Reconciliación
México, D.F. 15 de junio de 2009 (Quadratín).- El sábado 16 de abril fue asesinado, en un paraje de la brecha que comunica a Zapotitlán Tablas, Guerrero, con la carretera Chilpancingo-Tlapa, el campesino antorchista Alfonso Rivera Cruz, presidente municipal suplente de ese municipio enclavado en la famosa (por su pobreza ancestral) región de La Montaña. Los hechos pueden resumirse así: dos individuos, que responden a los nombres de Rogelio Santiago García y Martín Zacarías Santiago, contrataron al hoy occiso para que, en una camioneta de su propiedad, les llevara una carga de tomate al mercado de Chilapa. Al llegar al paraje mencionado, varios encapuchados se pararon frente al vehículo y uno de ellos, sin mediar palabra, se acercó al conductor y le disparó a quemarropa. A los dos contratantes, que iban en la cabina junto con la víctima, no les tocó ni un rasguño siquiera. Lo que confiere al hecho su gravedad es su carácter político; eso hace creíble el rumor de que es sólo el primer eslabón de una cadena de asesinatos contra otros personajes de la vida pública de Zapotitlán Tablas, rumor que se refuerza por dos elementos fundamentales: el contexto político del asesinato y los rumores bien fundados sobre los autores materiales e intelectuales del crimen y sobre los motivos ocultos del mismo.
Respecto a lo primero, es bueno saber que el ayuntamiento que gobierna en Zapotitlán Tablas (y al que pertenecía el occiso), ganó el poder en abierta lucha contra los restos de la conocida y temible Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), camarilla armada e integrada por fríos y desalmados asesinos que, en nombre de la revolución, han cometido todo tipo de delitos y han asesinado a mucha gente inocente (entre ellos a varios antorchistas). Los candidatos de esta gente contaban, además, con el apoyo de funcionarios poderosos del gobierno del estado, que desde las sombras apadrinan a la LARSEZ desde siempre. La planilla que ganó era de composición plural; así lo prueba el hecho de que la encabezara José Santiago Agustino, un personaje sin filiación de grupo pero que, cuando menos al momento de la elección, tenía imagen de hombre honesto, limpio de crímenes, trabajador y partidario del progreso de su municipio (por eso mereció el apoyo de los antorchistas encabezados por su líder, el profesor Macario Moreno de la Cruz), y que en ella figuraran, además, el síndico procurador, Abundio Pérez Ojéndiz, un reconocido larsista de toda la vida, y Alfonso Rivera Cruz, el suplente asesinado, compañero nuestro. De acuerdo con esto, es rotundamente falso que el Ayuntamiento de Zapotitlán sea un Ayuntamiento antorchista, como dicen sus detractores. Por estos antecedentes, el Ayuntamiento ha tenido que trabajar en condiciones muy difíciles. Desde el primer día de su gestión comenzaron los ataques, las críticas, los obstáculos a su labor y, sobre todo, las amenazas de muerte para las cabezas más visibles. Un hecho significativo al respecto es que, en plena campaña, manos desconocidas pero poderosas pusieron en libertad, sin razón legal alguna, a Marcial Dircio, líder histórico de la LARSEZ que purgaba una sentencia por asesinato en el penal de Chilpancingo. Se soltó al lobo en medio de las ovejas para obligarlas a votar en favor de los larsistas repudiados por ellas. El asesinato de Alfonso Rivera Cruz es, pues, una amenaza cumplida, la crónica de una muerte anunciada con toda anticipación.
Veamos ahora qué dice la voz popular. Testigos de los hechos, cuya identidad me reservo por razones obvias, dan nombre, apellido y el domicilio preciso del asesino material; dicen con igual seguridad que quienes contrataron a Rivera Cruz son larsistas reconocidos y que actuaron de acuerdo con los asesinos. Así se explica, dicen, que no les tocase ni un arañazo y que, en sus declaraciones ministeriales, haya contradicciones flagrantes según los abogados de la víctima. Ratifican que el síndico procurador es larsistas, y que por eso se tardó casi una semana en dar parte de los hechos al Ministerio Público, además de que sus diligencias son tan parciales que se requiere la exhumación del cadáver, según el propio Ministerio Público. Suma y sigue. Detrás del asesinato está Marcial Dircio, que el día del crimen se entrevistó con varios pistoleros larsistas a pretexto de que acompañaba en su gira proselitista al candidato a diputado Sofío Ramírez Hernández. Hay acuerdo en que, además de los intereses locales de Dircio, hay otros más poderosos que rebasan con mucho los límites municipales. Finalmente, ¿por qué se asesinó precisamente al presidente suplente y no a otro cualquiera? Corren versiones muy seguras de que éste es el primero de un total de cinco asesinatos que incluyen a las siguientes personas: José Santiago Agustino, Nicéforo García Navarrete, Gregorio Cortés y Macario Moreno de la Cruz. La lista incluye, pues, al presidente municipal en funciones y al líder antorchista de la zona, y las razones son, primera, que, en caso de faltar el Presidente propietario y el suplente, por ley el cargo recae en el síndico procurador, es decir, en el larsista Abundio Pérez Ojéndiz, para provecho de Dircio y camarilla; segunda, que lograrían erradicar al antorchismo, único obstáculo serio para que Dircio y padrinos tengan el control absoluto del municipio.
Las autoridades políticas y judiciales de Guerrero han sido puntualmente informadas de todo esto y más; pero su reacción es el escepticismo y el menosprecio porque, dicen, son sólo rumores. Eso es verdad; pero también lo es que, juntando todos estos indicios, se conforma el cabo de una hebra que, si se sabe jalar, conduciría con toda seguridad a la madeja. Y eso es justamente lo que demandamos. Porque de no hacerse justicia en el caso, habrá sin duda nuevos asesinatos, y las autoridades aludidas serían responsables sin ningún género de duda, pues ya se sabe que crimen que no se castiga indefectiblemente se repite. Que conste.