El Ministerio Público en crisis de seguridad

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de enero de 2019.- Todos los esfuerzos oficiales se han centrado en fijar la creación de la Guardia Nacional como la pieza clave en la estrategia de seguridad. Sin embargo, se han descuidado otros. Por ejemplo, la profesionalización de policías. Y de manera más acentuada la ineficacia –por incapacidad o complicidad– del ministerio público.

La cifra negra en la inseguridad radica en los delitos no denunciados. No hay datos precisos, pero en círculos judiciales se habla del 95% de delitos que no se declaran. Las críticas acusan a los afectados; sin embargo, falta una indagatoria sobre las razones reales de los delitos no presentados ante las autoridades correspondientes.

Dicen cifras confiables en que más del 70% de los ciudadanos ha sido tocado por la delincuencia de manera directa o a través de un familiar. Y la abrumadora mayoría de explicaciones que circulan en los niveles familiares señalan tres razones para no denunciar: los policías protegen a los delincuentes, los ministerios públicos aconsejan no levantar actas y los jueces dictaminan por complicidad o rigor a favor de los delincuentes.

Todos hemos estado frente a un ministerio público. Y a pesar de que hay principios del derecho que dicen que los ministerios públicos son instancias de “buena fe”, el volumen de delitos, los abogados de delincuentes que corrompen a las autoridades y las propias complicidades de quienes redactan las quejas y marcan copia a los acusados colocan al ministerio público como una de las piezas claves del aumento de la delincuencia.

Los ministerios públicos requieren de una gran reforma revolucionaria para obligarlos a ponerse al lado de las víctimas. Pero de los MP hemos escuchado que lo mejor es no denunciar, que los delincuentes son mafias que amenazan a los familiares de los afectados, que de todos modos las victimas tendrían que pasar exámenes psicológicos y miles de pretextos que al final llevan al afectado a no levantar actas.

La Guardia Nacional quiere ser el cuerpo persecutorio del delito y cuerpo de disuasión en las calles y su creación obedece a la configuración de las mafias del crimen organizado y su capacidad de fuerza poseedora de armas sofisticadas.

Sin embargo, de acuerdo con las cifras oficiales, los homicidios dolosos vinculados a crimen organizado fueron en 2018 apenas el 1.3% del total de los delitos. El total de los delitos registrados por las autoridades a nivel de fuero común fue de 1.8 millones, a una media de 155 mil por mes, un promedio de 5 mil 200 por día. La ola recepción de quejas apabulla la existencia de ministerios públicos estatales.

Los MP debieran ser, como instituciones de buena fe, una instancia clave en el proceso penal a favor de los afectados por la delincuencia. Una reforma der la institución del MP es, inclusive, más necesaria que una Guardia Nacional que perseguirá a una minoría de delincuentes.

Es probable que cause más estragos sicológicos la contabilidad diaria del crimen el número de muertos que el numero de afectados por la delincuencia que no denuncian delitos por falta de la intermediación ministerial necesaria.

Y el problema se agrava cuando se percibe que el MP no forma parte de la reorganización de la fiscalía de la nación, toda vez que los MP dependen de las procuradurías federal y estatales.

…Y los jueces también

Y si las víctimas de los delincuentes deciden no denunciar por falta de MP sensibles, el asunto se grava cuando los expedientes llegan a los jueces. Los que dictaminan responsabilidades y dictan sentencias oscilan entre el tedio cotidiano y la aplicación escrupulosa de la ley. La teoría pura del derecho, del teórico Kelsen, es garantía de aplicación ciega de la ley, pero suele beneficiar más al delincuente si toda la cadena penal llega a tribunales con errores acumulables vía (in)debido proceso. No debe ser posible que delincuentes salgan libres por errores procesales. El problema es que esa liberación no ha llevado a reformas en la procuración de justicia que castigue la ineficiencia de investigadores y ministerios públicos.

El caso de Florence Cassez en el 2012 manchó la impartición de justicia, tuvo razones procesales por fallas oficiales y dejó tareas pendientes, pero es la hora en que la impartición de justicia no se ha reformado para evitar que presuntos culpables de delitos salgan en libertad.

La reforma penal mexicana ha sido a tropiezos, parcial y llena de deficiencias e ineficiencias. El dato que revela el fracaso de la impartición de justicia se localiza en los afectados por la delincuencia que no denuncian de manera oficial los delitos porque no encuentran las instancias penales solidarias con sus estados de ánimo vulnerados por la delincuencia. Ahí están, como ejemplo, las decenas de miles de usuarios del transporte público que son asaltados en las ciudades y que tienen video grabados.

El problema radica cuando el afectado se salta los procesos legales y hace justicia por propia mano, Los linchamientos habían sido respuesta de pánico a la vulneración de la seguridad inmediata y hoy aparecen como actos civiles de justicia.

Habría que comenzar con el MP o la GN será irrelevante.

Barandilla

En España, a propósito de la Ley de Género, podría darse un giro conceptual en el expediente de la inseguridad: terminar con el concepto de “víctima” y asumir el de “superviviente”. El primero denota depresión; el segundo lleva a la lucha.

En el caso de la crisis de combustible conocido como huachicoleo los primeros datos hablan de un verdadero crimen organizado que involucra complicidades de delincuentes con funcionarios de Pemex y de los tres niveles de gobierno.

El vacío de seguridad de cuando menos tres meses por el debate sobre la Guardia Nacional ha sido llevado por el aumento en la delincuencia. Si es estrategia oficial para presionar por la aprobación del nuevo cuerpo, el costo será de criticas por las cifras criminales en aumento.

(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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