Día 18. Genaro, víctima de la seguridad nacional de EU
OAXACA, Oax., 16 de febrero de 2017.-
El Contexto
Las condiciones históricas que rodearon la convocatoria al Congreso Constituyente, el cual trabajó entre el 1 de diciembre de 1916 y el 5 de febrero de 1917 en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro para dar vida al texto de la nueva Constitución Mexicana, explican en buena medida los contenidos y objetivos colocados en el nuevo texto.
Esas condiciones pueden dividirse en internas y externas, mediatas e inmediatas.
En el ámbito interno, entre las causas mediatas debe recordarse que el país contaba con no más de quince millones de habitantes y que la riqueza estaba injustamente concentrada en una nueva burguesía rural terrateniente y comercial.
Esta, aliada con fracciones del gobierno porfiriano e intereses extranjeros, ya europeos o estadounidenses, materialmente explotaban a una amplia población indígena y campesina, junto a una creciente clase de profesionistas y capas medias.
Aquí es importante considerar varios factores: las demandas que venían presentando al gobierno federal y gobiernos locales los movimientos agraristas, obreros y liberales desde los primeros años del siglo 20; la crisis económica y el mal cálculo de Porfirio Díaz en el año 1910 al no ceder la Vicepresidencia de la República a la fracción más liberal y joven de su gobierno, cargo que fue recreado precisamente para facilitar la transición política y la renovación generacional; la consecuente inconformidad post-electoral de Francisco I. Madero y su llamada a tomar las armas en noviembre de ese año; la renuncia de Porfirio Díaz en mayo y el subsecuente triunfo electoral de Madero (por primera vez se eligió al Presidente de la República mediante voto directo, aunque no votaban las mujeres) y su empeño en re-establecer una truncada república civil, pluralista y democrática; los incumplimientos de Madero a las demandas sociales; el magnicidio de Madero en febrero de 1912, ordenado por Victoriano Huerta con apoyo de la embajada de los Estados Unidos y la cruda usurpación de la Presidencia de la República; la reacción de Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, exsenador porfiriano y admirador de Juárez, a la que se sumaron diversas fuerzas políticas; los movimientos agrarista de Emiliano Zapata en demanda de tierra y libertad, trabajador de la Casa del Obrero Mundial en busca de mejores condiciones contractuales y de seguridad social, y popular de Francisco Villa exigiendo educación y vida digna para todos.
En el contexto internacional, debe estimarse la feroz competencia entre países imperialistas, básicamente Alemania en contra de Inglaterra y los Estados Unidos; el estallido y vicisitudes de la Primera Guerra Mundial (1914-1918); la política porfiriana oscilante entre Europa y los Estados Unidos; la disputa geoeconómica por el control imperial de los recursos naturales (sobre todo el petróleo, motor del siglo XX), y hasta los inicios de la revolución rusa socialista.
En cuanto a las causas internas inmediatas, la ruptura del orden constitucional, producida por la usurpación de Victoriano Huerta en febrero de 1912, más la expedición progresiva de las leyes revolucionarias en las materias agraria, municipal y de lo familiar, en particular entre 1915 y 1916; la promesa de su incorporación a la Constitución en cumplimiento de los acuerdos adoptados en Veracruz, con base en los cuales se adicionó el Plan de Guadalupe, así como la lucha por terminar de desplazar del escenario político a los “porfiristas” conservadores, y a los propios “villistas” y “zapatistas” que respaldaron la Convención de Aguascalientes y preferían un modelo de gobierno parlamentario y de tinte económico socialista, desde luego opuesto a la opción reformista, liberal, republicana y pro-presidencial y municipalista de los carrancistas.
En la coyuntura internacional, debe considerarse sobre todo la llamada “expedición de Pershing” o presencia militar de los Estados Unidos en Chihuahua en busca de capturar a “Pancho” Villa a efecto de cobrar la afrenta de la incursión de éste en Columbus, Estados Unidos, en marzo de 1916, al mismo tiempo que tenían lugar las correspondientes negociaciones diplomáticas entre los gobiernos de los dos países en Atlantic City.
Todas esas variables condujeron a Carranza a indicar –durante ese crucial año de 1916– de manera expresa a sus principales aliados políticos que iniciaran la propaganda conducente a convocar a la asamblea constituyente, la cual fue expedida en septiembre.
Es importante recordar que el Congreso Constituyente, según datos citados por Enrique Huerta Cuevas, contó con 193 Delegados propietarios y 29 suplentes o 132 Delegados en total, 62 de ellos abogados y 22 oficiales de alto rango militar, 16 médicos, 14 periodistas, 7 contadores,5 líderes sindicales, 4 mineros, 3 ferrocarrileros, 2 farmacéuticos, 1 actor y 31 de otras profesiones (artesanos, comerciantes y empleados), la mayoría procedente de zonas rurales y con edades entre 30 y 40 años, y que los dos principales grupos se dividieron entre moderados carrancistas (carrancistas) y radicales o jacobinos (obregonistas), casi el 59% de los Delegados, que imprimieron al texto sus sentidos reformista, liberal y republicano, y social y popular, respectivamente, además de que coincidían en fortalecer el Poder Ejecutivo y reivindicar la soberanía nacional.
Entre aquellos Delegados figuraban 9 oaxaqueños (los cuales firmaron la Constitución) y de estos 5 han sido ubicados como radicales y 2 moderados, más 2 intermedios.
No eran muchos si se observa que Estados –más poblados–, como el Distrito Federal aportó 14, Guanajuato 18, Jalisco 22, México 12, Michoacán 16, Puebla 18 y Veracruz 18. Pero la mayoría de los Estados alcanzó menos de 9.
No se pierda de vista que durante un lustro (1915-1922) Oaxaca sería identificado por los “carrancistas” como el bastión “porfirista”: el lugar en donde habían fusilado a Jesús Carranza, hermano del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, y en donde operaba un gobierno declarado “soberanista” pues se había separado de la Federación para defender los intereses de las clases conservadoras porfirianas.
En ese contexto, federal-local y de fuerzas políticas confrontadas, remanentes “porfiristas”, antiguos oaxaqueños “juaristas” y “maderistas” reciclados, y nuevos partidarios “carrancistas” y “obregonistas” participarían en el conflicto y la solución militar y política que terminaría con el reconocimiento de la Constitución de 1917 y la aprobación de la Constitución oaxaqueña de 1922.
Según se verá más adelante, ello también significaría la caída gradual de lo que alguna vez fue una de las tres provincias más ricas de la Nueva España (Oaxaca de Antequera) durante la época virreinal y colonial, y uno de los tres más orgullosos, poderosos y protagonistas estados de la República del México de la Independencia, la Reforma y el Porfiriato, en una de las tres más desaventajadas y rezagadas Entidades Federativas del país, como se volvió evidente hacia finales del siglo XX y el inicio del siglo 21.
Aquí la primera parte de este texto.
Raúl Ávila Ortiz es doctor en Derecho por la UNAM y Maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Texas en Austin. Profesor de posgrado e Investigador Nacional Conacyt/SNI 1