Aquiles Córdova / Se eterniza la injusticia en Querétaro

México, DF. 20 de marzo de 2009 (Quadratín).- Y a son seis meses los que han soportado injusta prisión los campesinos de La Piedad, municipio de El Marqués, en el estado de Querétaro, encabezados por Rubén del Río Alonso, miembro del Comité Estatal de Antorcha Campesina, cuyo “delito” fue hacer compañía, la madrugada en que todos ellos fueron detenidos, a quienes montaban guardia cerca del pozo que surte de agua potable a su pueblo, cínicamente usurpado por Roberto Hernández Barrón, cuñado del feroz secretario de Gobierno Alfredo Botello Montes. Casi el mismo tiempo lleva privada de su libertad la licenciada Yesenia Valdez Flores, inteligente abogada de muy humilde extracción que, con todos los riesgos que ella sabía que corría, aceptó hacerse cargo de la defensa legal de los detenidos. El minigorilato que desgobierna en Querétaro, en un burdo intento por legitimar el brutal atropello contra una profesional del Derecho, cínicamente la acusa, sin ninguna prueba válida, de haber encabezado “la toma del pozo”.
No es mi propósito, en esta ocasión, repetir detalladamente los avatares de este problema de indudable trascendencia jurídica y social, mismos que he dado a conocer en colaboraciones anteriores. Sólo quiero subrayar esta vez, para sensibilización de la opinión pública nacional, que, detalles más o menos, las conversaciones que la comisión negociadora por parte del Movimiento Antorchista Nacional ha sostenido con funcionarios de la Secretaría de Gobernación federal, han conseguido que se reconozca, con las reticencias que era obvio esperar, que las detenciones carecen absolutamente de sustentación legal y que son, en consecuencia, arbitrarias y violatorias de las garantías individuales y sociales de los campesinos de La Piedad y sus líderes. Es precisamente sobre esta base que ellos han propuesto, y nosotros aceptado, hacer un alto en nuestras manifestaciones públicas de protesta y conducir la lucha en el terreno legal con la asesoría profesional de los abogados de la dependencia.
Tengo que reconocer, ciertamente, que a partir de este acuerdo que los antorchistas hemos respetado escrupulosamente como consta a la opinión pública, se han dado algunos pasos significativos en el propósito de lograr justicia para nuestros compañeros presos; y que en tales avances modestos ha tenido que ver la actuación de la parte oficial. Uno de tales pasos, el más apreciable a simple vista por cierto, es la liberación de nueve de los 15 ciudadanos originalmente detenidos, dos de los cuales, por cierto, estaban en acuerdos con el gobierno del estado y su liberación fue más un premio a su sometimiento y claudicación que un verdadero acto de justicia. En resumen, pues, el logro concreto en todo este tiempo son siete campesinos antorchistas liberados y nada más.
Desde mi punto de vista, estos pobres resultados obedecen al hecho de que, sin traicionar abiertamente la palabra empeñada, Gobernación federal ha procurado dosificar su intervención a favor de la ley y la justicia al mínimo indispensable para no romper las pláticas, pero más interesada en no molestar, ni con el pétalo de una rosa, al minigorilato de Querétaro. Veamos. Su primer compromiso fue que el Juez de Segunda Instancia que revisaría la actuación del juez Ortega Cerbón, claramente a las órdenes del gobierno estatal y persecutor encarnizado de los antorchistas, dictaría un amparo simple y llano a los detenidos, lo que implicaría su inmediata liberación siempre y cuando el Ministerio Público no interpusiera la consabida apelación. Por eso, el compromiso fue también que tal apelación no se produciría. Lo que en los hechos ocurrió fue, primero, que no se dictó un amparo simple y llano sino “para efectos”, lo cual dejaba la puerta abierta a Ortega Cerbón para maniobrar en contra de la libertad de los presos; y, segundo, que si bien el Ministerio Público, en un acto de dignidad profesional que le agradecemos, se abstuvo de apelar, insólitamente y violando abiertamente la legislación y la jurisprudencia aplicable al caso, lo hizo en su lugar el juez Ortega Cerbón.
Una sucia maniobra que debió merecer su destitución fulminante. Pero no pasó nada. El juez revisor desecho el recurso por notoriamente improcedente, pero, además de que mantuvo el amparo “para efectos”, en estos trámites burocráticos se perdieron días y días que, para los presos, equivalen a una eternidad. Fue ante este rechazo que Ortega Cerbón, para “taparle el ojo al macho” como suele decirse, liberó a nueve de los detenidos pero a cambio de “reclasificar” el delito para los seis restantes. En lenguaje llano, lo que hizo fue que, mientras con una mano abría la puerta a los menos “peligrosos”, apretó el nudo corredizo en torno al cuello de los verdaderamente importantes, esto es, los integrantes del comité administrador del pozo en disputa, el líder antorchista Rubén del Río Alonso y la limpia y noble abogada Yesenia Valdez Flores.
La “asesoría legal” de Gobernación, para no perder el control de la situación, se apresuró a asegurarnos que la maniobra del cancerbero Cerbón no prosperaría. Que esta vez, además, el Juez de Segunda Instancia sí dictaría un amparo simple y llano que pondría en libertad inmediata a los detenidos. Y en ésas estamos. Llevamos ya más de un mes en espera de la resolución del juez y nada. La lentitud y la parsimonia con que se mueve la justicia son verdaderamente exasperantes y ponen en duda la intensión de cumplir lo pactado. Tanto tiempo, tanta “prudencia” para no lastimar a los gorilas que violan la ley sin ningún miramiento parecido, dice a las claras que la cárcel, que la pérdida de lo más preciado para el hombre que es su libertad, que los daños económicos y emocionales para las modestas familias de los presos, daños todos que no les pagará nadie, aun cuando salgan de la cárcel, son para Gobernación federal y para la justicia queretana pelillos a la mar, minucias que no requieren y no valen la pena de apresurarse para remediar el abuso. Pero los afectados, sus familiares y sus hermanos antorchistas, colocados en el otro polo del problema, no ven las cosas igual. Para ellos ese retraso es una injusticia más; es echar agua donde ya hay lodo; y comienzan a exigir que pasemos de las quejas a las acciones. Se está agotando, pues, irremediablemente, el tiempo de gracia para las negociaciones.