Día 28. PIB: crisis por modelo desarrollo y neoliberalismo
Ayotzinapa detona una crisis política y social; la izquierda dividida y su prestigio en ruinas
Urge regular internet para evitar fines tendenciosos o vulnerar la vida privada de la gente
MÉXICO, DF, 12 de noviembre de 2014.- Los saldos del caso Ayotzinapa son totalmente negativos para las clases dirigentes. Todos los logros alcanzados con base en el Pacto por México y las reformas aprobadas en el Congreso en materia de energía, educación y telecomunicaciones, entre otras, han quedado opacadas por la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, hace mes y medio.
La imagen del país está por los suelos. Organismos humanitarios han cuestionado al gobierno por este caso, especialmente porque se sabe que hubo campanazos de alerta que sonaron desde hace tiempo y nadie hizo nada para impedir que surgiera un caso como éste.
Amnistía Internacional (AI) señaló el viernes, tras el informe del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam -según el cual los estudiantes desaparecidos habrían sido asesinados por miembros de Guerreros Unidos-, que el gobierno falló en reconocer que el caso es un crimen de Estado y no un hecho aislado.
Peña Nieto ha sido cuestionado también por viajar a China en plena efervescencia política, y cuando los ánimos en muchos sectores sociales del país están caldeados, a consecuencia de este asunto que ha conmocionado al país.
En realidad, quienes cuestionan su presencia en la cumbre de los 20 líderes de las naciones del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), lo han hecho con un propósito político deliberado, para seguir vulnerando la figura del presidente de México, como parte del bien orquestado plan surgido de quién sabe dónde, para beneplácito de los integrantes de los grupúsculos fascistas -supuestos anarquistas-, que han enarbolado la desaparición de los normalistas como estandarte.
La opinión pública, la mayoría de los mexicanos, sabe muy bien que estas facciones están al servicio de una izquierda clientelista, oportunista, retrógrada y beligerante, que se quedó en la época de las cavernas, y que no duda un segundo en proveerlos de un ejército de abogados y pagar sus fianzas cuando son detenidos, además de convertirlos en “víctimas” protegidas por los organismos humanitarios, que desgraciadamente se han puesto al servicio de los fanáticos y violentos -llámense “maestros” o “estudiantes”-.
Por ello, los viejos fantasmas de un enfrentamiento social empiezan a resurgir, y aunque pocos se aventuran a decir que podría existir una rebelión generalizada, sí existe el temor de que resurjan brotes rebeldes en Guerrero.
No hay que olvidar que por las aulas de la Escuela Normal de Ayotzinapa -a la que pertenecen los estudiantes desaparecidos-, pasaron precisamente los dos principales líderes de la guerrilla en ese estado: Genaro Vázquez y Lucio Cabañas.
La propia jerarquía católica proclamó un “¡Basta ya” y exigió “hacer valer el Estado de Derecho para poner fin a toda forma de violencia, actividad ilícita, corrupción, impunidad, nexos y complicidad de algunas autoridades con el crimen organizado”.
Los obispos lanzaron un llamado a las fuerzas políticas y a la sociedad a no lucrar con esta desgracia, y a contribuir con responsabilidad a la creación de un México en el que la vida, dignidad y derechos de todo hombre y de toda mujer sean plenamente reconocidos, respetados, promovidos y defendidos.
“El estallido social armado es una voz que, desgraciadamente, va resonando. Ojalá que todos podamos poner de nuestra parte para que esas voces se conviertan en esperanza”, señaló el arzobispo Carlos Garfias, de la diócesis de Acapulco, quien lanzó un llamado a “la concordia y la paz” a los grupos beligerantes.
Al menos existen 5 grupos rebeldes en Guerrero, cobijados por la Asamblea Nacional Popular (ANP): el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), las Milicias Populares y las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo.
Tan sólo en octubre, las organizaciones guerrilleras lanzaron una larga serie de comunicados para hacer pública su postura en torno al caso de los jóvenes secuestrados por policías municipales en Iguala.
