Isidoro Yescas / 2006: Razón de Estado

Oaxaca, Oax. 7 de octubre de 2009 (Quadratín).- Tres años después se impuso la razón de Estado sobre los criterios de justicia social y derechos individuales y colectivos.
El proyecto de dictamen que ya obra en poder de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene vuelta de hoja: ni el expresidente Vicente Fox ni el gobernador Ulises Ruiz Ortiz son responsables directos de los sucesos violentos ocurridos en Oaxaca durante la segunda mitad del año 2006 y la primera mitad del 2007.
Directa y plenamente involucrados 55 mandos policíacos. Ningún político, ni del gobierno federal ni del gobierno del estado.
De la ingobernabilidad, de la ausencia del estado de derecho, de la supresión de garantías individuales fue responsable la APPO, organismo que por múltiples vías desafió el orden establecido y que, además, se atrevió a incitar a la rebelión social para derrocar “los poderes constituídos”. Asi lo resume el magistrado ponente Mariano Azuela.
Tres años de indagaciones con diversos actores, 923 cuartillas que terminan por invertir los términos de la ecuación social, jurídica y política.
No hubo justicia, sí razón de Estado para garantizar su salud y su fuerza, derivada ésta última del uso legítimo de la violencia (Weber, dixit)
¿Cómo acercanos a una explicación política de éste desenlace ya advertido meses antes?
Primero, no debe olvidarse que aunque en un principio el PAN y el propio Fox le apostaron a la caída de URO, los diputados y senadores de ambos partidos terminaron cerrando filas para evitar la desaparición de poderes. El déficit de legitimidad del presidente electo, Felipe Calderón, se impuso entonces como un factor clave en las negociaciones cupulares interpartidistas para tomar esta determinación.El PAN para sostener a Calderón de la guerra declarada por AMLO y el PRD, y el PRI para sostener a URO.
Segundo, aunque la alianza PAN-PRI terminó por debilitarse debe suponerse que en la orientación y los términos del dictamen influyeron no solamente los sucesos violentos protagonizados por el ala radical de la APPO y grupos de provocadores infiltrados en el movimiento en los meses de octubre y noviembre del 2006, sino también la capacidad de presión y negociación de cabilderos priístas ante el poder judicial.
Y tercero, es un hecho innegable que el clima de violencia e ingobernabilidad que se vivió de manera más intensa en la ciudad capital durante el 2006, terminó por ser capitalizada por el gobierno del estado por varios motivos: la satanización de la APPO, su gradual desarticulación como organismo de masas, el encarcelamiento y persecución de sus líderes y, por otro lado, la justificada inconformidad de la clase media, empresarios y sectores de trabajadores del sector de servicios que se vieron afectos notablemente por la paralización de las actividades económicas y el clima de violencia que padeció la ciudad capital.
A lo anterior se sumaron otros factores como una estrategia oficial orientada a reconstruir la imagen del gobernador en los medios nacionales, a restituirle sus viejos privilegios políticos y económicos a la mayoría de los líderes de las organizaciones sociales appistas, a mantener una línea de permanente negociación (y concertacesión) con la dirigencia de la sección 22 del SNTE y al diseño de una política social con evidentes fines electorales que le permitió al gobernador Ulises Ruiz posicionarse como un factor real de poder en las negociaciones parlamentarias y políticas a nivel nacional.