Reforma judicial: justicia selectiva

La justicia es un derecho que atañe a la sociedad en su totalidad. Es también un tema que nos atañe a todos, no sólo a quienes ejercen la abogacía porque, de alguna u otra manera, todas las personas recurrimos a las instituciones para exigir justicia cuando nuestros derechos son vulnerados.

Aspiramos a un sistema que realmente cumpla con una impartición de justicia pronta, expedita, y respetuosa de los derechos humanos, compartió Educa en un posicionamiento.

Sin embargo, la reforma aprobada recientemente por el Poder Legislativo federal y local no la garantiza y tampoco resuelve el rezago que existe actualmente en nuestro país, en la impartición de justicia. Resulta evidente que el proceso legislativo privilegió la rapidez por encima de una discusión a profundidad. Ello pone en evidencia el control del poder ejecutivo sobre el legislativo, y ahora sobre el Poder Judicial y socava la división de poderes y pone en peligro la independencia judicial que es propia de toda sociedad democrática.

La reforma propone la elección de magistrados/as y jueces/as, la creación del Tribunal de Disciplina Judicial entre sus temas centrales. Pese a lo enterior, esto no basta para garantizar una justicia como la que se demanda día con día. Es necesario realizar una reforma de fondo y no de forma pues se debe incluir en la reforma aspectos claves en relación con el debido proceso, la independencia judicial, los derechos de las víctimas, sin dejar de lado la necesidad de que los procesos sean verdaderamente ágiles y sencillos, y no tan lentos y complejos como lo son en la actualidad. Hace falta incluir cambios en las Fiscalías, en las Defensorías Públicas, los servicios periciales, las representaciones de las víctimas, la profesionalización de las personas servidoras públicas, entre otros aspectos, para concretar una verdadera reforma judicial.

Aun con los diversos candados establecidos en el proceso de elección y selección de juezes y magistradxs, insistimos en la necesidad de garantizar procesos justos y transparentes, con base en capacidades y experiencia técnica para resolver los asuntos que se planteen; no se trata de un cargo de elección popular más como lo hacemos con los diputados o senadores, o incluso con los gobernadores o presidentes. Los operadores del sistema de justicia tienen que ser personas con la capacidad, conocimiento y experiencia necesarias en cada una de las materias, por ello se enfatiza: no podemos experimentar con la justicia.

Así también, consideramos que no se trata de empezar de cero sino de respetar los avances logrados en diversas materias, así como la inclusión de estándares internacionales que garanticen la autonomía del poder judicial. México ha legislado para que se garanticen los derechos humanos. El Artículo 1 constitucional es parte de este compromiso. Exigimos que las sentencias se emitan con una perspectiva de derechos humanos, donde se ejerza el control de convencionalidad y que sean progresistas, evitando regresiones y violaciones a los derechos de las personas.

La sociedad en su conjunto debe prepararse para elegir de manera informada. Requerimos una sociedad crítica, consciente de la relevancia de esta reforma, que apueste por un sistema de justicia que garantice los derechos humanos y no sólo una votación alimentada por algún partido o persona que sea parte de los poderes ejecutivo o legislativo.

Así también, el poder judicial debe estar sujeto a los principios de interculturalidad y pluralismo jurídico, debe considerar la perspectiva de género en sus resoluciones.

Como Plataforma de Derechos Humanos, vemos con preocupación la ausencia de un esquema de rendición de cuentas en general, es decir no sólo de la labor jurisdiccional como tal, sino de todo el aparato judicial. Nos preocupa sobre manera la aprobación de jueces sin rostro, que en otros países se ha usado contra los opositores políticos, ello son rechazados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al atentar contra el debido proceso. Exigimos mayor claridad en la justificación de estas figuras, así como la labor que desarrollarán.

Es evidente que una reforma de fondo al Poder Judicial es necesaria, para un sistema que se pretende democratizar, sin embargo, observamos que la reforma aprobada no resuelve el problema que representa la falta de acceso a la justicia de las personas que menos recursos tienen.

En las cárceles de México, un altísimo porcentaje (4 de cada 10) de personas no tienen sentencia; no saben si son culpables, pero ahí están esperando. En México, por eso la importancia de modificar las fiscalías federales y locales que en están reforma no se ven claras y son necesarias pues actualmente la justicia es para quien puede pagarla. En este mismo sentido, nos llama la atención y nos inquieta también la ampliación del catálogo de delitos que ameritan la Prisión Preventiva Oficiosa.

Como personas defensoras de derechos humanos nos preguntamos ¿cómo se nos garantizará el derecho a defender derechos humanos?, pues, adicionalmente, la reforma al juicio de amparo nos ha dejado sin la protección en el ejercicio de nuestros derechos.

La Plataforma de Derechos Humanos esta integrada por:

Caminos A.C.; Centro de Acompañamiento a Migrantes A.C.; Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño A.C. (CAMPO); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto” A.C.; Centro de Estudios y Fortalecimiento Comunitario Mano Vuelta A.C.; Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A.C. (CEPIADET); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” A.C. (BARCA DH), Círculo Profesional para la Formación con Equidad de Género Nduva Ndandi A.C.; Colectivo de Mujeres de Ayutla; Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGO DH); Defensores por la Justicia; Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña A.C. (IDEMO); Las Consejeras Oaxaca; Luna del Sur A.C.; Piña Palmera A.C.; Red Oaxaqueña de Mujeres Indígenas Trenzando Saberes; Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA); Servicios del Pueblo Mixe A.C.; Tequio Jurídico A.