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Oaxaca, Oax. 13 de agosto 2010 (Quadratín).- El Congreso del estado en sesión ordinaria aprobó que el Ministerio Público (MP) tenga competencia para solicitar al sistema de salud pública la práctica de un aborto cuando el embarazo sea producto de una violación y la mujer presente la solicitud de la interrupción del mismo
El decreto enviado en marzo pasado por el gobernador Ulises Ruiz, a través del Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO), propone modificar y adicionar diversos artículos del Código de Procedimientos Penales y el Código Procesal Penal para el estado.
La directora del Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO), Esthela Fraginals Aguilar, asentó en entrevista que pese a que el derecho al aborto por violación no es considerado un delito en México, no se ejerce.
Ello, debido a que en la mayoría de las legislaciones de los estados del país, así como la normatividad de los servicios de salud, no se establecen aún los procedimientos necesarios para determinar los requisitos, plazos y responsables para hacerlo efectivo, ese es el caso de Oaxaca, remarcó.
El Código Penal vigente establece que la causal del aborto por violación como no punible, pero en la práctica demuestra que actualmente quienes soliciten la autorización para interrumpir un embarazo producto de dicha agresión, no la reciben ni por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ni del Sistema Público de Salud, argumentando que dicha facultad no queda explícita en la legislación.
La reforma modifica el artículo 61 del Código de Procedimientos Penales, a fin de establecer la responsiva de las instituciones del Sistema Público de Salud estatal para actual, a petición de parte, en la interrupción de un embarazo a través de su red de hospitales en todo el territorio del estado.