Carlos Ramírez/ Indicador Político

+ IFE, árbitro muy cuestionado
+ 2012: quiere ser juez y parte
México, D.F., 26 de febrero de 2012 (Quadratín).-El proceso de evolución del Instituto Federal Electoral ha sido el de la búsqueda de la democracia. Luego de los resultados no creídos de la elección presidencial del 6 de julio de 1988, el gobierno de Carlos Salinas se enfrentó a la necesidad de recuperar credibilidad –la legitimación secundaria pactada con el PAN– pero al mismo tiempo tuvo que entrarle a la modernización política como parte de la modernización económica y la globalización.
El IFE nació de las cenizas de la Comisión Federal Electoral controlada por el gobierno en un sistema de partido autoritariamente hegemónico y va a terminar su ciclo político –aunque pueda sobrevivir algún tiempo más– dominado por los intereses de los partidos políticos; al final, el daño ha sido el mismo: la autoridad electoral no responde a la exigencia de la democracia sino a grupos de interés.
La transición de España a la democracia se hizo sobre tres pivotes: la ley de la reforma política, los Pactos de la Moncloa y la Constitución de la monarquía parlamentaria y constitucional. La primera fue muy sencilla: a través del voto, se le regresó el ejercicio de la soberanía al pueblo a través de una estructura para elegir y renovar a los gobernantes por la vía del voto libre; se trató de un avance revolucionario en una monarquía heredada por el dictador Francisco Franco. La Constitución regresó a la teoría política pura: Benjamin Constant y el monarca como el poder neutro: “el rey reina pero no gobierna”. La soberanía se le trasladaba al pueblo.
La transición mexicana se ha ahogado en sus contradicciones. El IFE nació primero como un organismo semi autónomo, con el secretario de Gobernación como presidente aunque con consejeros especiales y mayor espacio a los partidos. Luego se pasó a un IFE ciudadano ya sin el gobierno. Y terminó como un organismo dominado por los intereses de los partidos en tres niveles; en la designación de consejeros, como representantes de partidos y como representantes de partido pero provenientes de las dos cámaras legislativas.
El punto central que ha distorsionado el papel del IFE es el de la desconfianza ciudadana y los intereses de los partidos. El costo de la desconfianza, además, se taza en pesos crecientes del presupuesto en la organización de las elecciones. Al final, sin embargo, los resultados son insatisfactorios porque ni se cubre la desconfianza ciudadana ni se logra el consenso de los partidos.
Paradójicamente, las fases del IFE semi autónomo y ciudadanizado tuvo más consenso social que el actual, producto de la crisis electoral del 2006 y de las exigencias del PRD para castigar al consejero-presidente Luis Carlos Ugalde. Pero el camino se desvió cuando los partidos exigieron cuotas de poder en la designación de los consejeros electorales. Y si a ello se agrega el afán protagónico del consejero-presidente Le4onardo Valdez Zurita al querer convertirse en diseñador de un nuevo sistema electoral con prácticas más allá de las permitidas por la ley, entonces el problema se convierte en una crisis del sistema electoral.
¿Por qué el IFE de José Woldenberg y Fernando Gutiérrez Barrios no causó conflictos? La razón simple fue el diferencial de votos entre el primer y segundo lugar, pero también por el consenso social logrado en el contexto de una reforma política. Y, por si fuera poco, por el papel menos protagónico de las televisoras en tanto funcionaban entonces las formas de contratación comercial de espacios para spots. La prohibición de contratación de tiempos en radio y televisión rompió los acuerdos políticos y lanzó a las televisoras en contra de la autoridad electoral. El problema no fue la decisión en sí sino la forma de imponerla sin negociación previa. Y luego vino el caos del 2006 y el rebasamiento político del consejero-presidente Ugalde por las movilizaciones de López Obrador que quisieron imponer su victoria al margen de los procesos legales.
El IFE de Valdez Zurita va de problema en problema, asume a los actores del proceso electoral como niños desobedientes y rebasa sus facultades para imponer decisiones autoritarias que rompen los equilibrios: los debates, la vigilancia sobre los espacios electrónicos periodísticos y el pleito por la contratación directa de spots ha puesto al IFE en el centro del debate social que en nada beneficia a las elecciones de julio del 2012 que necesitan de una autoridad electoral que tranquilice y no que polarice.
Pero también hay que registrar el hecho de que el problema del IFE es de origen: como árbitro de una competencia, el IFE necesitaba de autonomía absoluta; pero quiso la decisión política meter en el IFE a los partidos y a representantes de los poderes, con lo que se da el escenario absurdo de que los partidos en competencia electoral tienen al árbitro penetrado por sus intereses partidistas. En otras naciones, los partidos nada tienen que hacer en el organismo electoral y las funciones de organización de elecciones son operativas y decididas para impedir el fraude.
