Carlos Ramírez/ Indicador Político

+ Ejército: pagar la vajilla rota
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México, D.F. 9 de agosto 2012 (Quadratín).- Si la intervención del ejército en la lucha contra el crimen organizado se apoyó en la Constitución por la seguridad interior, el Congreso federal ha sido el responsable del retraso en la reforma a la ley de seguridad nacional que hubiera aclarado las dudas en la intervención militar.
La reforma de la Ley de Seguridad Nacional osciló entre el Senado y la Cámara de Diputados durante más de tres años mientras las fuerzas armadas luchaban contra el crimen organizado. El presidente Calderón envió al Senado el 20 de abril de 2009 la iniciativa de reforma de la Ley de Seguridad Nacional, el Senado envió a la Cámara de Diputados el 27 de abril de 2010 la minuta con las reformas y la Cámara de Diputados redactó su propia minuta en abril del 2011. El gobierno federal combate a la delincuencia organizada con leyes anteriores. (Versiones íntegras de los tres documentos en http://www.grupotransicion.com.mx/sitev2/images/pdfs/LEY-DE-SEGURIDAD-NACIONAL.pdf.)
El tema central ha girado en torno a la intervención del ejército. La tesis formalista señala que el ejército viola la Constitución al participar en tareas de seguridad pública; sin embargo, la fracción VI del 89 Constitucional señala la posibilidad de las fuerzas armadas en temas de seguridad interior. Asimismo, la vigente Ley de Seguridad Nacional establece (artículo 3) los criterios de afectan a la seguridad nacional, entre los que se encuentran las acciones del crimen organizado que ponen en riesgo “la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano”.
A punto de terminar el sexenio, luego de batallas durísimas contra los cárteles de la droga y de acciones militares que contuvieron y expulsaron a bandas que se había apoderado de pedazos territoriales de la república, en instancias jurídicas quieren hacer pagar al ejército los platos rotos, si no es que toda la vajilla completa. Pero el problema real no radica en si podía o no el ejército entrar a combatir a bandas que ya habían rebasado a las policías y había tomado control de territorios nacionales, sino en el hecho de que la clase política se negó a debatir el nuevo escenario de seguridad nacional de México.
El tema conflictivo fue el de la definición de la seguridad interior:
1.- La Ley vigente de Seguridad Nacional no contempla el concepto de seguridad interior que sí existe en la Constitución, pero es muy clara en enfocar el asunto de la seguridad nacional: “las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano”; los objetivos son: “la protección de la nación mexicana frente a las amenazas y los riesgos”, la preservación de law soberanía (…) y la defensa del territorio, el mantenimiento del orden constitucional y, entre otras, la preservación de la democracia “fundada en el desarrollo económico, social y político”.
2.- La iniciativa del presidente Calderón estableció: “seguridad interior (es) la condición en que la estabilidad interna y permanencia del Estado mexicano se encuentran garantizadas a través de la aplicación coordinada de sus recursos y medios”.
3.- El Senado le hizo una reforma al concepto y aportó el propio: “seguridad interior (es) la condición de estabilidad interna, paz y orden público, que permite a la población su constante mejoramiento y desarrollo económico, social y cultural; y cuya garantía es una función que está a cargo de los tres poderes de gobierno”.
4.- Y la Cámara de Diputados reformó la minuta del Senado y la dejó así: “seguridad interior (es) la condición de estabilidad interna y permanencia del Estado mexicano, que permite a la población su constante mejoramiento y desarrollo económico, social y cultural; y cuya garantía es una función que está a cargo de los tres órdenes de gobierno, con la concurrencia de los sectores social y privado”.
Si la utilización del ejército está contemplada en la Constitución en asuntos de seguridad interior y de seguridad nacional relacionada con la soberanía amenazada por el crimen organizado transnacional, la reforma de la ley de seguridad nacional le hubiera otorgado a esa decisión una mayor certeza jurídica. Pero a lo largo de más de tres años los legisladores de las dos cámaras carecieron de sensibilidad –para decir lo menos– para desahogar una de las reformas más importantes que tenía que ver con el Estado nacional.
El otro punto conflictivo fue la falta de decisión de los gobernadores y presidentes municipales para asumir su responsabilidad en el aumento de la delincuencia y de la violencia de las bandas criminales. Y a ello se agrega el hecho de que las policías estatales y municipales quedaron en el aire en cuanto a definición de responsabilidades y su condición precaria las condujo a los brazos de la corrupción promovida por los cárteles de la droga.
El fracaso en el rediseño de las policías estatales y municipales ha conducido a la imposibilidad de retirar de inmediato al ejército de las calles por la falta de policías por la incapacidad de las policías estatales y municipales. El candidato presidencial ganador Enrique Peña Nieto anunció la creación de una gendarmería como instancia intermedia entre el ejército y la policía y con labores de lucha contra el crimen organizado, pero su organización tardaría varios meses.
De todos modos, la reforma a la ley de seguridad nacional debería ser la prioridad del próximo gobierno para lograr la certeza en acciones contra la inestabilidad provocada por la acción creciente del crimen organizado y sobre todo para corresponsabilizar a los tres niveles de gobierno en tareas de combate a la inseguridad.
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