Revelan a 48 aspirantes para presidir la CNDH; incluyen a Piedra Ibarra
México, DF. 13 de abril de 2009 (Quadratín).- Al comentar las negociaciones sobre la reforma a la Ley de Fiscalización, el diputado Carlos Altamirano Toledo señaló: hemos evitado que el gobierno eliminara uno de los reportes más importantes, que es el Informe de Avance de Gestión Financiera cuya información parte del flujo contable a mitad del ejercicio del presupuesto.
Si esto se hubiera eliminado se perdería información muy valiosa de lo que hace el gobierno con el dinero público y sólo se tendría información contable hasta el final del ejercicio.
Debe recordarse que de acuerdo con la reforma constitucional en materia de gasto, la Cámara de Diputados está realizando una actualización a esta ley que es fundamental para que la fiscalización de los recursos públicos sea eficiente y se sancionen las anomalías por parte de las dependencias del gobierno, los estados y municipios que reciben fondos federales.
El PRD ha apostado por tener una buena fiscalización, precisó Carlos Altamirano, por que así ayudamos a que el dispendio, la ineficiencia y la corrupción sean combatidas de mejor forma tanto en el gobierno federal como en el gobierno estatal.
En ese sentido es importante que ahora ya se incluye en la Ley un programa de fiscalización al gasto federalizado (PROFIS) para cuidar el dinero que se envía a los estados y municipios tenga un buen manejo.
También se imponen multas y procedimientos de sanción para los funcionarios que le nieguen información a la ASF. Esto va a servir para evitar que casos como los vividos en 2002 y 2003 cuando el gobierno del estado de Oaxaca se resistió entregar la información que le solicitó la fiscalización superior, o cuando en el 2006 el municipio de Tehuantepec no entregó información a la ASF pese a haber recibido importantes fondos federales de los que nunca dio cuenta.
Ahora si niegan la información tendrán multas de hasta dos mil salarios mínimos y estas pueden todavía incrementarse si un funcionario se resiste a entregar la información del dinero público.
Además, en el caso de que las entidades de fiscalización local, sean las contadurías mayores o las auditorías locales, encuentren anomalías ahora estarán obligadas a informar de ello, y de forma inmediata, a los fiscalizadores federales para que se inicien cuanto antes y sobre todo de forma imparcial, los procedimientos de sanción.
También los diputados del PRD dimos entrada a figuras de contraloría social para que se atienden las denuncias de los ciudadanos.
Hasta el momento, informó el diputado del PRD, las negociaciones se han desarrollado defendiendo las facultades de fiscalización y análisis de la Cámara de Diputados respecto del presupuesto que aprueba cada año, por lo que dijo que salvo que existiera una maniobra de último momento, las modificaciones al dictamen se estarán presentando en las sesiones que tendrá la Cámara en esta misma semana.