Elecciones: Entre Estado, Mercado y Sociedad

Oaxaqueñología | Raúl Ávila Ortiz

Hacia el 1-J

OAXACA, Oax., 18 de marzo de 2018.- Las vicisitudes de los procesos electorales mexicanos en curso obligan a reflexiones de segundo nivel para entender algunas de sus claves.

Estimo que, más allá de la dinámica cotidiana: cálculos y negociaciones, acuerdos y traiciones, listas y re-listas, firmas auténticas y falsificadas, disensos e impugnaciones, medios y remedios –la adolescencia democrática pluralista–, las coordenadas en que se mueve la acción política hoy muestran la tensión entre valores estatales, de mercado, civiles y hasta culturales.

Me explico.

El sistema político y jurídico electoral establecido desde 1996, dos años después del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica,  ha tenido por objetivo independizar a los organismos electorales del sistema de gobierno y de partido que hasta entonces controlaba el Presidente y el PRI, y lo consiguió de manera suficiente garantizando pluralismo y alternancias.

También pretendió fortalecer a los partidos que monopolizaron las candidaturas y forjaron un esquema pluralista moderado en el que PRI y PAN, más partidos medianos y pequeños o algunas de sus fracciones se aliaron para asegurar la gobernabilidad frente a partidos y expresiones radicales, el sistema PRIAN de corte neoliberal.

Este propósito se obtuvo puesto que un sistema de tres partidos grandes, tres medianos y dos o tres pequeños recogieron y procesaron, así haya sido de manera incompleta, la demanda social durante dos decenios de equilibrio macroeconómico pero de desequilibrio social creciente.

A contrapelo de lo anterior, el sistema de gobierno careció de los ajustes que lo sincronizaran con esa pluralidad y diversidad prevalecientes en el país.

De este modo, el sistema presidencial se vio forzado, por necesidad y conveniencia, a concentrar aún más competencias y atribuciones, aún cuando algunas de ellas las desplazó en términos formales hacía varios de los organismos constitucionales autónomos a los cuales, al mismo tiempo, ha buscado controlar.

En consecuencia, debilitó al extremo a las entidades federativas, cuyos gobernadores han replicado ese sistema en sus ámbitos locales.

Ese sistema político jurídico está en plena agonía y lo que presenciamos justo ahora no es su renacimiento si no su crisis terminal.

Ello es así porque a lo largo de las dos últimas décadas la intervención del estado en el mercado político electoral ha resultado simultáneamente positiva y negativa, sin duda compleja, esto último cada vez más.

Positiva dada la estabilidad y gobernabilidad del sistema, pese a todas sus disfunciones. Negativa porque al modelo europeo-mexicano electoral plasmado en normas e instituciones para tutelar valores y principios públicos le es paralelo y subyacente la lógica norteamericana que privilegia bienes y transacciones privadas.

Este es el punto nodal. Mezclamos, hasta en lo urbano, lo europeo mediterráneo con el influjo estadounidense. Y mantenemos lo propio originario en un espacio marginal.

En efecto, las contradicciones y paradojas que se advierten en precampañas con un solo precandidato o sin competencia real; independientes que dependen de algún poder y no de sí mismos pues fracasan; poderes e instituciones formales dependientes de otros más bien informales y oscuros; géneros obligados a ejercer sus derechos y deberes; topes de gastos de campaña que incentivan su evasión.

“Chapulineo” y transfuguismo entre cargos y opciones partidarias casi ilimitados;  prioridad del ascenso individual a costa de la organización y el mérito; el uso perverso de instituciones de control para descontrolar la competencia y ganarla de algún modo; sofisticación de la ingeniería financiera electoral para burlar la fiscalización formal; promesa de violar la Constitución a nombre del pueblo; o bien la manipulación de percepciones y emociones, todo ello es efecto –al menos parcial– de aquella causa que mezcla las dos lógicas.

Entre la intervención del Estado y la presión del mercado libre político electoral, las propias instituciones electorales tienden a la disfunción y la incoherencia.

La competencia rebasa principios constitucionales y los pone a su servicio, desde luego a un costo elevado en legitimidad y dinero en efectivo y en especie. Lo que cuenta es ganar y lo que hace ganar es no rendir cuentas sino cuentos.

De allí que amplios segmentos de sociedad civil se muestran confundidos, deprimidos, indignados y hartos.

En apariencia  se es libre para decidir, comprar y consumir opciones políticas pero el mercado intervenido constriñe su voluntad. Y al revés, supone que hay instituciones para asegurar su libertad y autenticidad pero encuentra que estas pueden ser subordinadas por el juego competido y vicioso de las fuerzas políticas.

Observan y participan en una doble realidad: la creencia formalizada en principios constitucionales a la libertad y autenticidad de las elecciones mediante un costo cada vez más elevado del que se benefician pocos, de un lado, y las prácticas reales que el contexto librecambista político electoral termina por imponer, así sea por las malas, del otro.

Queda, no obstante, en la esfera del poder  ciudadano, en la sabiduría común histórica de los hoy millones de votantes, sobre todo de las y los votantes jóvenes, muchos todavía indecisos, el definir el rumbo del país en este y otros temas cruciales.

El 1-J que viene significa una cita cívica que deberá conducir, pierda quien pierda pero no gane quien gane, a pasar a un escenario en el que se intente superar aquella contradicción esencial.