Aquiles Córdova / La arbitrariedad del poder se desborda en Chiapas

El predio denominado “El Salado Experimento”, que fue un área protegida a cargo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), fue donado a un grupo de 500 familias sin vivienda propia, encabezadas por el Comité Estatal de Antorcha Campesina en Chiapas, que dirige Alejandro Vázquez Nájera, como expliqué en un artículo anterior. También hablé de la ocupación pacífica del predio a fines del año pasado, y del desalojo violento, casi inmediato, que sufrieron los antorchistas solicitantes de vivienda. Después de ese arbitrario e ilegal desalojo (los policías nunca mostraron la orden respectiva y se limitaron a repetir, una y otra vez, que “sólo obedecían órdenes superiores”) siguió un largo y tortuoso proceso de negociación cuya conclusión fue la reubicación de los solicitantes en otro predio que la autoridad se comprometía a adquirir por su cuenta. En tres ocasiones los interesados creyeron haber encontrado lo que convenía a ambas partes (gobierno y solicitantes) y otras tantas fueron rechazados con el argumento de que el precio era demasiado alto. Finalmente, fue el propio gobierno quien devolvió el problema a sus inicios: puesto que no hay dinero para otro terreno, dijo, ocupen el predio “El Salado Experimento”.
Vino entonces la discusión sobre la superficie que debían ocupar, a pesar de que CONANP había deslindado ya dicha superficie. Por fin se llegó a un arreglo: ni el máximo que pretendían los peticionarios ni el mínimo que se les quería imponer, sino una cifra intermedia que resolvía las necesidades del grupo y dejaba al gobierno una parte sustancial del predio. Todavía hubo que satisfacer al sistema de agua potable de Tuxtla Gutiérrez, que no acepta viviendas cerca de sus tuberías; a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que exige una “zona de seguridad” a ambos lados del cableado de alta tensión, y otros detalles similares. Todo lo sufrieron y cumplieron los solicitantes, pero de nada les valió. Primero fue la destitución fulminante de Oscar Alvarado Cook, el fiel artífice del acuerdo cuyo mérito cedió entero al Gobernador del Estado. En su lugar entró el Lic. Carlos Esquinca Cansino. De inmediato se desató la guerra de medios: que si no se habían satisfecho los requerimientos de la oficina del agua ni los de la CFE, que si los habitantes de una colonia vecina se quejaban de los “antorchistas”, que si una “dueña”, que nadie conoce, se queja de invasión. El subsecretario de Relaciones Políticas, Carlos Esquinca Cansino, fingiendo creer todo eso, ordenó desalojar el predio. Los interesados se defendieron esgrimiendo, desde luego, la minuta firmada con Alvarado Cook, pero el funcionario los despidió con la ambigua respuesta de que “ese asunto debe seguirse revisando”. Eso ocurrió el jueves 31 de julio; el viernes 1º de agosto, a las ocho de la mañana, la policía entró violentamente en el asentamiento, tumbó y quemó las humildes viviendas, saqueó lo que fue de su gusto y se llevó detenidos a siete rehenes, entre ellos a Pablo Paredes Torres, miembro del Comité Estatal de Antorcha. Ante la protesta de la gente, Esquinca Cansino llamó “a dialogar”. Acudieron Alejandro Vázquez Nájera y Tania Zapata, ambos integrantes del Comité Estatal, pero Esquinca Cansino, en vez de negociar, los entregó a la policía en su misma antesala.
Cuatro días y medio permanecieron los rehenes en los separos de la Procuraduría de Justicia de Chiapas violando el plazo estipulado por la ley. Especialmente duros fueron con Alejandro a quien, incluso, negaron el derecho a recibir medicamentos que toma normalmente por ser hipertenso. Por fin, el martes 5 de agosto por la tarde, los echaron a la calle mediante una resolución que deja abierta la amenaza de reabrir el expediente cuando lo consideren conveniente y, además, los obliga a “no volver a cometer el mismo delito”, es decir, a no intentar ocupar predio alguno. Pero esto contradice flagrantemente dos documentos signados por el gobierno de Chiapas. El primero, firmado por Alvarado Cook, dice textualmente que se autoriza a los solicitantes a ocupar el predio denominado “Loma Larga”, parte de otro mayor llamado “El Salado Experimento”; el segundo, negociado por mí con el Dr. Nemesio Ponce, Subsecretario General de Gobierno de Chiapas, expresamente acepta poner en libertad a los detenidos “sin ningún cargo”, lo que equivale a reconocer que no cometieron ningún delito. Además, en nombre del gobierno de Chiapas, se compromete a adquirir un lote de 13 hectáreas para reubicar a los desalojados de “El Salado Experimento”. De aquí se deduce que el desalojo y el encarcelamiento de nueve líderes antorchistas fue una arbitrariedad total, una violación flagrante al Estado de Derecho y un rudo golpe a la credibilidad del gobierno del Lic. Sabines. Demuestra, además, que fue absolutamente gratuita la saña y la brutalidad con que actuaron para imponer una solución (el cambio del predio litigioso por otro que llene la misma necesidad) que ya habían aceptado los interesados en otro momento, sin necesidad de violencia alguna. Por tanto, el Movimiento Antorchista Nacional no acepta, bajo ningún concepto, que sus compañeros chiapanecos queden condicionados a no “volver a cometer un delito” que nunca cometieron; refrenda, además, su compromiso de continuar la lucha hasta que los necesitados de una vivienda resuelvan en justicia esa necesidad.
Un viejo conocido mío, cercano al Lic. Sabines Guerrero, me asegura que el gobernador chiapaneco es un hombre bueno, sensible, democrático y amigo del diálogo. Y me aconseja insistentemente que busque su intervención directa. No está en mis manos lograrlo, evidentemente; pero aquí hago votos porque mi conocido no se equivoque y porque el gobernador Sabines, al enterarse de este lodazal, ponga la camisa de fuerza a quienes están mancillando la justicia chiapaneca y la imagen de su gobierno. De todos modos, por sí o por no, el Antorchismo Nacional ya se prepara para resistir, si ése fuera el caso, todo lo que resta del sexenio sabinista.