Carlos Ramírez/ Indicador Político

+ Los mensajes detrás del 1-D
+ Movilizaciones antisistémicas
México, DF. 10 de diciembre de 2012 (Quadratín).-Del lado de los policías, los enfrentamientos callejeros el pasado 1 de diciembre mostraron que las fuerzas federales y capitalinas de seguridad no habían leído sus propios manuales y protocolos para el uso de la fuerza.
Si el Estado tiene el mandato para mantener la paz pública aún con el uso de la fuerza y resguardar las instituciones, también ha sido dotado de reglas para ejercer la fuerza ante manifestaciones ofensivas que atacan los puestos policiales. En abril del 2012 se publicaron en el Diario Oficial los lineamientos generales para el uso de la fuerza policiaca federal y en de 2010 el gobierno del DF hizo lo suyo para la policía capitalina.
En los acontecimientos del 1-D esos lineamientos y reglamentos fueron letra muerta. Los policías, al igual que los jóvenes que manifestaron en todos los grados de la protesta, se salieron de la racionalidad de los acontecimientos: al grado de provocación de violencia de grupos de jóvenes que llegaron con la intención de romper la estabilidad ocurrió también el grado de impreparación de los policías para resistir las provocaciones.
Así, las imágenes de jóvenes lanzando bombas molotov y piedras con la intención nada sana de herir a los policías se complementan con las imágenes de policías correteando a estudiantes y sometiéndolos a golpes de macana o patadas cuando ya estaban inmovilizados. En ambos casos, la adrenalina le ganó a la pasión y al entrenamiento.
Los protocolos para el uso de la fuerza, que han derivado de los diseñados por la Organización de las Naciones Unidas, son muy claros en exigir que las fuerzas de seguridad que se destinan a atender la inestabilidad masiva en las calles tengan un entrenamiento para el autocontrol de desánimos. Existen cuando menos cinco fases en el enfrentamiento de movilizaciones callejeras: la imagen de autoridad, las advertencias con base a formatos precisos, las negociaciones con líderes, el ejercicio de la fuerza en la contención de choque y la persecución de agresores.
Nada de estos procedimientos se observó el 1-D, a pesar de que la Policía Federal en 1999 se formó con el batallón antimotines del ejército y el manual antimotines que redactaron justamente para evitar el choque físico entre manifestantes y fuerzas de seguridad. A la irracionalidad de algunos jóvenes con conductas de violencia criminal correspondieron las respuestas de algunos policías con agresiones verbales que acompañaron a las físicas: policías persiguiendo a manifestantes para darles toletazos.
En toda fuerza de seguridad policial debiera haber cuando menos cuatro grupos perfectamente establecidos: el de negociación para evitar el choque o cuando menos abrir un compás de distensión, el de contención para ejercer la fuerza pero después de las negociaciones y siempre a la defensiva y nunca persiguiendo manifestantes, el de actividades ministeriales para recopilar pruebas de involucramiento de delitos a la hora de las averiguaciones previas y el de derechos humanos más para los policías que para los manifestantes.
El Estado no sólo tiene el derecho de ejercer la fuerza para mantener la estabilidad pública en situaciones de protestas masivas que suelen derivan en ventanas rotas sino también tiene la obligación de acotar el uso de la fuerza al espacio de conflicto. La diferencia entre seguridad pública y represión civil es una delgada línea roja que suele estar siempre fuera del control de quienes protestan y de quienes tienen que mantener la tranquilidad social.
El artículo 8 del acuerdo 04/2012 para definir los lineamientos para el uso de la fuerza de la Secretaría de Seguridad Pública Federal establece claramente los “principios” definitorios del ejercicio de la autoridad a través de policías federales: legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y oportunidad. La fracción b del 18 señala que los policías “reducirán al mínimo los daños y lesiones (y) asimismo respetarán y protegerán la vida humana”. La crisis de violencia social/institucional el 1-D reveló la falta de grupos ministeriales que evitaran que los policías realizaran arrestos sin cumplir con la acumulación de evidencias.
Para la policía del DF opera el reglamento que regula el uso de la fuerza, expedido por Marcelo Ebrard el 25b de noviembre de 2010. En su artículo 8 se establecen regulaciones que fueron violadas el 1-D: “señalar motivos de detención” y autoridad a la que se puso a disposición del detenido. Peor aún, el reglamento establece la capacitación de personal –artículo 12– en “solución pacífica de conflictos, comportamiento de multitudes”, técnicas y tácticas policiacas, “técnicas de detención, control, revisión, aseguramiento, conducción y presentación (de detenidos) ante autoridad competente”, “manejo de estrés”, “técnicas de negociación” y “psicología de masas”.
Al final, la crisis de seguridad del 1-D reveló la existencia de grupos antisistémicos violentos que no protestan contra decisiones públicas sino que –como en el fascismo argentino– salieron al grito de “rompan todo”. Pero también mostró la urgencia de que las fuerzas de seguridad en situaciones de motines, insurrecciones civiles o violencia masiva callejera tengan una mejor organización de grupos y un más adecuado entrenamiento para resistir las provocaciones y evitar los calentamientos propios de la adrenalina para repartir toletazos al por mayor.
El asunto es prioritario porque la crisis de gobernabilidad en las instituciones está comenzando a dirimir espacios políticos en las calles y los estados de ánimo tienden a polarizarse cuando las fuerzas de seguridad pública carecen de capacitación y entrenamiento para manejar disturbios de masas y su participación se reduce sólo al uso de la fuerza como mecanismo de disuasión de masas a las que la represión solamente provoca la detonación de más violencia.
Las policías deben prepararse para ver en la calle el espacio político-social que no encuentra soluciones en las instituciones.
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