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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 12 de febrero 2020.- San Luis Potosí es una de las entidades del país sin una fiscalía especializada, unidad o delegación contra la tortura en agravio de civiles, como marca su ley orgánica, en medio de crecientes acusaciones contra cuerpos de seguridad pública que mantienen estas prácticas en el estado.
Según el artículo 11, fracción II, inciso C, de la citada ley, la Fiscalía General del Estado (FGE) está obligada a crear un espacio institucional para tales prácticas de corporaciones municipales, estatal, de investigación, Guardia Nacional y Ejército Mexicano.
El titular de la FGE, Federico Garza Herrera, afirmó que legalmente no hay motivo de obligatoriedad, dado que pueden integrar este organismo al área de Derechos Humanos. “De conformidad con nuestra ley orgánica podemos formar fiscalías especializadas, delegaciones o algunos fiscales especializados en esas áreas, la propia ley establece que pueden ser algunas otras; es el mismo hecho que se da en el caso de especializada con asuntos indígenas, nosotros tenemos una delegación específica que está en Tancanhuitz y ellos se encargan de estos temas”, citó.
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