Carlos Ramírez/ Indicador Político

+ Transición y libertad de prensa
+ Cádiz, Zarco, Lares y… Puebla

México, DF. 30 de octubre de 2012 (Quadratín).-La decisión del gobierno de Puebla de demandar a dos periodistas –de una lista de diecinueve– por el uso de sus espacios de prensa para, a decir de la parte demandante, insultar a funcionarios tiene dos escenarios:
1.- El pendiente de la libertad de prensa en la instauración de la democracia posterior a la transición del 2000 y su papel en lucha contra los poderes dominantes del viejo régimen priista.
2.- El regreso al debate sobre la libertad de prensa que hubo en el siglo XIX y que sentó las bases de la libertad de prensa, con los medios como el contrapeso del poder establecido.
Por los alcances de la ley poblana y la decisión del director de comunicación del gobierno estatal de realizar las primeras dos acusaciones por “daño moral” a dos periodistas locales, el tema es espacio suficiente para debatir la función de la prensa en la nueva fase de la transición democrática.
Las reformas poblanas para demandar a periodistas tienen más de la Ley Lares santanista de 1853 y de la reforma constitucional de Porfirio Díaz-Manuel González de 1883 para controlar a la prensa que de la Ley Lafragua de 1955, los debates de Francisco Zarco en el Constituyente de 1857 y los debates de los artículos 6 y 7 en el Constituyente de 1917.
La libertad de prensa en México vino con la Revolución de Independencia: el Decreto sobre la Libertad Política de la Imprenta, promulgado por las Cortes de Cádiz el 10 noviembre de 1810. Además del apellido Política, ese decreto señaló la función de la prensa como contrapeso del poder y le dio validez legal al concepto de “opinión pública”, en su considerando que se transcribe con el lenguaje original de la época:
“Atendiendo las Córtes generales y extraordinarias a que la facultad individual de los ciudadanos de publicar sus pensamientos e ideas políticas es, no solo un freno de las arbitrariedad de los que gobiernan, sino también un medio de ilustrar á la Nación en general, y el único camino para llevar al conocimiento de la verdadera opinión pública”.
De ahí la concepción de que en América la imprenta fue la Ilustración, señala un texto de Camilo Torres citado por Germán Arciniegas y retomado por François Xavier Guerra en Modernizad e independencias.
El itinerario de la libertad de prensa en México ha sido una hazaña de la construcción de la ciudadanía política:
1.- La aparición del Diario de México, dirigido por Carlos María de Bustamante, bajo el criterio de “fijar la opinión pública”.
2.- El decreto de Cádiz de Noviembre de 1810. A América llegó en 1812 y se publicó hasta 1815 por Carlos María de Bustamante. En el primer número de su revista Juguetillo, Bustamante resumió el alcance del decreto en una sola frase: “¿con que podemos hablar?”
3.- En abril 1855 el ministro de Justicia de Santa Anna, Teodosio Lares, emitió la llamada Ley Lares con el propósito de salvaguardar a los funcionarios de los comentarios “injuriosos y calumniosos” (artículo 28).
4.- En diciembre de 1855, derrotado el santanismo por la Revolución de Ayutla, se promulgó la Ley Lafragua como Reglamento Provisional de la Libertad de Imprenta. En esta ley se clarificó el concepto de “abuso de la libertad de imprenta” sólo por tres cosas: atacar al gobierno republicano, representativo y popular, publicar noticias falsas que excitaran a la rebelión o invitar a desobedecer alguna ley.
5.- En el debate de la libertad de prensa en el Constituyente de 1857, Francisco Zarco fue muy claro en sus criterios: “la opinión sí puede ser un error, jamás puede ser un delito”. Como ministro de Gobernación, Zarco clarificó los delitos de prensa en casos de honor y de plazo pública, pero sin coartar la libertad de decir y escribir y reduciéndolos sólo a los llamados contra las leyes de la república.
6.- En 1883, bajo el gobierno de Manuel González pero por instrucciones de Porfirio Díaz, se reformó la Constitución de 1857 para regresar a los delitos de prensa como una forma de acotar las críticas a las relecciones de Díaz y para callar a los caricaturistas. La reforma liquidó la existencia de dos jurados en materia de delitos de prensa –uno para determinar si hubo o no delito y otro para la sentencia– y con ello retornó los delitos de prensa a delitos comunes.
El código civil de Puebla establece el “daño moral” como la afectación de los “derechos de personalidad” de los funcionarios –afectos, decoro, honor–, aunque no señala concretamente a los medios. Sin embargo, el código penal federal deja muy claro en su artículo 1916 bis que “no estará obligado a la reparación del daño moral quien ejerza sus derechos de opinión, crítica, expresión e información en los términos y con las limitaciones de los artículos 6 y 7 constitucionales”.
En el DF existe la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el DF, en cuyo artículo 4 establece que “se reconoce el derecho a la información y las libertades de expresión e información como base de la democracia instaurada en el sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo que tiene como presupuesto fundamental la defensa de los derechos de personalidad de los mexicanos”.
Al final, el ejercicio de la crítica periodística como libertad de prensa necesita de flexibilidad, porque si no tendrían actualmente que cerrarse todas las publicaciones y encarcelar a todos los periodistas y caricaturistas para proteger los “derechos de personalidad” de funcionarios que ocultan su ineficacia detrás de los derechos de personalidad; sin la prensa, entonces la sociedad mexicana reviviría el modelo de sociedad de los tiempos de Antonio López de Santa Anna.
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