Síndrome de Layin y el jaguar

Una de las prácticas más comunes en los tres órdenes de gobierno sin que influya o sea definitorio el partido en el poder, la ideología de los gobernantes o la opinión que pueda tener la población enterada, es negar en todo momento y bajo cualquier circunstancia la responsabilidad que puedan tener como servidores públicos en hechos, situaciones y determinaciones que afectan a la mayoría de la población, de atropellos, asesinatos, desapariciones, disposiciones administrativas o legales que afecten a la población así como el actuar de los gobernantes y sus subordinados que sean contrarios a las normas vigentes o que sean delitos flagrantes a todas luces.

De esta manera en todo informe o declaración especifica sobre este tipo de temas podremos escuchar como en completa “naturalidad” los servidores públicos sostienen que los índices delictivos están disminuyendo y que son herencia de las administraciones pasadas sobre todo las que son de un partido diferente al suyo, que la seguridad mejora a pesar de la percepción que califican de errónea de la mayoría de la población que no dudan en adjetivarla como de los adversarios o de querer dar un golpe de estado al gobierno de avanzada que representan, que la pobreza está disminuyendo desestimando aun los informes oficiales que esta aumenta dolorosamente o que la corrupción ya se acabó y que la única mancha es tal o cual desvío de recursos porque los titulares fueron engañados por los malos servidores de otros partidos que traicionaron su confianza.

En la presente administración del bien común han dado un giro peculiar a esta conducta arraigada por años para de entrada no ser tan contundentes en negarlo pero como ya se hizo una conducta de gobierno característica desde hace algunos pocos años, la peculiar y cínica declaración de un gobernante municipal de Nayarit al aspirar a reelegirse dijo que si había robado “pero poquito” porque  no había mucho dinero en caja, para convertirse propiamente en un síndrome de los que dicen gobernar que lo mismo repiten si del número de asesinados se trata, de los millonarios desfalcos y uso ilegal de fondos públicos que de un escandaloso monto de 15 mil millones lo dejaron en 9 mil y ahora parece que ya va en 5 mil millones sin que alguien deje en claro que uno de los principales estafadores es familiar en primer grado de un ex colaborador del titular que no solo no ha sido impugnado y señalado de tan tremendo delito sino que fue premiado y escondido en oscuro puesto de tercer nivel uno vez que se dio el ilícito. En los ultimo días que corren para documentar nuestro pesimismo, la titular del ejecutivo ha dicho primero que había que dar pruebas si las tuvieran de la filiación o adscripción a los intereses del crimen organizado de los aspirantes que fueron señados públicamente por el lenguaraz titular del senado de la república para de inmediato al día siguiente ante la evidencia de los hechos que habrá que llegar al fondo porque son “pocos casos”,20, poquitos en relación a los más de 2 mil  que estarán en juego el primero de junio: ¡Si de veras!

Y aunque parezca miscelánea pueblerina esta colaboración, considero  agregar un tema solo al parecer diferente, de nuestra idiosincrasia e identidad mexicanas que en los últimos días también han inundado las inefables redes sociales como la de la elección de los aspirantes al poder judicial, que fue el aniquilamiento de un jaguar en la zona mixe de Oaxaca en que un campesino de la localidad de Totontepec es filmado con el jaguar muerto con un  rifle y el cadáver sobre sus hombros ante la risa y celebración de quien lo graba sin que a la fecha de escribir esta columna se sepa mayores datos pero si una polvareda en redes en que unos, la mayoría de las expresiones, lo condenan ofreciendo hasta recompensa por la captura del presunto ultimador y otros que han ido creciendo en espacios mediáticos, calificando de racistas y clasistas a quienes condenan el hecho arguyendo el origen y la pertenencia del presunto cazador de un Pueblo Originario y exigiendo a las autoridades responsables (?), una investigación que contemple desde su filiación, hasta los posibles móviles “mágicos” o para defender a sus animales de pastoreo o su propia vida.

Las leyes vigentes tanto en materia de Pueblos Originarios y Afromexicanos como de la fauna en peligro de extinción no consideran algún tipo de atenuante en casos como el que presumiblemente se ha dado que por si fuera poco la reciente ley promulgada a nivel federal sobre estos Pueblos carece de una reglamentación  específica que la haga posible en la cotidianidad jurídica que se pueda presentar y aunque la ley reglamentaria en vigencia en Oaxaca está subordinada a la Constitución General tampoco lo contempla: Con estos defensores ni pensar que puedan ocuparse de enterarlos, de capacitarlos en la materia ni mucho menos promover nuevas disposiciones que realmente los tutelen.

Gerardo Garfias Ruiz

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