Samael Hernández Ruiz / Por una democracia sin partidos

Samael Hernández / Colaboración
Oaxaca, Oax. 2 de abril 2011 (Quadratín).-Aunque es difícil imaginar una democracia sin partidos políticos, creo que sería lo mejor para México. Los partidos en nuestro país se han convertido en empresas políticas al servicio de algunos grupos de interés; en ciertos casos, esos grupos de interés pelean por monopolizar la dirección de alguna de las empresas-partido y en otros, simplemente tienen el control absoluto.
Dueños de las empresas-partido, los grupos de interés sólo pretenden establecer las condiciones adecuadas que les permitan mantenerse en el poder; ya no es su interés gobernar un municipio, un estado o el país, y menos su prioridad. Esto explicaría la ausencia de proyectos políticos, de iniciativas de reforma, y la falta de impulso para sacar a México de la situación donde se encuentra.
Esos mismos grupos de interés, luchan por controlar nuestra economía, invaden los medios de comunicación y pactan con las jerarquías religiosas para hacer de las suyas. En México no sólo presenciamos una encarnizada lucha entre clases, sino el extremo fortalecimiento de ciertos grupos de interés dentro de las clases dominantes. El Estado mexicano ha sido sometido a la dinámica de fortalecimiento de estos grupos, mismos que tienen un sentido de crecimiento negativo: no incrementan sus membrecías, sino son cada vez más excluyentes.
Las empresas-partido, controladas por los grupos de interés, han centrado su atención primero, en monopolizar el sistema de elecciones: son ellos los que tienen las patentes de corzo para postular candidatos, son ellos quienes tienen facultades para poner y quitar a los representantes en los órganos electorales y son ellos los que manejan todo el dinero, que en forma de prerrogativas, sirve para hacer las campañas electorales.
El PRI nos enseñó cómo un partido monopoliza el poder. Durante más de setenta años México vivió el carnaval político que representó el priismo, y en lo alto de su pirámide de poder, se encontraba omnipotente el presidente de la república, cuya voluntad era ley que se imponía a todos, para bien o para mal. El Congreso, desde entonces, era terreno controlado por un solo partido, como lo es ahora por varios.
El fortalecimiento de ciertos grupos de interés al interior del PRI, desgastó al otrora poderoso partido de la revolución hecha gobierno. Fue entonces que algunos de esos grupos abandonaron al ya debilitado partido tricolor y se lanzaron a formar otras empresas-partido, o a convertir proyectos de avanzada, como sucedió con el PSUM y otras organizaciones, en clones de la izquierda como el PRD.
Otras empresas-partido como el PT o Convergencia, nacieron a la sombra de otros designios; pero todos ellos, tienen el mismo denominador: ser empresas políticas de ciertos grupos de interés.
En el terreno de la lucha electoral es donde se muestra con mayor claridad la naturaleza mutante de los partidos políticos. En efecto, cualquiera puede darse cuenta de que no tienen ni principios, ni plataformas programáticas que orienten su actuar y les den identidad; pueden aliarse PAN, PRD y otros, porque no son partidos, sino empresas políticas regidas por la utilidad, por el cálculo de la ganancia política en términos de poder. En todo esto, resulta ahora curioso, que el famoso dinosaurio que es el PRI, al parecer, sea ahora el único partido que todavía no es una empresa política y conserve algunos rasgos de su antiguo esplendor. No tardará un grupo de interés en monopolizarlo y será como todas las empresas-partido que hoy compiten por mejorar sus condiciones de reproducción en el poder.
Nuestra Constitución y demás normas electorales, parten del supuesto de que los mexicanos necesitamos de opciones políticas para construir buenos gobiernos, gobiernos que protejan e incrementen el bien común. Por esa razón los partidos políticos son entidades de interés público, protegidos por la ley y beneficiarios de recursos que aportan los mexicanos; todo lo anterior para garantizar que su presencia y actuar, signifiquen para el electorado mexicano una pluralidad de opciones políticas reales y viables, para constituir gobiernos representativos. Pero eso ha sufrido una severa transformación. Las empresas-partido, al eliminar de facto los principios y plataformas programáticas de sus organismos, y guiarse por un utilitarismo electoral, han dejado de representar opciones políticas diversificadas, para construir cárteles políticos que nada le dicen al electorado; en otras palabras: los partidos en México han perdido interés público.
Si las cosas están así, una reforma es urgente. Dicha reforma tendría que comenzar con la suspensión de las actuales empresas-partido y su refundación; o mejor aún, borrarlos del mapa de la democracia en México. ¿Pero es posible una democracia sin partidos?
En México, no sólo es posible una democracia sin partidos, es además necesaria. Lo primero que habría que hacer, es establecer las bases para integrar nuestro congreso de otra manera; es decir, de un modo representativo, basado en una democracia directa. Lo anterior significa que comenzaríamos por elegir a nuestros representantes de colonia o comunidad, de manera directa, en asambleas, como se hace ahora en algunos pueblos, pero cuidando que la dimensión territorial sea de proporciones humanas, es decir, del tamaño de un barrio, una sección o nuestra colonia, si ésta última no es muy grande. Esos representantes constituirían un consejo de la agencia municipal a la que pertenecieran, mismo que nombraría a sus representantes para integrar el consejo municipal, de donde saldrían los dos o tres candidatos para presidente municipal. El presidente municipal sería electo por el voto universal, directo y secreto de los ciudadanos del municipio, previa campaña electoral para dar a conocer sus propuestas.
El segundo momento parte también del consejo municipal, donde se elegirían representantes para el consejo regional o distrital si se prefiere. En los consejos distritales o regionales, se elegirían los dos, tres o cuatro representantes para integrar el congreso del estado. El número de diputados por región o distrito, estaría determinado por el tamaño de la población y ponderado por la extensión del territorio.
Una vez integrado el congreso del estado, del seno de los diputados se elegiría a los tres o cuatro que competirían para ser gobernador. La campaña de dichos candidatos, sería sufragada por el erario público, y los señores candidatos estarían en libertad de integrar sus equipos de campaña. La elección sería por votación universal, directa y secreta en dos vueltas, de modo que siempre quedaran al final dos candidatos. El gobernador una vez electo, tendría facultades para nombrar a su gabinete, sin ser ratificado por el congreso. Sólo el titular del poder judicial y el procurador de justicia, serían electos de la misma forma en cómo se eligió al gobernador.
Este modelo puede sufrir modificaciones interesantes o combinarse con otras propuestas, siempre y cuando, no impliquen la figura de partido político o algo similar. Establecerlo será una lucha difícil, porque las empresas-partido, no querrán decretar su propia muerte. Pero de cualquier forma ¿Por qué no abrimos el debate?

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