Abelardo Martín / DINTEL / Son candidatos, ¡no tarugos!

México, D.F. 23 de mayo 2012 (Quadratín).- No es gratuita la creencia de que el cargo de diputado o senador dura 3 o 6 años, respectivamente, pero el desprestigio toda la vida. Tampoco es falso que esos cargos dejan mucho y, si uno quiere, exigen poco. Si acaso asistencia, que muchos se saltan cuando quieren. Los malos ejemplos sobran.
Es sabido también que los candidatos reciben, de sus partidos, recursos para sus campañas electorales. Pero lo que pinta de cuerpo entero a los políticos es que cobren en la nómina por un cargo que ya no ejercen y, también, reciban dinero para su campaña. Claro, paga el mismo, el pueblo.
Al menos 50 diputados federales compiten actualmente por un nuevo cargo de elección popular sin haber renunciado a sus privilegios como legisladores. Puede ser que no cometan una ilegalidad, pero, sin duda, si una inmoralidad y grave.
Estas prerrogativas son: un ingreso mensual de 150 mil pesos, peajes carreteros y un pasaje aéreo semanal, así como seguros de gastos médicos mayores para ellos y sus familias. Tan solo la remuneración ordinaria de ese medio centenar de representantes significa mensualmente un desembolso de 7.5 millones de pesos para el Congreso de la Unión. El ex presidente de la Cámara de Diputados, Guadalupe Acosta, denunció en su momento que alrededor de 120 legisladores dejaron vacías sus curules, sin permitir ser ocupadas por sus suplentes, lo que propició la suspensión de seis sesiones, cuando menos, por falta de quórum.
La remuneración mensual por diputado federal suma poco más de 150 mil pesos, divididos en tres conceptos: dieta neta mensual (75 mil 457 pesos), asistencia legislativa (45 mil 786 pesos) y atención ciudadana (28 mil 772 pesos). Además cuentan igualmente con 2 mil 780 pesos al mes en vales de despensa y un cupón de 170 pesos diarios para el consumo de alimentos en los restaurantes del recinto parlamentario.
No para ahí, pues adicionalmente, cada legislador cuenta con una tarjeta IAVE de la Cámara de Diputados para cubrir sus cuotas en las autopistas, además de un viaje redondo a la semana durante los recesos parlamentarios y hasta dos en los periodos de sesiones.
Ni el texto constitucional ni la legislación electoral vigente obligan a los diputados a solicitar licencia para competir por otros cargos de elección popular, pero los estatutos de algunos partidos, como el PRI, sí establecen ese requisito para registrarse en las contiendas internas.
Por ello, legisladores priistas como Arturo Zamora, Omar Fayad, Marcela Guerra, Eviel Pérez y Sofía Castro dejaron temporalmente su curul a mediados de enero y, una vez ganadas sus candidaturas, solicitaron su plena reincorporación a la Cámara. Los diputados Cristina Díaz, Claudia Ruiz Massieu y Arturo Zamora, del PRI; César Nava, Gabriela Cuevas y Rosi Orozco, del PAN; Armando Ríos Píter, Leticia Quezada y Vidal Llerenas, del PRD, así como Pablo Escudero, del PVEM, entre otros, se encuentran concentrados en sus actividades proselitistas, sin dejar de cobrar en el Palacio de San Lázaro, a diferencia de otros representantes que solicitaron licencia definitiva para dejar sus curules y dedicarse de tiempo completo a sus campañas.
Igualmente, se mantienen en la nómina de la Cámara de Diputados y ”pelean” por un puesto de elección popular: los priistas Gerardo Sánchez, Armando Neyra, Diva Hadamira Gastélum, Graciela Ortiz, Clara Gómez Caro, Trinidad Padilla y Leticia Robles, entre otros, compiten por un escaño en el Senado o un cargo local en sus respectivas entidades, pero, en la misma circunstancia se encuentran los panistas Arturo García Portillo, Silvia Pérez Ceballos, Daniel Ávila, Nelly Márquez, Sonia Mendoza, César Octavio Pedroza, Benigno Quezada, Juan José Cuevas, Felipe de Jesús Rangel, Alberto Esquer, Alfredo Javier Rodríguez, Kenia López y Ezequiel Rétiz. Los perredistas Claudia Edith Anaya, Socorro Sofío Ramírez y Esthela Damián Peralta, así como el petista Alfonso Primitivo Ríos, e incluso ”independientes”, como Emilio Serrano, continúan como diputados en funciones, con todas las prerrogativas legales y económicas que el cargo representa para ellos.
Claro, como acotó un observador político, después de cuantificar lo que cuestan al pueblo estos políticos: ”son legisladores, no tarugos!”