Aunque lo nieguen, sí hay terrorismo
CIUDAD DE MÉXICO, 15 de noviembre de 2019.- Durante años, Rosario Ibarra de Piedra encabezó una cruzada a favor de la legalidad, de los derechos humanos y contra la simulación y el abuso de poder de las instituciones del Estado, además de exigir respeto irrestricto a la ley y la localización de su hijo.
A su vez, por casi dos décadas, el líder social y hoy presidente, López Obrador, lucho a favor de la legalidad, de las libertades básicas, cuestionó la simulación oficial y pregonó por todo el país que nadie al margen de la justicia y que nada por encima de la ley.
El tiempo, sin embargo, colocó a la señora Ibarra de Piedra y al líder social, López Obrador, en el mismo lugar que ocupaban aquellos gobiernos y gobernantes sátrapas a los que por décadas cuestionaron.
Y la impostura, la simulación y la traición a los ideales quedó exhibida cuando de manera ilegal la señora Rosario Piedra, fue impuesta al frente de la CNDH y cuando el presidente Obrador obliga a los senadores de su partido a llevar adelante una grosera simulación que violar todas las leyes, con tal de apoderarse de la CNDH.
Es decir, el señor López Obrador y la familia Ibarra-Piedra no sólo son iguales a los gobernantes que por décadas cuestionaron sino que se comportan exactamente igual a aquellos políticos del viejo PRI; cínicos, sin pudor y sin vergüenza, que violentaban todas las leyes para permanecer en el poder, sin importar los derechos humanos, el respeto a la legalidad y a libertades básicas.
Pero la impostura y la violación a la legalidad durante la imposición de la señora Rosario Piedra –al frente de la CNDH–, no sólo preocupa a los críticos y opositores al gobierno de AMLO.
No, el escándalo ya alcanzó nivel internacional. En efecto, la reputada organización global de derechos humanos, Amnistía Internacional, censuró el cochinero durante la impostura de la señora Piedra, en tanto que en México muchas ONGs también han rechazado la forma ilegal en la que fue impuesta.
A su vez, el Partido Acción Nacional acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la ONU, para denunciar el abuso de autoridad del gobierno de AMLO y la imposición ilegal de la señora Piedra. Es decir, que opositores al gobierno de AMLO, denuncian a Rosario Piedra, ante las instancias que siempre apoyaron a a su madre, Rosario Ibarra.
Pero tampoco ahí termina la escandalera. Resulta que en protesta por las prácticas ilegales utilizadas para lleva a Rosario Piedra al frente de la CNDH, en las últimas horas renunciaron a su cargo del Consejo Consultivo de la CNDH, los cinco consejeros ciudadanos.
En carta pública, Alberto Athié, María Ampúdia, Maricleare Acosta, Angélica Cuéllar y María Olga Noriega renunciaron a sus cargos en repudio al desaseo y a la ilegalidad que acompañan a la señora Piedra y porque carecerá de legitimidad una institución ilegal que, en los hechos, vive y se debe, sobre todo, a la legalidad y la legitimidad.
Pero además del penoso espectáculo que protagonizaron los senadores golpeadores de Morena y de otros partidos –quienes quedaron exhibidos como vulgares lacayos al servicio del presidente–, el propio Obrador abonó al descrédito al satanizar al ex sacerdote Alberto Athié, primero en renunciar al Consejo Consultivo y a quien AMLO insultó sin siquiera conocer.
Pero además del desaseo en el procedimiento legislativo para imponer a Rosario Piedra, al frente de la CNDH, la espuria presidenta cometió un delito federal grave.
¿Por qué?
Porque la Ley de derechos humanos establece, en el artículo 9º, que para su elección los aspirantes a la CNDH deberán reunir los siguientes requisitos: “IV. No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal, en algún partido político en el año anterior a su designación…”
Y resulta que la señora Piedra renunció al cargo de consejera nacional de Morena, después de haber tomado posesión como presidenta de la CNDH.
En pocas palabras, la señora Rosario Piedra cometió un delito federal. ¿Cuál delito? El mismo delito por el que está en prisión Rosario Robles.
El artículo 214 del Código Penal Federal dice: “Comete el delito de ejercicio indebido de servicio público, el servidor publico que ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión, sin haber tomado posesión legítima o sin satisfacer todos los requisitos legales”
Y la pena corporal por ese delito es la siguiente: “… de uno a ocho años de prisión; de cincuenta hasta trecientos días de multa, destitución e inhabilitación de uno a ocho años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”.
Curiosamente es el mismo delito por el que está en prisión Rosario Robles, lo que confirma la persecución facciosa de AMLO.
Renuncie, señora Piedra, antes de visitar la cárcel.
Al tiempo