Los mexicanos conocen esta forma de impedir un arbitraje sin restricciones en el futbol y lo resumen en el grito de “árbitro vendido”. El árbitro electoral en México carece de autonomía y tiene a los partidos en su seno, a veces para obstaculizar el proceso y en mucho para que las decisiones no se tomen en función del proceso electoral mismo sino en relación a los partidos dominantes. Valdez Zurita fue una concesión al PRD, el partido que se decía más ofendido por el proceso electoral del 2006; pero resulta que el consejero-presidente del IFE ha rebasado sus funciones y tiene en contra a partidos, medios y sociedad.
El problema no radica en la certeza de que el IFE tendrá que reformarse después de las elecciones y de hecho en el escenario de echar de su seno a los partidos, sino en la certeza de que el IFE carece hoy de autoridad política y moral para dirigir las elecciones. Y si las previsiones electorales hablan de una competencia activa entre tres y de resultados apretados que deben descansar en una autoridad legitimada, entonces desde ahora existe la preocupación de que el IFE estará en el seno de los conflictos electorales y poselectorales y que carece de fuerza para impedir ciertas prácticas que todos los partidos han puesto en operación en sus elecciones internas.
El IFE debe regresar a las leyes y evitar la improvisación, además de pactar un acuerdo de respeto con los partidos.
IFE: ARBITRO-JUGADOR
Cuando se reformó la Comisión Federal Electoral en 1990 y se creó el primer Instituto Federal Electoral, el objetivo era el de crear un organismo independiente del Estado para garantizar el ideal de la Revolución Mexicana: el sufragio efectivo, es decir, que el voto contara para el ejercicio de la democracia.
De ahí a la ciudadanización del IFE hubo uno de los pasos decisivos de la transición mexicana a la democracia: quitarle al Estado priista la organización de las elecciones, el conteo de los votos y la certificación de las elecciones. Si la reforma de 1990 estuvo motivada por el fraude electoral de 1988, la de 1994 que creó los consejeros ciudadanos y la de 1996 que finalmente expulsó a los funcionarios de Gobernación de la dirección del Instituto estuvieron impulsadas por el alzamiento zapatista.
El IFE cumplió su función unos pocos años: de 1990 a 2003. En el 2003 el relevo en la presidencia del Instituto no pudo cumplir los criterios de autonomía y los partidos tomaron por asalto al organismo electoral: la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, dirigida entonces por Elba Esther Gordillo, impuso como consejero-presidente a Luis Carlos Ugalde, quien no supo operar la elección presidencial del 2006, le hizo perder credibilidad al IFE y permitió la partidización de los consejeros. La reforma electoral del 2007 rompió con el espíritu de un organismo electoral para la democracia y se convirtió en cuota de los partidos.
Ahora el IFE está en el centro del debate: a las perversiones de la partidización de sus consejeros como cuotas de poder del partido se suma el interés del consejero-presidente Leonardo Valdez Zurita de convertir al Instituto en un árbitro-jugador electoral, es decir, en protagonista de las elecciones federales. Valdez ha rescrito el papel del Instituto y lo ha metido en polémicas con los partidos, los medios y los candidatos e inclusive lo ha llevado a una confrontación con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El IFE se ha sacado de la manga regulaciones y reglamentos que han enturbiado el proceso electoral y le ha introducido el factor delicado de la incertidumbre. Al final, el IFE ha querido asumirse como un poder político fáctico.
Las elecciones son el proceso decisivo de una democracia, constituyen el instante en que los electores individuales se convierten en una suma ciudadana para construir una mayoría que ejerza el valor supremo de la democracia: poner y quitar gobernantes. Para ello se necesita una estructura electoral que garantice la libertad de sufragio.
A la CFE del pasado le dañaba la conducción por el secretario de Gobernación. Al IFE de hoy le quita credibilidad la presencia de los partidos y el mecanismo de los consejeros electorales. Por tanto, luego de las elecciones de julio el país necesitará de otro organismo electoral, sin la presencia de funcionarios, ni de partidos, ni de representantes del legislativo, ni de consejeros electorales, ni de institutos estatales, municipales y distritales que han multiplicado la burocracia electoral. Bastará un organismo nacional conformado por funcionarios designados por la Corte Suprema y encargado de las elecciones federales, estatales y municipales.
Los árbitros son justamente instancias intermedias de autoridad para mediar entre adversarios y por tanto ha sido un absurdo de la política mexicana tener un IFE penetrado por los partidos que compiten en las elecciones. El IFE actual está demostrando que quiere ser más jugador que árbitro a costa de dañar su precaria credibilidad.
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