Aplica Conagua Ley en materia de aguas residuales

Oaxaca, Oax., 13 de febrero 2011 (Quadratín).- “Un erróneo manejo y disposición de las aguas residuales puede derivar en un foco de infección y llegar a convertirse en un problema de salud pública, así como ser factor fundamental en el deterioro de los ecosistemas, si no se previene y controla la contaminación de los cuerpos de agua” reconoció el Director del Organismo de Cuenca Pacífico Sur de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Álvaro Demetrio Jarquín Rojas.
Al respecto, indicó que la Conagua tiene registradas 69 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en el estado, de las cuales se encuentran en operación 51 y el resto ha dejado de funcionar en su mayoría, por falta de mantenimiento en su infraestructura, pero algunas de ellas también se vieron afectadas, como la de Santa Cruz Xoxocotlán y la de San Sebastián Tutla, por las lluvias extremas ocurridas en el 2010.
El funcionario dijo que la infraestructura en operación para el tratamiento de aguas residuales en el estado es del orden del 37% y con la puesta en marcha de las PTAR que se construyen actualmente, esta cobertura crecerá al 40%.
Jarquín Rojas informó que el caso específico de Santo Domingo Barrio Bajo, Villa de Etla, se trata de un problema de contaminación en el río “Chiquito” afluente del río Atoyac, derivado de las descargas de aguas residuales de tipo municipal provenientes de la Villa de Etla.
En atención a una denuncia popular promovida por la propia Agencia de Santo Domingo Barrio Bajo, la Conagua realizó una visita de inspección para verificar el cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales (LAN) en materia de prevención y control de la contaminación, de la que resultó que dicho municipio realiza descargas de aguas residuales sin tratar ya que su PTAR está fuera de servicio.
Indicó que a través de la Dirección de Administración del Agua de este Organismo de Cuenca, se instruyó el procedimiento administrativo de imposición de sanciones por contravenir la Ley y se impuso una multa económica de $287,357.46, misma que fue turnada al área fiscalizadora para su cobro, al vencerse los plazos de pago.
Enfatizó que la Conagua verifica y seguirá verificando el cumplimiento de las disposiciones legales respecto al control y prevención de la contaminación del agua, como en el ejercicio 2010, que se realizaron visitas de inspección en los municipios de los valles centrales de Villa de Etla, San Lorenzo Cacaotepec, Santo Tomás Mazaltepec, Reyes Etla, Tlalixtac de Cabrera, Ocotlán de Morelos, Santiago Apóstol, San Francisco Telixtlahuaca, Villa de Zaachila, San Pablo Villa de Mitla, Tlacolula de Matamoros, Zimatlán de Álvarez, San Sebastián Tutla, San Juan Guelavía, San Juan del Río, Santa Ana del Valle, Santa Cruz Amilpas, San Juan Chilateca, y Santa Cruz Xoxocotlán.
Jarquín Rojas dijo que la Ley es muy clara al indicar que el tratamiento de las aguas residuales derivadas del uso público-urbano, así como la distribución de agua potable, drenaje, entre otros servicios, están bajo la responsabilidad de las autoridades municipales. Sin embargo, dijo, “los municipios no tienen establecidas cuotas o tarifas a los ciudadanos para cubrir los costos de la operación y mantenimiento del drenaje público y el tratamiento de las aguas servidas lo que impide el funcionamiento adecuado de este tipo de infraestructura”.
Indicó que la Conagua siempre se ha manifestado a favor de estrategias de coordinación entre los tres niveles de gobierno, con intervención de la sociedad, para que tomar acciones tendientes a resolver la problemática no solo en Santo Domingo Barrio Bajo, sino en todos aquellos lugares donde existen problemas similares de disposición y tratamiento de aguas residuales.
El funcionario federal finalizó indicando que la Conagua, conforme a sus atribuciones fomenta y apoya la construcción de la infraestructura necesaria para la operación de los servicios públicos a través de la aplicación de programas federalizados como el APAZU (Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas), en donde puede aportar hasta el 60% de los recursos necesarios para la rehabilitación de plantas de tratamiento y del 40 al 50%, dependiendo del tipo de obra en el rubro de agua potable.