 de noviembre pasados, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) organizó el segundo Seminario Internacional sobre Derecho de la Seguridad Nacional en el Hotel Marquis Reforma, de la Ciudad de México, al que fue convocado como asistentes un grupo de tomadores de decisiones en la temática incluyendo a una porción testimonial de académicos. Desde hace dos meses, el CISEN me invitó a participar como conferencista con un texto sobre seguridad nacional y transparencia. Asistí al encuentro. Y expresé mi verdad. En esa oportunidad expuse tres grandes preocupaciones que tengo sobre el manejo de la seguridad nacional.
Primera. La noción de seguridad nacional es, en principio, un concepto jurídico indeterminado. No hay, en consecuencia, un significado de validez universal.
Depende de la idea de Estado y de bienes jurídicos que deben protegerse se puede tener una noción funcional de seguridad nacional. En México, la idea de seguridad nacional constituye una excepción amplia del derecho a saber. En las democracias consolidadas esa percepción es distinta. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que: “La seguridad ha sido desde siempre una de las funciones principales de los Estados. Indudablemente, con la evolución de los Estados autoritarios hacia los Estados democráticos ha ido evolucionando también el concepto de seguridad.
El concepto de seguridad que se manejaba antes se preocupaba únicamente por garantizar el orden como una expresión de la fuerza y supremacía del poder del Estado. Hoy en día, los Estados democráticos promueven modelos policiales acordes con la participación de los habitantes, bajo el entendimiento de que la protección de los ciudadanos por parte de los agentes del orden debe darse en un marco de respeto de la institución, las leyes y los derechos fundamentales. cuando en la actualidad hablamos de seguridad no podemos limitarnos a la lucha contra la delincuencia, sino que estamos hablando de cómo crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas. (CIDH. Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, p.6) En el Perú, que cuenta también una ley de acceso a la información, el Tribunal Constitucional de ese país ha indicado que “”el sólo hecho de que una norma o un acto administrativo atribuya o reconozca la condición de seguridad nacional a una información determinada, no es razón suficiente, en términos constitucionales, para denegar el acceso a la misma; por el contrario, es siempre indispensable examinar si la información calificada como reservada reviste realmente o no tal carácter, acudiendo para tal efecto al principio constitucional de razonabilidad” (Expediente Nº 950-00-HD/TC). En suma, no todo aquello que sea objeto de seguridad nacional debe ser clasificado como reservado, sin antes someter esa información a un análisis casuístico de ponderación y razonabilidad que impida hacer público aquello que debe mantenerse en sigilo ni tampoco mantener en sigilo aquello que debe ser público.
Segunda. La aprobación de la Ley de Seguridad Nacional en el año 2005 con el compartible propósito de crear contrapesos que permitan acotar la discrecionalidad de acciones del CISEN en tanto tengan frente a sí a una Comisión Bicamaral del Congreso de la Unión a la que deban rendir cuentas de sus actuaciones. La noción aplicada de “rendición de cuentas” se refiere a la relación basada en la obligación de demostrar y ser responsable por el desempeño derivadas de las expectativas acordadas. El diseño normativo previsto en la Ley de Seguridad Nacional genera, por desgracia, más dudas que certezas. En efecto, el artículo 5 ofrece 12 hipótesis como amenazas a la seguridad nacional, y en el artículo 6 de definiciones no se definen conceptos como inteligencia, contrainteligencia, entre otros.
En la misma tesitura, la propia Ley limita el derecho a saber de los legisladores para poder evaluar el ejercicio de programas y acciones de la Administración Pública Federal. Los legisladores tienen un derecho de acceso menor en su calidad de representantes de la comunidad que los propios gobernados. Así, por ejemplo, los acuerdos parlamentarios para conocer determinada información o documentación que generalmente se hacen a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal son, en realidad, llamadas a misa, porque carecen de efecto vinculatorio alguno. El candado se encuentra en las limitaciones para ejercer un escrutinio mayor que extrañamente siguen vivas en el artículo 45 numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Si el Congreso no puede lo menos, lógicamente no puede lo más. Es de llamar la atención cómo la reciente Ley de Seguridad Nacional del 2005 creada con el propósito de sujetar a los servicios de inteligencia a los intereses del país y al control parlamentario en realidad se queda en buenas intenciones. Los servicios de inteligencia deben regirse por “los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación”, según reza el artículo 4 de la citada ley. El gran problema reside en que la propia normativa no dispone de los mecanismos para verificar ese cumplimiento. ¿Cómo asegurar que estos organismos realmente cumplen una función de Estado y no una defensa de intereses ajenos a los legítimamente previstos para mantener el Estado de derecho y la integridad del Estado nacional?
La respuesta debe apuntar al Congreso. La ley de seguridad nacional dispone de un título dedicado al control legislativo de los servicios de inteligencia, particularmente del CISEN. El artículo 56 de la ley referida dispone que: “Las políticas y acciones vinculadas con la Seguridad Nacional estarán sujetas al control y evaluación del Poder Legislativo Federal, por conducto de una Comisión Bicamaral integrada por 3 Senadores y 3 Diputados.” Todo ello es en realidad una mera ilusión óptica. La Comisión Bicamaral únicamente recibirá la información que tenga a bien informarle el CISEN, habida cuenta lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley de Seguridad Nacional que prescribe: “Los informes y documentos distintos a los que se entreguen periódicamente, sólo podrán revelar datos en casos específicos, una vez que los mismos se encuentren concluidos. En todo caso, omitirán cualquier información cuya revelación indebida afecte la Seguridad Nacional, el desempeño de las funciones del Centro o la privacidad de los particulares. Para tal efecto, ningún informe o documento deberá revelar información reservada.” En otras palabras, la comisión bicamaral prácticamente tiene las mismas posibilidades de acceso y fiscalización que cualquier persona de a pie.
Tercero. Se sabe que no sólo la delincuencia organizada, sino gobiernos estatales, sindicatos, agrupaciones e incluso algunos ayuntamientos están pertrechados de equipos de espionaje y existe un mercado negro de la información para todos los fines sin más límites que la imaginación de esos operadores, sin que nadie diga ni haga nada. Por ello debe haber una normativa puntual que evite la liberalización de este discreto pero eficaz mercado que en México día con día crece y puede volverse un problema de gobernabilidad, para que algún día pueda tener el monopolio fáctico de los servicios de inteligencia del país, del cual hoy carece. Esos son los puntos finos de la agenda pendiente, a los que habría que atender ya.
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