La Constitución de 1854 y la crisis de México
CIUDAD DE MÉXICO, 15 de septiembre de 2020.- Este 15 de septiembre, el presidente firmó la solicitud para que el domingo 6 de julio, en la elección más grande de la historia, se consulte al pueblo si desea que los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña sean investigados y, si es el caso, paguen con cárcel los delitos cometidos, antes, durante, o después de sus respectivos mandatos.
López Obrador acusa a los “ex” de casi todos los males del país, como imponer una era neoliberal culpable de la pobreza, la desigualdad, el enriquecimiento de unos cuántos a costa de millones. El presidente asegura, en los motivos para la consulta, que sus cinco antecesores fueron antinacionalistas, antisociales, antipopulares y antipáticos.
Me sumo a la corriente que esta totalmente en contra de enjuiciar a los expresidentes, porque a mi parecer se trata de un atentado al régimen de derechos que se debería cuidar.
Si hay razones jurídicas para enjuiciarlos no hace falta preguntar nada a nadie, sino denunciar y exigir que la Fiscalía General de la República, y los jueces, procedan.
La maña detrás de la consulta es exhibirlos en la plaza pública y condenarlos de antemano.
La Suprema Corte está obligada a salvaguardar los principios de las leyes, no permitir que una consulta popular se utilice como estrategia de propaganda política a favor del poder en turno, ni que sea otro distractor para encubrir los graves apremios de violencia, inseguridad, la pandemia indomable o la crisis económica, asuntos que nos hacen pegar de gritos, no solo en la fecha patria.