Fuentes de inteligencia citadas por el semanario Proceso señalaron hace unos días que los grupos extremistas preocupan al gobierno federal, que teme la radicalización de esas organizaciones armadas.
Frente a las cada vez más amplias movilizaciones en las principales ciudades del país y el extranjero, el periodista y escritor Juan Villoro afirmó que “hay un clamor emocional de que esto debe cambiar” pero dijo que el problema es “qué hacemos para cambiar al país”.
NO TODO EN MÉXICO ES GUERRERO
Como muestra de la descomposición social generada por el accionar de los grupos radicales -sin que la población capitalina se explique por qué la policía del Distrito Federal no cumple con su deber, que es proteger la integridad de la población-, la semana pasada, un autobús articulado y una estación del metrobús, a un costado de Ciudad Universitaria, fueron incendiados por jóvenes con el rostro cubierto
Analistas no dudan en considerar que esta es la peor crisis que ha enfrentado el gobierno federal en los últimos años.
El historiador Enrique Krauze considera que “no todo en México es Guerrero, pero así lo parece ahora en las páginas internacionales” y estima que “hay una indignación social, justificada y natural, que de manera inexacta (o interesada) amalgama a todos los actores como si fueran uno solo”.
El autor de La presidencia imperial no duda en considerar que el futuro de la democracia mexicana depende de que se deslinden en forma rápida y total las responsabilidades y se castigue a los responsables del caso Ayotzinapa.
Aunque para Krauze se trata de una “tragedia anunciada” la desaparición y posible muerte de los estudiantes -a la que compara con un caso digno de los campos de exterminio-, se extraña de que “no ocurriera antes” y peor aún, que las diferentes instancias del gobierno se vieran incapacitadas para preverlo y evitarlo.
Hay que decir también, que la llamada “izquierda” no puede proclamarse como la salvadora de México, y sabe que está impedida para capitalizar el asunto a su favor, porque tiene una larguísima cola que le pisen y que la tragedia de Ayotzinapa es su entera responsabilidad. Fueron sus policías, alcalde y gobernador quienes permitieron el secuestro y desaparición de los normalistas.
Desde el 1 de abril de 2005 -hace casi 10 años-, el PRD ha sido gobierno en Guerrero. Primero con Zeferino Torreblanca y luego con el incompetente e insensible Ángel Aguirre Rivero, en cuya campaña fluyó el dinero de los cárteles, principalmente el de José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, la pareja imperial, hoy presos en cárceles de alta seguridad.
Como muestra de la ineficacia de la administración del PRD en esa región del país -por no hablar de Michoacán o Oaxaca-, la entidad acusa desde hace casi una década los más bajos índices de desarrollo y los más altos niveles de criminalidad. El hecho de las múltiples fosas clandestinas, tan sólo en Iguala, a donde han ido a parar los cadáveres de decenas de personas-, así lo atestiguan. También da fe de ello, el abrupto descenso de visitantes al puerto de Acapulco, bastión del turismo en Guerrero, que vive hoy una situación aterradora por la cobardía o complacencia o inacción de sus gobiernos surgidos de la “izquierda”.
Es por ello que el caso de Ayotzinapa dejó a esta corriente política más dividida que nunca, sumida en su peor crisis de los últimos tiempos y en condiciones precarias para las elecciones intermedias de mitad del año próximo.
El suceso -que adquirió proporciones de escándalo internacional-, golpeó a las puertas de al menos dos partidos, el de la Revolución Democrática (PRD), al que pertenecía el recién encarcelado José Luis Abarca, y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Una de las principales víctimas del desprestigio que trajo consigo el asunto, fue Andrés López Obrador, fundador y dirigente de Morena. La historia, credibilidad y la imagen de la cúpula perredista y de sus líderes han sido puestos en evidencia.
El oportunismo, la voracidad por hacerse de recursos a costa de lo que sea, pero sobre todo el cinismo, los llevó a postular hace 2 años al joyero José Luis Abarca, sin analizar sus antecedentes y sus nexos familiares con el crimen organizado.
