Análisis a Fondo

Murillo echó más gasolina al fuego

Incendian al PRI, ícono del poder

OAXACA, Oax. 11 de noviembre de 2014.- Después de la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre del 68, no había ocurrido en México una violación a los derechos humanos –derecho a la libertad, a la vida- tan dramática e indignante como la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, tierra de caciques, sembradores de amapola, traficantes de drogas ilícitas, pobreza extrema contrastante con la lujuria de los centros vacacionales del Pacífico; de luchadores sociales y de movimientos guerrilleros.

El mismo procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, se encargó de rociarle abundantes tambos de gasolina a la hoguera guerrerense, cuando aventuró, como versión oficial, que los 43 jovencitos habrían sido asesinados, incinerados y sus cenizas embolsadas y dejadas en el río de Cocula, municipio aledaño al de Iguala.

Nadie le creyó al jefe del ministerio público, como nadie creyó que el ex presidente municipal de Iguala, señalado como presunto autor intelectual del secuestro masivo, hubiera sido detenido en una inmunda casucha de Iztapalapa, en donde habría sido “sembrado”, después de aprehenderlo en el estado de Veracruz, con malsanas intenciones políticas.

El procurador dio como buena la versión de que los 43 estudiantes normalistas fueron “levantados” por el grupo de criminales, denominado Guerreros Unidos, pero otras fuentes de inteligencia aseguran que quienes perpetraron el secuestro colectivo fueron integrantes de un clandestino y paramilitar escuadrón de la muerte.

Lo que pretendía el procurador Murillo Karam, de acuerdo con fuentes de inteligencia, era encontrar una salida lógica y creíble (le salió el tiro por la culata) para que el presidente de la república pudiera tomar la decisión de viajar al Extremo Oriente a una cumbre de jefes de estado de los países de la cuenca Asia-Pacífico, en momentos en que el país se debate entre la crisis económica, la social y la política.

Mientras tanto, la situación en México se puso más tensa. La noche del sábado pasado, un reducido grupo de infiltrados -los ya conocidos y sospechosos “anarcos”- desvirtuó una pacífica manifestación de ciudadanos, en el Zócalo de la ciudad de México, que exigían la presentación con vida de los 43 estudiantes secuestrados.

Los infiltrados intentaron quemar la emblemática puerta central de Palacio Nacional. Para colmo, de 18 detenidos por los desmanes, la PGR de Murillo Karam sólo presentó imputaciones contra uno, que fue liberado bajo fianza.

Los indignados, mientras tanto, no reparan en consecuencias porque nadie los oye. Acapulco, el centro turístico más renombrado del país, prácticamente está paralizado, mientras presuntos maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero quemaron la sede local del PRI, en la capital de ese estado, Chilpancingo. Atacaron el ícono más importante del poder político de México: el partido del presidente Peña Nieto.

El miedo se apoderó de las personas que pretendían pasar el puente vacacional del 20 de noviembre, aniversario de la ya olvidada Revolución Mexicana, en Acapulco. Erick de Santiago, director del programa ‘Habla bien de Aca’, informó que hasta este martes habían sido canceladas 14 mil reservaciones hoteleras. El lunes, manifestantes indignados habían cerrado los accesos al aeropuerto del balneario guerrerense.

Mientras tanto, dirigentes del PRD, partido al cual pertenecía el ex alcalde José Luis Abarca, de Iguala, actualmente consignado por la PGR, son agredidos como le ocurrió en Xalapa, capital del estado de Veracruz, al senador Alejandro Encinas, quien durante una conferencia de prensa fue atacado verbalmente por presuntos militantes del Partido Revolucionario Institucional, que gobierna esa entidad federada.

Pero no para ahí todo. Los militares están también descontentos. El propio secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos Zepeda, se manifestó, en un acto público en Nuevo León, porque la PGR hubiera ejercido acción penal en contra de siete militares por el caso Tlatlaya.

“No amedrentan al Ejército juicios injustos y erróneos”, dijo el militar.

Y el procurador salió con su batea de baba al “aclarar” (mejor lo hubiera dejado ahí) que estaba cansado “pero de la violencia brutal”, pretextando que expresó su criticada frase porque llevaba “40 horas sin dormir”.

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