Aurelio Nuño, entre Vasconcelos, Cueto y Mendiolea del 68

Indicador Político

MÉXICO, DF, 14 de diciembre de 2015.- Como jefe de la oficina de la presidencia, Aurelio Nuño fue el encargado de definir la decisión de deslindamiento del gobierno federal del secuestro y asesinato de 43 normalistas en Iguala el 26 de septiembre de 2014. Pero esa respuesta sumió al Estado en la peor crisis de gestión desde Tlatelolco-68.

Designado secretario de Educación Pública, Nuño ha sido el responsable de la decisión de evaluar a los maestros con el uso de la policía federal. Y ante la crisis en Chiapas el martes por la muerte de un profesor y dos maestros heridos, el titular de la cartera educativa deslindó al gobierno federal y culpó a los propios maestros del muerto.

El problema magisterial sigue sin ser entendido por los responsables de gestionar la modernización del sistema educativo. La lección de los 43 normalistas no fue racionalizada y menos entendida por el secretario Nuño: la crisis estalló no por el deslindamiento de responsabilidad federal en el secuestro y asesinato de los jóvenes sino por la nula operación política del Estado paran dar respuestas.

Si los maestros de la CNTE de Chiapas toman la bandera de Ayotzinapa de que “fue el Estado” y dicen que el responsable de la muerte de un profesor en el sureste fue el Estado, la crisis magisterial escalará otro peldaño y redinamizará la protesta magisterial. Por lo pronto, la muerte de un maestro ya contaminó el proceso de evaluación.

Los mecanismos de razonamiento político-estratégico de las figuras clave del gobierno del presidente Peña Nieto carecen justamente de perspectiva de seguridad política del Estado. Los enfoques oficiales se agotan en las responsabilidades directas pero en situaciones de compartimentalización de conflictos interrelacionados. El caso de los 43 normalistas no ha sido analizado desde la perspectiva del Estado; la evaluación de profesores padece del mismo error estratégico: el problema magisterial no es de capacidad y preparación de los mentores sino de un asunto político, de clase y de proyecto político e ideológico.

La muerte del maestro chiapaneco fue responsabilidad criminal de la CNTE que lanzó el autobús contra los propios profesores, pero será de responsabilidad política del Estado. Ahí es donde el secretario Nuño se tropezará por segunda vez con la misma piedra: no se trata de quién lo hizo sino del contexto de lucha en que ocurrió. Nuño estaría cometiendo los mismos errores políticos de los jefes policiacos Luis Cueto y Raúl Mendiolea en el 68 que sustituyeron la política con los granaderos.

Si lo que busca Nuño es utilizar la evaluación magisterial como un activo político para su candidatura presidencial, el maestro muerto y la respuesta oficial de deslindamiento ofrecen el perfil de un funcionario que elude responsabilidades estratégicas y no de un estadista que debe entender que el problema magisterial es el principal problema estratégico del Estado y no la presentación de exámenes de capacidad de los mentores.

El agudizamiento autoritario en la aplicación de evaluaciones ha pospuesto lo fundamental: la redefinición filosófica y productiva de la educación. El desgaste político del gobierno y del Estado en la evaluación evitó el siguiente paso fundamental en la reforma educativa: la desindexación -por así decirlo- de la educación como punto de definición de la democracia, la justicia social y el bienestar, áreas que le corresponden al sistema político, al partido en el, poder y a la política del desarrollo.

Sólo para sus ojos:

De chisme político: en una reciente reunión social, el expresidente Salinas de Gortari logró la reconciliación con Jaime Serra Puche, su secretario de Comercio, a quien había culpado del “error de diciembre” de 1994 con la devaluación del peso. Serra había sido repudiado por Salinas y por Zedillo.

La aplicación estricta del nuevo reglamento de tránsito en el DF le causará daño a la figura del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera porque los mecanismos están incompletos. La percepción social dice que se multiplicará la corrupción.

Muy mal la pasará el presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF, Elías Azar, porque su reelección lastimó a muchos funcionarios judiciales. Y de paso también afectará a Mancera.

Si deveras quieren que el salario mínimo sea remunerador, su aumento no debía ser de 18% -300 pesos mensuales- como plantea el GDF sino de 300% que es el verdadero mínimo para vivir.

Mucha frivolidad entre Mancera y El Bronco al apostar en la final de futbol.

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