Resulta que Abarca se tomó fotos con la plana mayor del PRD e incluso con López Obrador, pero todos rechazan haberlo conocido o tenido algún vínculo con él.
“Nunca en mi vida, como dirigente social, como dirigente político, he establecido relaciones de complicidad con nadie. A mí me pueden acusar mis adversarios de lo que les dé la gana, pero nunca van a poder acusarme de deshonesto ni de incongruente”, dijo López Obrador.
Lo peor de todo es que ahora también existe la sospecha de que el PRD lo cobijó, protegió y ocultó aún después de que había sido ya desaforado, obligado a renunciar y estaba en plena huida.
Las dos principales tribus del PRD -Nueva Izquierda, que controla la dirigencia nacional, encabezada por Carlos Navarrete, e Izquierda Democrática Nacional, dirigida por René Bejarano y su esposa, la senadora Dolores Padierna, cercanos a López Obrador-, encabezan la guerra fratricida dentro del partido del sol azteca. Este partido podría sufrir un estrepitoso fracaso en las elecciones de medio término de julio próximo.
Para colmo, el intento de suscribir un Pacto contra la Violencia no ha podido concretarse porque el horno no está para bollos.
Ante la crisis generada, partidos sociedad y gobierno tendrán que echar mano de todos sus recursos para evitar que ésta se profundice o de lo contrario -por culpa de unos cuantos prevaricadores, criminales, irresponsables, violentos y cínicos-, todos deberemos atenernos a las consecuencias.
GRANOS DE CAFÉ
Si bien las redes sociales dieron voz a los sin voz -lo que representó un salto inesperado en las democracias-, la ausencia de regulaciones en aras de una malentendida libertad de expresión, ha pervertido este instrumento de comunicación, al grado que la “vida privada” se ha convertido en “pública” por el uso inescrupuloso y tendencioso que se le ha dado.
Hoy las redes sociales son utilizadas por manipuladores profesionales. Lo mismo sirven para hacer públicos los episodios más insulsos de la vida diaria, que para convocar a “la sociedad civil” con fines aviesos o de nulo beneficio social.
Actualmente, con un solo click del ratón de la computadora o una tecla del teléfono celular, es posible acabar con la reputación de cualquiera, ya se trate de un personaje público, parejas o escolares a los que vía Internet se les somete al escarnio y que en muchos casos los orillan al suicidio.
Como en la antigüedad, sin mediar juicio, vía Internet se criminaliza públicamente a quienes son presa de las “redes sociales” sin que los afectados tengan la menor oportunidad de defensa, ante el anonimato que guardan quienes difunden lo mismo fotos, videos y hasta montajes que se lanzan diariamente al espacio virtual, con intenciones perversas, las más de las veces.
Un ejemplo muy reciente de este abuso, es el del diputado panista Alejandro Delgado Oscoy -quien en una fiesta particular, como la que cualquiera puede tener fuera de horario de oficina y sin utilizar recursos públicos-, fue grabado por alguno de los asistentes, para ridiculizarlo y desacreditarlo vía Youtube.
Naturalmente este video ha ocasionado revuelo injustificado, porque al parecer no atañe compromisos legislativos, ni la fiesta fue sufragada con dinero del erario público, ni se cometió ningún acto ilícito. Por ello Delgado Oscoy tiene absolutamente todo el derecho a hacer lo que le venga en gana en el marco de su vida privada, sin que sea exhibido en Internet.
Es urgente reglamentar el uso de las redes sociales y se castigue con penas ejemplares a quienes hagan mal uso de ellas, más allá de la trata de personas y pornografía infantil, que ya están considerados delitos graves.
En tanto el hecho no tenga que ver con la gestión o la responsabilidad pública de los actores involucrados o la comisión de un ilícito, la invasión a la privacidad debe ser enérgicamente castigada.
Aquí no se trata de violentar la libertad de expresión; es simplemente el respeto a la dignidad, integridad y los derechos de las personas. Lo demás es basura y demagogia de quienes abusan del precepto universal…
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