El episcopado ante el segundo piso de la 4T
Son el ladrón que grita “al ladrón”. Las tres ministras oficialistas reaccionaron con la misma desmesura al proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, aprobado por ocho votos. Por la decisión de estudiar si tienen atribuciones para analizar la constitucionalidad de la reforma judicial denunciaron “golpe de Estado”. No entraron al fondo, pero eso bastó para convertirse en blanco de furiosos ataques, al grado que, en una entrevista posterior, la ministra Lenia Batres advirtió sobre juicios políticos y denuncias penales.
Los propagandistas del régimen hicieron segunda a la histeria y desataron el consabido linchamiento en redes sociales. La presidenta Claudia Sheinbaum quiso matizar, asegurando que no daría gusto a quienes los señalan de autoritarios y, por ello, nomás acusó a los ministros de dar un “golpe guango”.
En cualquier caso, con mayor o menor estridencia, no solo niegan a la Corte su facultad de revisar reformas constitucionales, también la de jueces y tribunales para dar trámite a juicios de amparo sobre ellas, llegando al extremo de desacatar suspensiones judiciales sin más respaldo que su simple opinión jurídica y delirantes teorías de la conspiración.
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