Carlos Ramírez / Indicador político

+ ¿Son los narcos como el EZLN?
+ ¿Solalinde como el Samuel Ruiz?
Oaxaca, Oax., 31 de julio 2011 (Quadratín).- Rebasados por la violencia, algunos sectores sociales y políticos están apostando a la propuesta de pactar una “paz digna” con el crimen organizado como si fuera la solución casi mágica.
El columnista Román Revueltas, en Milenio, hizo un intento ayer de tratar de aterrizar un escenario de cómo sería la negociación. El tema da para mucho más y tiene como referencia la negociación de la paz con el EZLN en 1994, luego de que la guerrilla zapatista le declaró la guerra al ejército mexicano, pidió la renuncia del presidente de la república y anunció el avance guerrillero con armas hacia el DF. Luego de diez días de combate, el ejército derrotó a la guerrilla y Salinas fue presionado dentro del gabinete y a través de una marcha callejera a negociar la paz.
El modelo de la negociación con un grupo armado que lucha fuera de la legalidad es conocido. Sólo que hay un peligro: el EZLN exigió ser reconocido como una “fuerza beligerante”, noción reconocida por la ONU a grupos que controlan partes sustanciales del territorio de un Estado y han establecido formas especiales de gobierno, lo que les da pauta hasta para tener un embajador. El gobierno mexicano se negó a dar ese pasó. Con todo, el EZLN era un grupo guerrillero, de tipo político.
En Colombia, en cambio, las FARC se convirtieron en aliadas de los narcos y conformaron una narcoguerrilla. Pero en lugar de la condición de fuerza beligerante, el gobierno de los EU les aplicó la etiqueta de grupo terrorista. Las FARC nunca pudieron diferenciar sus labores de alianza con el narco de sus planes de fundar un nuevo sistema político socialista en el país.
Salinas negoció con el EZLN, vía Manuel Camacho, un paquete de casi cuarenta puntos, excluyendo el de la renuncia del presidente de la república por ilegítimo. Zedillo, en cambio, realizó una negociación más formal que se convirtió en un modelo de negociación política con grupos armados. De aplicarse este modelo para negociar con los narcos, los pasos serían previsibles.
1.- Aprobar una ley para la negociación de la paz con los cárteles y aprobarla en el Congreso por todos los grupos parlamentarios. En esa ley tendría que reconocer que los narcos forman un grupo social que lucha por objetivos de mejoramiento del bienestar de los mexicanos.
2.- Crear una NarcoCocopa, comisión plural de legisladores para vigilar la negociación; del lado del gobierno habría un grupo negociador.
3.- Decretar una ley de amnistía que considere a los narcos como combatientes sociales, aunque equivocados. Las leyes anteriores señalaron claramente amnistía para quienes no hubieran cometido asesinatos. Asimismo, habría decretarse la libertad de policías y militares presos por acusaciones de violación de derechos humanos: amnistía para todos.
4.- Establecer específicamente con qué grupos se negociaría y aclarar si lo negociado sería para grupos similares aun cuando no asistan. De hecho, los dos grupos principales serían el cártel del Pacífico y el grupo de los Zetas; por tanto, sus dos jefes deberían estar presentes, debidamente amnistiados: Joaquín El Chapo Guzmán y Heriberto Lazcano El Lazca, dos de los criminales más crueles.
5.- Los narcos deberán comprometerse a abandonar las armas y las drogas o, en el mejor de los casos, entregarlas. Asimismo, los jefes narcos podrán circular, sin armas, por todo el territorio nacional e, inclusive, como el EZLN, tener acceso a la tribuna del Congreso para expresar sus ideas.
6.- El lugar de la negociación sería un problema a resolver. Pero serviría la experiencia de Chiapas, donde el obispo Samuel Ruiz protegió a los guerrilleros y prestó la catedral de San Cristóbal para las pláticas de paz. Como el sacerdote Alejandro Solalinde –formado en El Yunque panista de ultraderecha– ya se hincó para pedirle perdón a los Zetas porque dijo que eran víctimas del ogro estatal, entonces el albergue de Solalinde en Ixtepec, en el istmo Oaxaca, podría ser un buen lugar para las pláticas de paz.
7.- ¿Qué negociar? El EZLN tenía una larga lista de agravios contra indígenas y una enorme lista de solicitud de programas sociales porque la tesis zapatista era sencilla de explicar: la miseria de los indígenas era producto del modelo explotador de capitalismo. Por tanto, la agenda del EZLN era de justicia social. La agenda de los narcos es otra: libertad para sembrar, procesar y vender droga, libertad para comercializar la droga, libertad de consumo para sus productos y libertad para vender protección a negocios. Los narcos podrían negociar zonas rojas de droga en algunas partes de la república.
8.- En la agenda de los Acuerdos de San Andrés, el EZLN introdujo el concepto de “naciones indias” autónomas, con lo que se balcanizaría la república.
Los narcos podrían aspirar a lo mismo: zonas de presencia y dominio por parte de los carteles. Si el EZLN quería el gobierno en zonas de mayoría indígena, los narcos podrían exigir la autonomía de municipios donde ya tienen el control por la vía de la violencia.
Pero como los narcos son criminales, carecen de objetivos sociales y sólo hablan el lenguaje de la violencia, el camino más corto sería el de profundizar la estrategia de seguridad y mantener el objetivo de arrestar, juzgar y sentenciarlos.
A menos, claro, que la negociación de una “tregua” y una “paz digna” sea el camino para entregarles el gobierno y el poder a los cárteles de la droga como una forma de aplicar la doctrina Solalinde de pedirles “perdón” a los Zetas, los mismos que causaron la tragedia del Casino Royale, porque “les hemos fallado y (los Zetas) también son víctimas de una sociedad enferma que no supo darles apoyo, que no supo darles valores”.
Además, opino que Javier Sicilia y su movimiento y desde ahora la UNAM el rector José Narro deben pedirle directamente la rendición incondicional a Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada, Heriberto Lazcano El Laza, Servando Gómez La Tuta, Juan José El Azul Esparragoza, Vicente Carrillo Fuentes y exigirles la entrega de su arsenal de armas, para ser juzgados como responsables de la violencia criminal en el tráfico de drogas.
(Diario Político 2012 de Carlos Ramírez en www.grupotransicion.com.mx)
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